Boletín # 42 | Denuncian criminalización de la lucha por los DDHH en Venezuela

EDITORIAL

El 30 de marzo de 2021 fue publicada en Gaceta Oficial No. 42.098, la Providencia Administrativa No. 001- 2021 en la que se crea el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, normativa que constituye un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano.

El rechazo fue inmediato, categórico y conjunto; alrededor de 700 organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos se pronunciaron rechazando rotundamente esta providencia y exigiendo su derogación, sobre la base de su inconstitucionalidad y de poner en riesgo la labor de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela que han asumido con gallardía el acompañamiento de víctimas y grupos vulnerables, ante la inexistencia de un Estado que garantice el goce pleno de los derechos fundamentales.


Existen evidencias de que este acto de la administración forma parte de una política de Estado que busca coronar el cierre de los espacios democráticos, estigmatizando al sector como el “enemigo a vencer”. Resulta inaceptable que esta normativa asocie la labor humanitaria con delitos como el terrorismo, por el hecho de no estar sujeta al control de un órgano público específico, o reguladas por una ley especial, más aún cuando todas las organizaciones venezolanas se someten desde su fundación a rigurosos controles y registros que demuestran se apego a la legalidad. Resulta además impensable que los defensores de DDHH quienes nos debemos a las víctimas, suministremos información sensible y confidencial. Sin duda esta nueva amenaza “pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población en un momento que millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.

Desde Justicia, Encuentro y Perdón ratificamos nuestro compromiso con las víctimas y el resguardo de sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad; exhortamos al respeto y vigencia de los derechos humanos contemplados en los postulados constitucionales, e invocamos el artículo 13 de la Declaración de las Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.


¡Defender derechos humanos es un deber NO un delito!

Martha Tineo 

Coordinadora General Justicia, Encuentro y Perdón

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