Justicia, Encuentro y Perdón se pronuncia ante ataque contra Azul Positivo

«El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.”

Desde Justicia Encuentro y Perdón, denunciamos el continuo asedio, persecución y criminalización de las organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela, en esta oportunidad en contra de Azul Positivo, organización que desde sus inicios ha realizado labores humanitarias en diferentes comunidades del Estado Zulia, promoviendo la educación sexual y reproductiva, que además promueve la prevención de enfermedades de transmisión sexual y ofrece servicios gratuitos de atención médica a personas de escasos recursos.

Desde el día de ayer 12 de enero de 2021 fue allanada su sede y detenidos seis de sus trabajadores, siendo puesto en libertad uno de ellos, sin embargo el resto permanecen detenidos e incomunicados, sin acceso a sus abogados defensores.

Ante esta situación exigimos el respeto pleno a sus derechos humanos, su liberación inmediata y garantizar su integridad física y mental, así como preservar los insumos y suministros con los que trabaja la organización, los cuales son necesarios atender a personas cuyas vidas y salud están comprometidas.

Insistimos en que quienes dictan las órdenes para efectuar este tipo de procedimientos arbitrarios, son directamente responsables de violaciones a los derechos humanos y por tanto es obligatorio que se inicien los procedimientos legales para condenarlos.

Hacemos un llamado urgente para que los órganos que integran el sistema internacional humanitario intervengan de inmediato a favor del personal de Azul Positivo, tanto como rechazar de forma categórica estas acciones de hostigamiento y criminalización de las labores de asistencia humanitaria, pues lo aquí narrado se constituye en una nueva y gravísima violación a los derechos humanos en contra de quienes a diario realizan inmensurables esfuerzos para minimizar las consecuencias del abandono del poder político de garantizar los derechos humanos de la población venezolana, es también una nueva evidencia del patrón de persecución por parte del gobierno de facto en Venezuela en contra de todos quienes intentan transitar hacia los cambios necesarios y urgentes a favor de los venezolanos y, supone negar la posibilidad de que cientos de personas seas asistidas desde organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, muy especialmente quienes más duramente padecen los impactos de la emergencia humanitaria compleja en el que se encuentra sumida nuestro país.

Desde JEP exigimos el cese de tales ataques, al tiempo de demandar el inicio de las investigaciones necesarias para condenar a quienes han cometido tan graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Finalmente, hacemos un llamado a todas las instancias internacionales de protección de derechos humanos para que ejerzan las acciones necesarias para detener semejantes violaciones a los derechos fundamentales.