Impunidad absoluta tras asesinatos del 2019 violenta Estado de derecho

A un año de las manifestaciones que sacudieron el país al inicio del 2019 y arrojaron la cifra de 50 asesinatos, cientos de personas heridas, detenciones arbitrarias, además de personas torturadas y maltratadas, las víctimas y sus familiares aún esperan que se imparta justicia.

Los venezolanos recuerdan con estupor las imágenes que circularon a través de diversos medios de comunicación donde figuraban fuerzas de seguridad o grupos armados pro gobierno que actuaron con la aquiescencia de las mismas, atacando personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas humildes, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas

Este mes cuando repasamos el saldo de tan lamentables hechos observamos que los crímenes de derecho internacional y violaciones a los derechos humanos permanecen en absoluta impunidad, pese a las incontables diligencias hechas por víctimas y familiares, ante los tribunales de la República, contactos con funcionarios, abogados y hasta organismos internacionales.

Con respecto a los asesinatos cometidos en enero de 2019, el 100% de las denuncias por violaciones de los derechos humanos de jóvenes manifestantes contra el régimen de Nicolás Maduro han quedado sin investigar o no llegan a ser juzgadas, según las estadísticas que maneja Justicia, Encuentro y Perdón.

La señora Julieta Ovalles, madre de Luigui Guerrero, estudiante asesinado en el estado Táchira, señaló recientemente que el caso de su hijo se encuentra totalmente paralizado, una vez que denunció que funcionarios de la fiscalía asignada, de la policía judicial y del centro médico donde brindaron las primeras atenciones al joven universitario han actuado en complicidad, manipulando datos, ocultado información o imponiendo trabas a las investigaciones. “Al día siguiente del asesinato de mi hijo, el CICPC se llevó los videos de los comercios aledaños al sitio donde lo hirieron, no han querido realizar las experticias, es más ni siquiera aparece el informe médico definitivo del hospital donde llevaron a Luigui. Por otra parte, el informe del forense es incompleto y contradictorio, no reporta las escoriaciones y traumatismos que tenía el cuerpo, las muestras de tortura y hasta extraños orificios que testigos aseguran fueron propinados una vez que mi hijo arribó al hospital y fue aislado por funcionarios policiales que estaban en el sitio”.

Para esta angustiada madre, la justicia venezolana es ineficiente e indolente con las familias de los jóvenes asesinados hace un año. Aunque sus expectativas de justicia son mínimas, no piensa claudicar y dejar en el olvido la muerte de su hijo. “La impunidad que existe deja ver que es un patrón común de las autoridades, para que no se investiguen los crímenes y así sus funcionarios homicidas puedan actuar a sus anchas, asesinando venezolanos sin temor a ser juzgados o recibir algún tipo de represalia”
Cerrando el año 2019, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos mostró su preocupación por los niveles de represión contra manifestantes pacíficos, las detenciones arbitrarias, la actuación violenta de grupos irregulares armados, las torturas, las persecuciones contra la disidencia política y las crecientes denuncias de impunidad, resaltando que han seguido documentando “alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales”.

En la misma declaración se hace un llamado a “conocer el número total de denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas ante el Ministerio Público, incluyendo por supuestas ejecuciones extrajudiciales, para poder evaluar el impacto de la labor del Ministerio Público en esta materia”.

A juzgar por las quejas y las denuncias referidas arriba, los familiares y las víctimas de violaciones a los derechos humanos ya deben haber tomado suficiente nota sobre la evaluación de las autoridades encargadas de administrar justicia en Venezuela, resultados no tan difíciles de pronosticar dado los escandalosos índices de impunidad que alcanzan la vergonzosa cifra del 100% de los crímenes cometidos a principios del 2019.