IMPUNIDAD | Los crímenes de mayo 2017 aún no obtienen castigo
El 28 de mayo de 2017 fue asesinado en Lechería, estado Anzoátegui, César David Pereira Villegas, de apenas 21 años de edad. Su muerte cerró un mes particularmente violento, terriblemente sangriento, cuando muchos jóvenes fueron abatidos por las fuerzas represoras del régimen de Nicolás Maduro, simplemente por ejercer su derecho constitucional a la protesta pacífica.
El 28 de mayo de 2017 fue asesinado en Lechería, estado Anzoátegui, César David Pereira Villegas, de apenas 20 años de edad. Su muerte cerró un mes particularmente violento, terriblemente sangriento, cuando muchos jóvenes fueron abatidos por las fuerzas represoras del régimen de Nicolás Maduro, simplemente por ejercer su derecho constitucional a la protesta pacífica.
Tras el dolor, la indignación y el luto que experimentaron las familias de estos venezolanos, les tocó enfrentar otro calvario: la búsqueda de justicia para sus seres queridos.
Y es que las dificultades para un acceso igualitario a la justicia por parte de víctimas directas e indirectas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, pone de manifiesto la debilidad del Poder Judicial y la legislación que rige la materia, profundizando el deterioro de los derechos civiles y políticos.
Víctimas y familiares de quienes han padecido los rigores de la brutal represión gubernamental siguen denunciando la falta de independencia de las instituciones que integran los poderes del Estado, lo cual, sostienen, configura un cuadro de vicios y maniobras orientados a asegurar la impunidad del régimen de Maduro y sus funcionarios por crímenes graves sobre la población venezolana, mediante argucias que terminan legitimando las violaciones a los derechos humanos y dejan en total indefensión a los afectados.
Pero cuando la justicia falla y la impunidad nos muestra sus fauces, la memoria se convierte en una trinchera infranqueable donde acudir para alzar la bandera contra la desmemoria inducida, contra la indolencia, contra la ineficacia, en fin, contra la injusticia.
En mayo de 2017 muchos venezolanos fueron asesinados en nuestras calles como parte de una arremetida previamente planeada y dirigida por las fuerzas de seguridad del Estado y otros órganos no facultados para controlar el orden público, según diversas fuentes. También se han denunciado crímenes cometidos por presuntos grupos de civiles armados que al parecer actuaron en colaboración con las fuerzas de orden público o con la aquiescencia de estos organismos.
La lista de víctimas es tan larga como el silencio oficial: Ángel Moreira, Carlos Aranguren, Armando Cañizales, Hecder Lugo, Miguel Medina Romero, Miguel Fernando Castillo, Luis José Alviárez, Diego Arellano, Yeison Mora, José Francisco Guerrero, Paúl René Moreno, Daniel Enrique Rodríguez, Augusto Pugas, Luigui Guerrero, Kluivert Roa, Alejandro Márquez, Adrián Duque, Miguel Bravo, Yorman Bervecia, Elvis Montilla, Manuel Sosa, Edy Terán…
De acuerdo con los datos procesados por Justicia, Encuentro y Perdón, durante las protestas cívicas de aquel mes ocurrieron crímenes que debido a las características de los ataques podrían representar graves violaciones a los derechos humanos, pudiendo calificarse estos hechos como crímenes de lesa humanidad.
Muchas personas fallecieron a causa de ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y lesiones por uso excesivo de la fuerza, parte de un patrón que se aplica de forma «sistemática y generalizada», como han denunciado defensores de derechos humanos.
También se ha insistido que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes forma parte de la política de represión del régimen que, además, se ha visto favorecida por la falta de actuación del Ministerio Público y de los tribunales de la República para procesar o impartir justicia en casos de violaciones a los derechos humanos, así como la no indemnización de las víctimas por parte del Estado venezolano.
Hoy, a dos años de tan lamentables hechos, víctimas y familiares continúan reclamando castigo para los responsables y culpables de las acciones criminales, pese al silencio cómplice, acusador, de los encargados de administrar e impartir justicia.
