Persistir en la memoria colectiva para obtener justicia, alcanzar la libertad y garantizar la no repetición de los crímenes
Pese a los miles de obstáculos que encuentran en su camino y al extraño silencio de los medios de comunicación, los familiares de funcionarios militares y policiales detenidos arbitrariamente no cesan las acciones por obtener justicia y garantizar la libertad plena de los encarcelados.
En estos seis últimos años los venezolanos hemos oído hablar con insistencia de la recuperación y/o reconstrucción de nuestra memoria histórica, para no olvidar a las víctimas directas e indirectas de la represión del régimen de Nicolás Maduro, cuyo lamentable saldo arroja centenares de asesinatos, miles de heridos y decenas de presos políticos civiles y militares.
En paralelo hemos visto la profusión de demandas, críticas y condenas de la ciudadanía a las actuaciones del Estado venezolano, en alusión al comportamiento del sistema de administración de justicia, cuya actitud errática y miserable sirve para arrojar más oscuridad sobre el asunto.
Exigen mejores condiciones de reclusión
No se trata de reivindicaciones nostálgicas o privadas de familiares y protagonistas de la represión. Al igual que sucede con los presos políticos civiles, los parientes de los presos políticos militares han denunciado las condiciones críticas que atraviesan, así como las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidos en cárceles como el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde o la Dirección de Contrainteligencia Militar, ubicada en Boleíta.
Las historias de tortura y terror al interior de estas cárceles se focalizan en espacios como el Cuarto de los locos, el Cuarto de la tortura blanca o la Casa de los sueños, entre cuyas paredes suceden abominables pesadillas que no hacen honor a su nombre, de acuerdo con las denuncias de parientes de los presos políticos militares.
En el firme testimonio de los denunciantes habita la intención de que la población se entere de estos hechos repudiables, a fin de coadyuvar a la construcción colectiva de la memoria histórica y de su instrumentalización para fortalecer nuestra maltrecha democracia, como elemento de lucha contra la impunidad existente, como arma para la defensa de los derechos humanos y como elemento ideológico de reconstrucción del tejido social.
“Queremos que mejoren las condiciones en que se encuentran, que puedan comunicarse con sus familiares durante la semana, y que también puedan ver la luz del sol y sentir la ventilación. Que les garanticen a todos la posibilidad de ir al baño para sus necesidades fisiológicas y ducharse. Es un desgaste psicológico contra ellos, pero que también nos impacta a las familias. Si tienen que esperar juicio, que sea en buenas condiciones”, declaró recientemente Keyla Flores, esposa del teniente coronel de la Aviación Ruperto Molina.
No es mucho lo que piden las familias, ni tan difícil de digerir para un alma sensata; los allegados de los militares exigen que los trasladen a un centro penitenciario apto, donde cuenten con mejores condiciones de reclusión.
“Mi esposo padece dolencia en la columna y ha empeorado debido a las condiciones de reclusión. El dolor es tan intenso para sentarse y levantarse, que no sabe si mantenerse más tiempo sentado, acostado o de pie. La falta de atención médica hace que ellos se debiliten, que se desgasten», enfatizó.
Maltrato, acoso y denigración se extienden a los familiares
Durante el horario de visitas, las familias son sometidas a diversos vejámenes. En algunos casos, pierden más de media hora a la espera en la intemperie en los alrededores de las prisiones; luego son requisados en sitios estrechos sin ventilación eficiente, sin importar la presencia de niños.
Para Esther Gómez, pareja del teniente de la GNB Rafael Villafranca, las visitas son complicadas por el tema de las requisas. “Nos quitan la ropa totalmente, nos mandan a agachar. Algunas veces la custodia nos ve con cara de deseo, son bastante asquerosas al momento de vernos totalmente desnudas”, relató.
Otra denuncia que ha trascendido a la opinión pública es la tortura psicológica contra la familia de María Gabriela de Mejías, esposa del coronel Johnny Mejías Laya, quien fue detenido el 30 de enero de 2019.
“Es una situación extremadamente dura la que estamos enfrentando; a mi casa y al negocio han ido en cuatro oportunidades a allanarme y hacerme inventario. La última vez no estaba en casa y mi hija, de 12 años, me llamó llorando encerrada en el closet”, recordó.
Agregó que motivado a esta situación y a las torturas sufridas, su esposo atentó contra su vida en dos oportunidades, pero afortunadamente hoy se encuentra resistiendo en pie de lucha.
Por su parte Sara de la Sotta, madre del capitán de navío Luis de la Sotta, es otra de las voces valientes que han denunciado las condiciones infrahumanas en que se encuentran los presos políticos militares. “Mi hijo padece de hipertensión. Lo que le suceda será responsabilidad del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y del director de la Dgcim, general Iván Hernández Dala. Hay muchos enfermos, personas con gripe, fiebre, sarna y sin agua”, recalcó.
La búsqueda de justicia dentro y fuera del país
El trato cruel a los detenidos, la violación al debido proceso judicial, así como los vejámenes y la persecución a los familiares han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En manos de funcionarios de estas instituciones reposan las denuncias y reclamos para que verifique el estado de los militares detenidos en la Dgcim, el Sebin y la cárcel militar de Ramo Verde.
Para Lilia Camejo, abogada, defensor a de derechos humanos y directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, “los militares son los más torturados, los más vejados e irónicamente los más olvidados. En muchos casos los jueces han dejado de despachar hace más de un año, por lo que no se ha ordenado el pase juicio. Es una especie de limbo judicial, donde hay negligencia y falta de diligencia de la Corte Marcial Militar”.
Recordar para restaurar la dignidad de un país
Los valientes testimonios de las familias que prestan su memoria para relatar y denunciar los sufrimientos vividos por los presos políticos militares, reflejan su capacidad de resistencia y superación meridiana de momentos traumáticos, en este caso conectado a la dureza de la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Este acto de resiliencia ciudadana permite la consolidación de una emoción colectiva, una herramienta simbólica de reconstrucción de los hechos del pasado reciente a través de una mirada del presente, que tiene un papel esencial en la configuración de identidades democráticas que nos impulsan a seguir apostando por una Venezuela de justicia y libertad.
Con información de El Nacional.com
