INFORME | Justicia, Encuentro y Perdón revela alcances de la política de represión y persecución en Venezuela

En medio de la convulsión social que atraviesa la nación, el régimen de facto de Nicolás Maduro ha recurrido a la represión para silenciar las expresiones de la ciudadanía que muestran descontento a las políticas implementadas o, simplemente, a la inacción del gobierno, denuncia el informe  “Venezuela: política de represión y persecución” publicado este jueves 26 de noviembre por Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

El documento resalta que dicha represión se sustenta en un aparataje estatal que aborda el sistema de administración de justicia, penitenciario, de seguridad ciudadana, entre otros aspectos, al tiempo que describe las diferentes aristas que han dado origen a la represión de la ciudadanía en el país por parte del Ejecutivo.

En este sentido, el informe que acaba de ser publicado esta misma tarde pone el resaltador sobre la política del uso excesivo de la fuerza en el control de manifestaciones, el patrón de represión amparado en ordenanzas, el sistema de justicia como brazo de persecución política, el alcance de la impunidad, la situación de los presos políticos en medio del debilitamiento institucional,  la sistemática violación a la libertad y el debido proceso y ofrece cifras preocupantes sobre los niveles de persecución a la disidencia en nuestro país.

Las evidencias analíticas y testimoniales recabadas y plasmadas en este informe revelan la regresión de los derechos civiles y económicos de las víctimas, especialmente de quienes murieron en protestas y ejecuciones extrajudiciales, así como las personas detenidas por razones políticas quienes se encuentran en total estado de indefensión y desprotección ante la indolencia de las instituciones del Estado.

Datos propios de la organización señalan que de las 331 muertes que se contabilizan como consecuencia de un patrón de represión implementado entre el 2014 y la actualidad, 241 de esos casos se mantienen en fase de investigación, lo que demuestra que la regresión de derechos que sufren las víctimas no sólo se constituye en el asesinato o detención arbitraria, como hecho en sí, sino también en la posteridad del hecho que está cubierto por la impunidad, cuya promoción y profundización proviene de las instituciones del sistema de justicia en el país.

Sobre los presos políticos, el texto da cuenta que de los 333 detenidos al día de hoy, al menos el 36% reporta haber sido víctima de torturas físicas y psicológicas, mientras un 39% denuncia tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso violencia sexual, ya sea para obtener confesiones o como castigo.

A continuación el informe completo:

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