En el Día de la Mujer, las venezolanas exigen justicia y plenos derechos ¡sin “maquillaje”!
En las últimas semanas la población ha visto con preocupación y angustia los graves episodios de violencia que sufre la mujer venezolana en las calles de Caracas y el interior del país. Salvo escasas declaraciones de uno que otro funcionario apresurado a bajar el volumen mediático a la situación, pareciera que faltan ideas, iniciativas concretas, acciones contundentes para incidir en las políticas públicas que permitan garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía activa de las mujeres venezolanas.
El alza de casos de femicidios documentados este año (al menos 50 fallecimientos en los dos primeros meses de 2021) subrayan la urgencia de salvaguardar la vida de las mujeres víctimas de violencia, pero también alertan sobre la ausencia de políticas de prevención, atención, protección y justicia en Venezuela que trasciendan, por ejemplo, los vacíos de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normativa que carece de un reglamento y procedimientos que la rijan.
Otros tópicos vinculados con la vulneración de los derechos humanos de las mujeres tienen que ver con el deterioro de su calidad de vida, la dependencia económica, las limitaciones a la participación política y ciudadana y, fundamentalmente, las dificultades en el acceso a la justicia. A esto habría que añadir que las mujeres venezolanas son doblemente vulnerables, sumada la Emergencia Humanitaria Compleja que nos afecta desde hace un lustro.
El artículo 21 de la Constitución Nacional señala que “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables (…)”
Sin embargo, en la realidad concreta la situación actual de dificultades en el acceso a la justicia para las mujeres demuestra que este tema sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado venezolano.
En Justicia, Encuentro y Perdón conocemos de cerca los testimonios de madres, hermanas, tías, sobrinas, abuelas, nietas y primas, todas familiares de víctimas mortales de la represión, quienes nos han relatado el calvario sufrido tras la búsqueda de justicia y reparación integral frente a los crímenes del autoritarismo. Recordemos que entre 2014 y 2020 la represión a las manifestaciones y la violencia política generalizada arrojó un total de 330 víctimas fatales (34 de ellas mujeres, jóvenes profesionales, estudiantes y amas de casa que no alcanzaban los 45 años de edad) con un saldo de impunidad ubicado en 97%, sin embargo este acto bochornoso del sistema judicial no detiene la lucha constante y perseverante del intrépido corazón femenino, aunque constituya un grave problema de derechos humanos que tiene repercusiones negativas para su entorno personal, familiar y comunitario, porque representa un impedimento al reconocimiento y goce de los derechos civiles, el respeto a la vida, la integridad física, psíquica y moral.
Así que este 8 de marzo saludamos y reconocemos el esfuerzo y la lucha de las mujeres venezolanas por la restauración de los principios democráticos, y rendimos un merecido tributo a la memoria de quienes ofrendaron su vida por un país preñado de futuro y justicia. En las cárceles venezolanas esperan por su libertad sin condiciones 320 presos políticos, 16 de ellos mujeres, que han enfrentado duras condiciones de reclusión y violación a las garantías del debido proceso. Es el acceso a la justicia un derecho insoslayable que representa un indicador de ciudadanía efectiva, un bien público del que debe gozar todo ser humano sin discriminación para obtener una respuesta judicial efectiva, con recursos idóneos e imparciales para investigar, sancionar y reparar todos los actos de violencia que padecen las mujeres en nuestro país.
8/3/2021
