CRÓNICA | La impunidad marca el cuarto aniversario del asesinato de Miguel Castillo
Hace cuatro años, en mayo de 2017, Venezuela era un hervidero por los cuatro costados, un barril de pólvora donde yacían el descontento y el dolor de una población que observaba como el futuro, encarnado en los sueños y luchas juveniles, era sacrificado en las calles de nuestro país, víctima de un patrón de represión policial y militar que diversas instancias de derechos humanos y la misma Corte Penal Internacional han denunciado rotundamente, a tal punto que los delitos cometidos han sido tipificados como crímenes de lesa humanidad.
A la Venezuela erguida que aquella fecha cumplía más de un mes en las calles denunciando la minusvalía de un programa político, económico y social oprobioso, se unió Miguel Fernando Castillo Bracho, llevando entre sus manos una bandera cobijada de esperanza y un manojo de notas urgentes escritas en su libreta de comunicador social que nunca fueron publicadas, porque la muerte, ese misterio insondable infinito, ahogó la fuerza vivencial de sus palabras de cronista, crudo testimonio de una etapa perturbadora en la historia reciente de nuestro país.
UN DOLOR PUNZANTE
A Miguel Castillo lo mataron a la edad de 27 años mientras ejercía su derecho constitucional a la manifestación pacífica, en la avenida principal de Las Mercedes, municipio Baruta, Miranda, el 10 de mayo de 2017.
“Testigos del hecho refieren que ese día, cuando sonó el disparo, había guardias nacionales apostados en la autopista y Miguel cayó mortalmente herido frente a ellos”, nos contó su hermana Luisa Castillo, defensora de derechos humanos y colaboradora de nuestra organización.
A 4 años de este vil asesinato, el caso se mantiene en total impunidad, a la espera de que se identifique a los responsables e inicie el juzgamiento de los autores materiales e intelectuales.
“Cuando matan a Miguel, para nuestra familia comenzó un dolor indescriptible que punza más por el papel mediocre del sistema de justicia, aunque yo lo tildaría de ‘injusticia’, no puede calificarse de otra manera. Todo esto genera una gran desconfianza en las instituciones. El caso de mi hermano supuestamente sigue en etapa de investigación. Hemos introducido cualquier cantidad de solicitudes ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, pero no hemos obtenido una respuesta satisfactoria”, agregó.
En los últimos años, diversos voceros han alertado que Venezuela se ha convertido en un Estado erosionado democráticamente, donde la ejecución extrajudicial figura como una de las formas más comunes de atentar contra la vida en el contexto de protestas de quienes, ejerciendo su derecho constitucional a expresarse mediante acciones pacíficas de calle, buscan hacer un llamado a las autoridades frente a cualquier situación de vulnerabilidad.
En Justicia, Encuentro y Perdón hemos recibido numerosas denuncias que involucran a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y otros cuerpos de seguridad en el empleo de métodos de intervención de manifestaciones sin respetar los estándares nacionales e internacionales en la materia, provocando un uso excesivo y no diferenciado de la fuerza, con saldos lamentables conocidos de todos.
DERECHOS AL REVÉS
La deuda de la justicia venezolana con la familia Castillo Bracho se inscribiría en el patrón de impunidad a la represión gubernamental impuesto a partir del año 2014, según denuncias presentadas dentro y fuera del país.
Esta irregularidad, sin embargo, no amilana la lucha emprendida por la familia para que se esclarezcan los hechos, aflore la justicia y se establezcan sanciones ejemplarizantes por este crimen producto del uso letal de la fuerza pública.
“Nosotros vamos a seguir denunciando en todos los espacios. Es un trabajo arduo, porque aparte de luchar con el duelo tenemos que enfrentar al sistema de injusticia de nuestro país. Pero nos toca seguir adelante”, recalcó Luisa Castillo en medio de su condena a la obstrucción del derecho a la justicia, que estimula la impunidad y socava la institucionalidad democrática
Perfil
Miguel Fernando Castillo Bracho, nació el 16 de enero de 1990. Licenciado en Comunicación Social egresado de la Universidad Santa María, el miércoles 10 de mayo de 2017 se encontraba en avenida principal de Las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda, cuando fue impacto a la altura del intercostal izquierdo mientras funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana dispersaban la manifestación. Tenía 27 años de edad.
Te invitamos a ver el episodio especial de «Memorias de la Represión» dedicado a Miguel Castillo
