Boletín #34 – La Lucha #ContraLaImpunidadYElOlvido

Editorial 

En medio de la peor crisis económica, social, política y de derechos humanos en nuestro país, las medidas tomadas por el régimen de Nicolás Maduro, pudieran considerarse una suerte de ensayo de mayor control; una economía profundamente deprimida, entre otras causas por la gran corrupción, y la desatención de las obligaciones del Estado de garantizar a el acceso a alimentos, medicinas y servicios públicos a la población venezolana.

Ante ello la expresión ciudadana que clama por asistencia, encuentra en respuesta el incremento de la persecución política, el encarcelamiento de periodistas, médicos, trabajadores y estudiantes; un patrón de represión que no sigue un patrón de víctimas pues todos quienes exijan sus derechos son potenciales enemigos del poder; se condena y amenaza a las voces que advierten sobre los fatídicos desenlaces que puede generar la indebida atención a la emergencia humanitaria compleja que afronta el país. Se insiste en la censura y la represión como forma de atender las denuncias y reclamaciones ciudadanas.

El resultado es multiplicación alarmante de víctimas de torturas y ejecuciones extrajudiciales por cuerpos de seguridad del Estado, denunciadas incluso en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Así, en materia de derechos humanos, el retroceso de Venezuela en los últimos años ha sido sustancial, la impunidad dominante y la politización de la justicia han sido factores determinantes.

Sin duda, el incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad, no en vano según cifras propias el 97% de los casos de violaciones de derechos humanos que atiende la organización se encuentran en total impunidad. Por otra parte, la sola existencia de presos políticos y la aplicación de mecanismos sistemáticos de tortura que no son investigados ni sancionados, son señales inequívocas de que la administración de justicia no está cumpliendo sus cometidos, por lo que podemos afirmar que la crisis de derechos humanos que atraviesa el país tiene razones estructurales que se han ido desarrollando y profundizando. El uso de la justicia como una herramienta de venganza política, la persecución y la discriminación hacen parte en el todo.

Lógicamente ello incide en la disposición de las víctimas de insistir en la reclamación de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, por tanto en muchos casos existe frustración ante la falta de respuesta a sus demandas y la obstaculización de los procesos, aunado a la persecución de la que algunos son víctimas directas. Ante ello solo queda el compromiso de las organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras de continuar el permanente monitoreo, denuncia y documentación de estos casos lo cual resulta ser la única posibilidad de alcanzar tales resultados.

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