CRÓNICA | Derechos al revés

Está a punto de finalizar 2019 y en el ámbito de los derechos humanos nos gustaría ofrecer noticias alentadoras que nos brinden una bocanada de esperanza frente al oscuro panorama que atraviesa la población venezolana violentada en sus derechos fundamentales.

Para nadie es un secreto que nuestro país atraviesa una de las crisis sociales, económicas y políticas más agudas de su historia, determinada por múltiples causas como el autoritarismo, el quebrantamiento del orden  institucional, la corrupción, el auge del crimen organizado con la connivencia de mafias políticas, entre otros, que han incidido en la fragmentación social y la vulneración de los derechos humanos.

Afrontar la crisis

El saldo de las manifestaciones ocurridas en los últimos cinco años han afectado sensiblemente a la población, generando múltiples consecuencias en el ánimo personal y colectivo; más de 300 asesinatos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, centenares de heridos, lisiados, migración forzada, hogares fragmentados, etc. El duelo de las familias venezolanas, la tristeza agobiante y el deterioro en la calidad de vida son consecuencias directas de estos crímenes.

En 2019 nuevas víctimas se sumaron a antiguos dolores para coronar el impresentable expediente de la política represiva del régimen venezolano; los dejaron sembrados en el camino testigo de la rabia oprimida que recorre el país. El llanto de los deudos, con su gota a gota, no ha terciado en su llovizna amorosa y parece dispuesto a seguir regando el camino estrecho hacia la justicia, en medio de la más abyecta impunidad.

Bajo la lupa internacional

“El gobierno de Maduro debe tomar medidas inmediatas para detener las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se siguen cometiendo en el país. Por otro lado, reiteramos nuestra recomendación que se establezca sin demora una Comisión de Investigación bajo la supervisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de investigar imparcialmente las graves violaciones de derechos humanos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad”.                                      Este punto del informe presentado y luego actualizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, entre julio y septiembre de este año, es el corolario de la situación denunciada insistentemente por Justicia, Encuentro y Perdón desde su fundación, conscientes de la urgencia de adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.

La dura condición tras una detención

Quienes sobrevivieron a la insania autoritaria del régimen enfrentan la dura condición de ser presos políticos en un país donde el debido proceso judicial y otras garantías democráticas también yacen confinados tras los temibles barrotes de las prisiones venezolanas.

Los abusos, tratos crueles y torturas contra la población carcelaria han sido denunciados suficientemente por abogados y familiares que ya no saben a quién dirigirse.     

La justicia ciega, sorda y muda

La falta de independencia y la corrupción en el poder judicial son también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación. Las demoras indebidas en las actuaciones judiciales, las trabas para traslados a tribunales y la elevada rotación de fiscales y jueces añaden más sufrimiento a quienes buscan a tientas justicia en medio de la impunidad. 

2019 ha sido un año duro para la población venezolana; deseamos que el próximo año traiga las buenas noticias que no pudimos brindarles en esta oportunidad.

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