ACTUALIDAD | Alta Comisionada de las Naciones Unidas presentó contundente informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela
Este jueves 4 de julio la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio a conocer el informe sobre la situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela, en el contexto de la grave crisis institucional que afecta a la nación.
El documento se hace público tras la documentación y entrevistas que sostuvo la oficina de Derechos Humanos de la ONU con 558 personas víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, exmilitares y oficiales de seguridad.
Entre las conclusiones del informe aparece que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. “Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial”, resalta el texto.
Más adelante se lee que “todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual”.
El informe también denuncia las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES , como parte de una política de control social, y se solicita una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición.
Finalmente se concluye que el Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones al acceso a la verdad, la justicia y la reparación, permitiendo así que la impunidad facilite la repetición de las violaciones de los derechos humanos, envalentone a los autores y excluya a las víctimas.
JEP 05/07/ 2019
