CRÓNICA | Memoria de un crimen que estremeció a los tachirenses

Aquel 19 de abril con su grito de libertad abatido por la represión

El 19 de abril de 2017, cuando el país conmemoraba 207 años de la Declaración de Independencia, un nuevo grito de libertad brotó de las gargantas desgarradas de la juventud venezolana clamante de democracia, justicia y paz. Tanto ‘ruido molesto’ despertó a los cancerberos del poder, que en artera maniobra cobraron a aquel grupo de jóvenes tachirenses la osadía de reclamar a la Defensoría del Pueblo su ineptitud en la “defensa y vigilancia de los derechos humanos y garantías establecidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales”, tal como rezan sus postulados.

Aquel miércoles, Paola Andreina Ramírez Gómez, una joven estudiante nacida el 26 de julio de 1993 y que recién había concluido los estudios en el área de administración, se congregó junto a su novio y un número importante de la sociedad civil en las inmediaciones de la plaza San Carlos de la capital tachirense.

Ella era la segunda de ocho hijos del matrimonio de Joaquín Ramírez y Darcy Gómez, era soltera y no tenía hijos. Vivía con la familia en una zona rural de Capacho Nuevo, municipio fronterizo del Táchira, hoy día víctima del paramilitarismo, apagones constantes, carencia de agua, fallas en los servicios de telecomunicaciones y la más intragable de todas las deficiencias: la indolencia institucional ante el reclamo ciudadano diario.

Azotada por tales calamidades y ante el sombrío panorama económico, Paola Ramírez viajó a San Cristóbal en busca de oportunidades, acompañada de su novio, última persona que la vio con vida antes de sucumbir atravesada de costado a costado por grupos de civiles armados que recorrían la ciudad en motocicletas, según testigos.                                                                                                        

A las amenazas de los motorizados se sumó el ataque de los equipos antimotines de la policía del Táchira, que aparecían inesperadamente por las esquinas lanzando gas para disuadir las pequeñas concentraciones de manifestantes que se formaban en calles y avenidas

DERECHOS AL GARETE

Pese a que Iván Alexis Pernía fue presentado por los organismos de investigación como el presunto asesino de Paola Ramírez, sus familiares desestiman esta versión y afirman que hasta el sol de hoy no se ha hecho justicia.

 “No tenemos credibilidad en el sistema de justicia ni en las autoridades que dicen cualquier cosa. Que se haga justicia pero con los verdaderos culpables. Antes de morir ella nos dijo por teléfono: `están disparando los colectivos´. Me cuesta creer  que desde un edifico le hayan disparado”, sostiene su madre Darcy Gómez, en un esfuerzo por reconstruir los hechos fatales que la apartaron de su hija.

Recordemos que en aquella oportunidad el Ministerio Público  comisionó a los fiscales Tercero y Cuarto auxiliares del estado Táchira, Laura Moncada y Virgilio Molina, respectivamente, para investigar la muerte de la joven.                                                                   

Los fiscales del caso coordinaron las actuaciones que llevaron a cabo los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, conjuntamente con la Unidad de Asesoría Técnico Científica del Ministerio Público en esa entidad andina, a objeto de determinar las responsabilidades correspondientes que no son aceptadas por los familiares de la víctima.

ADIÓS CON TEMBLOR DE IMPUNIDAD

Posterior al crimen, vecinos de Capacho cerraron la vía principal que conduce a la frontera para protestar en contra del asesinato de Paola Andreina. Se sirvieron de escombros, cauchos y otros objetos para obstaculizar la vía.                                               

 La reacción de la Guardia Nacional y la policía regional fue dispersar la manifestación utilizando gas lacrimógeno y otras prácticas de contención. Cuando se efectuó el entierro de Paola Ramírez en la población de Capacho Nuevo, familiares, allegados y vecinos  se fundieron en un adiós con llanto e impotencia, temerosos de que la justicia no cumpliera su cometido. Lamentablemente el tiempo terminó de confirmar sus sospechas.

El asesinato de esta joven tachirense fue documentado por un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos, considerando que podía constituir un crimen de lesa humanidad, al igual que otros tantos asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas pacíficas.

Aquel 19 de abril de 2017, mientras en Táchira caía asesinada Paola Andreina Ramírez Gómez, otro joven de nombre Carlos José Moreno fue impactado de bala en la cabeza, durante una movilización en plaza La Estrella, en San Bernardino, Caracas. La crónica sobre este último caso está disponible en el siguiente enlace: https://www.jepvenezuela.com/cronica-carlos-moreno-un-ejemplo-de-superacion-forzado-a-precipitar-su-vuelo/