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2021: ¿Un año nefasto para los derechos humanos en Venezuela?
Apenas han transcurrido 15 días del nuevo año y con estupor hemos asistido como espectadores a las reprochables maniobras autoritarias desplegadas por el régimen venezolano contra las libertades civiles y políticas. Estos ataques que parecen prefigurar la hoja de ruta del autoritarismo en 2021 y presionan para el cierre del espacio cívico en Venezuela, han alarmado y merecido el repudio de los venezolanos y de la comunidad internacional.
En apenas dos semanas, distintas organizaciones y activistas de derechos humanos han denunciado que los patrones de represión y persecución política se incrementaron significativamente, por lo que los pronósticos para los próximos días no son alentadores.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales que transgreden las garantías judiciales del debido proceso, denuncias de excesos policiales, hostigamiento contra periodistas, cierre de medios de comunicación y un sospechoso ensañamiento contra ONG defensoras de derechos humanos revelan un preocupante incremento en los niveles de represión, y no se descarta que la situación empeore en medio de una realidad donde el régimen tiene postrados a sus pies todos los poderes del Estado, tras la polémica retoma del Parlamento a inicios de mes, hecho que acrecienta los temores ante una eventual “legitimación de la arbitrariedad” por vía legislativa.
En este contexto, el país se estremeció tempranamente el viernes 8 de enero, tras la acción armada de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que dejó la escalofriante cifra de 23 muertos, durante un operativo envolvente “contra la delincuencia” en la parroquia La Vega, Caracas.
Sobre esta incursión donde también cayeron abatidas personas inocentes, según denuncias de familiares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rarificó su recomendación de disolver dicho cuerpo de seguridad -en sintonía con otras instancias nacionales e internacionales que han hecho la misma solicitud-, exigió investigar con debida diligencia estas muertes y sancionar a quienes resulten responsables.
Respecto al tema de la libertad de expresión y de prensa, el régimen decidió ampliar y ejercer su facultad para regular los medios de comunicación de forma abusiva, esto con el propósito de administrar el flujo de información que pudiera afectar su imagen o acallar a las voces disidentes. En paralelo, el aparataje de los medios controlados por el gobierno es utilizado para legitimar los abusos, además de desprestigiar, criminalizar y estigmatizar a la disidencia.
Tras la confiscación de equipos y desmantelamiento del canal digital VPI Tv el pasado 8 de enero, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó que en Venezuela continúen las restricciones a la libertad de expresión, así como los ataques a los defensores de los DDHH y periodistas. Esa misma semana el régimen también acusó a los medios Efecto Cocuyo, Caraota Digital, El Pitazo y a Radio Fe y Alegría, de ser «mercenarios del periodismo» y recibir “financiamiento del extranjero para derrocar al gobierno”.
En los últimos 15 días VPI tv, Tal Cual, Efecto Cocuyo, Panorama (Zulia), La Prensa (Lara), Últimas Hora (Portuguesa) y la red de emisoras Fe y Alegría figuran entre los medios que han sufrido hostigamientos verbales, restricción administrativa, censura, intimidación, hostigamiento judicial y hasta agresión, de acuerdo con reportes de la prensa nacional.
La segunda semana de enero, el régimen se concentró en atacar a las organizaciones humanitarias que hacen vida en nuestro país. La ofensiva autoritaria fue orientada a generar un clima hostil que limita la capacidad de estas instituciones de defender los derechos humanos, agravando así la situación de vulnerabilidad que padece la población al ver limitada la asistencia frente a los embates de la Emergencia Humanitaria Compleja.
Acusaciones infundadas de que los activistas y organizaciones defensoras de derechos atentan contra la democracia venezolana o señalamientos alegres que buscan restringir el financiamiento internacional de las ONG, han estado a la orden del día en el discurso intimidatorio de quienes ejercen el poder.
Los recientes ataques contra la ONG Provea, así como la detención arbitraria y ‘juicio exprés’ de los trabajadores humanitarios de la organización zuliana Azul Positivo, son interpretados como actos de represalia a las denuncias sobre las gravísimas y aberrantes violaciones de DDHH a las que son sometidos los venezolanos.
Ante esta situación, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), en comunicado emitido este 13 de enero, rechazó las amenazas, acoso y persecución contra los defensores de derechos humanos y pidió medidas de protección para quienes ejercen esta loable labor
“Desde JEP exigimos el cese de tales ataques, al tiempo de demandar el inicio de las investigaciones necesarias para condenar a quienes han cometido tan graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Finalmente, hacemos un llamado a todas las instancias internacionales de protección de derechos humanos para que ejerzan las acciones necesarias para detener semejantes violaciones a los derechos fundamentales”.