Abogado de Fernando Albán pide exhumación del cadáver

Joel García, abogado del concejal fallecido Fernando Albán, ofreció una rueda de prensa junto a familiares y víctimas de la represión para dar detalles del estatus de la investigación que se lleva sobre la muerte del concejal ocurrida en instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la tarde del pasado 8 de octubre.

Denunció que según actas del expediente Fernando Albán no se suicidó, tal como declaró el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, sino que se trató de un homicidio.

Mencionó que entre los principales hallazgos se observa en el folio 155 el expediente que la fiscal inicialmente designada para la investigación ordenó el inicio de pesquisas por el delito de homicidio, igualmente resaltó las declaraciones de ocho  funcionaros del SEBIN que reposan en los folios 18, 22, 33, 20 y 28; donde aseguran que el concejal se encontraba esposado al momento de los acontecimientos.

Una serie de irregularidades, como que el cuerpo de Albán no calzaba zapatos, la inexistencia de fotografías del cuerpo en el lugar donde fue hallado el cadáver, así como la ausencia de fotografías y videos de la autopsia son otras de las dudas que rodean el caso y que hace presumir a familiares y abogados que no se trató de un suicidio.

Po tal razón García solicitó fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, inhibirse de la investigación, así como la exhumación del cadáver para la práctica de un examen forense a manos de expertos independientes. “Estamos en presencia de una muerte que deja muchas dudas y como familiares, víctimas y venezolanos seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la defensa, hasta tanto se esclarezca lo ocurrido”, sentenció Joel García.

Desde Justicia Encuentro y Perdón reiteramos nuestra exigencia de una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que permita conocer la realidad de lo ocurrido, todo esto en aras de la Justicia. Así como enfatizar que el Estado es responsable de la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad, por lo que debe protegerlas contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo o cualquier  métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona, para lo cual, entre otras, debe garantizar la debida custodia de los privados de libertad.

El concejal fue detenido el viernes 5 de octubre, a su llegada de Estados Unidos, por funcionarios del Sebin. Estuvo dos días incomunicado y finalmente el domingo 7 de octubre su familia y abogados tuvieron acceso al concejal. Estaban acusado de estar implicado en el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro, del 4 de agosto.

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