CRÓNICA | Yoinier Peña, una víctima inocente en medio de la conflictividad política y la crisis humanitaria compleja
A Yoinier Peña Hernández lo mataron malamente de un disparo a la edad de 28 años. Así como tantos casos que hemos relatado en estas crónicas sobre el autoritarismo y el abuso de poder, duele entender el asesinato de un joven venezolano en los albores de la vida, y duele más cuando se sabe que este muchacho, de condición especial, fue alcanzado por una bala perdida mientras transitaba cerca de una protesta.
El infortunado golpe del destino que mantuvo a Peña agonizando 54 largos días con sus noches de angustia y dolor familiar, ocurrió el lunes 10 de abril de 2017. Un disparo en la región intercostal derecha que afectó la columna y el colon, confinó su humanidad a una silla de ruedas, arrebatándole la vida lentamente, hasta que finalmente su cuerpo sucumbió ante las heridas que produjo aquel grupo de civiles armados señalados de abrir fuego indiscriminadamente contra una concentración opositora en la avenida Florencio Jiménez, al oeste de la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara.
NO ESTABA PROTESTANDO
Su madre, Yaneth Hernández, quien ha agotado todos los mecanismos de justicia disponibles orientados a determinar las responsabilidades penales derivadas de este hecho, recuerda el cuarto aniversario del asesinato de su hijo como un acto doloroso, atroz donde se evidencia que la vileza humana no reconoce límites.
“Yoinier sufría parálisis cerebral infantil, es decir, él podía escuchar pero no hablaba, a su edad se comportaba como un niño; era un ser noble que transmitía la inocencia de un infante. Tiene que haber castigo para quienes dispararon alegremente sin medir las consecuencias de sus actos
señaló en medios de los recuerdos que retrotraen su memoria al sábado 3 de junio de 2017, cuando Yoinier Peña exhaló su último aliento.
De acuerdo con testimonios recogidos en el sitio, este joven larense y un adolescente de 15 años de edad, de nombre Keiner Adrián Díaz Medina, estaban en los alrededores de la mencionada avenida donde se desarrollaba una manifestación, cuando fueron sorprendidos por los tripulantes de una camioneta pick up, quienes habrían disparado con armas de fuego contra los presentes, a plena vista de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Tras el hecho, los jóvenes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital más cercano, donde los médicos hicieron esfuerzos para salvarles la vida en pleno apogeo de la crisis humanitaria compleja declarada el año anterior.
“Cuando Yoinier murió – recuerda Hernández- los médicos me aseguraron que hubiera sobrevivido teniendo a mano las medicinas que necesitaba para ser atendido, por ejemplo antibióticos básicos para curar una infección en la herida. El otro joven se salvó porque la herida no afectó órganos vitales”.
DERECHOS AL REVÉS
“No sé quién le disparó, no sé dónde están los asesinos, lo único que pido es justicia, justicia cuantas veces sea necesario”, son palabras que emergen del corazón de otra madre venezolana dispuesta a obtener justicia para el caso de su hijo. .
Testigos confirman que en ningún momento Peña representó una amenaza para quienes lo ejecutaron, razón por la cual califican su muerte de absurda y rechazan que el Estado venezolano no garantice el derecho a la integridad física, tal como refiere la normativa constitucional, considerando que el crimen ocurrió frente a funcionarios militares que poco o nada hicieron para evitar el ataque, menos para detener a los responsables.
Hoy, a cuatro años del asesinato, parientes y amigos continúan denunciando la falta de acceso a la justicia, al tiempo que repudian la indolencia de las autoridades encargadas de esclarecer el caso y encarcelar a los tiradores.
Recordemos que en 2020, Michele Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), expresó preocupaciones similares con relación a las acciones tomadas por la administración gobernante para socavar el acceso a la justicia.
El informe de Bachelet citó la inseguridad en la titularidad de los jueces, la presión política, y el uso de las cortes militares como factores causales que coartan significativamente la independencia judicial. El ACNUDH también destacó los desafíos que impiden el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, incluyendo la manipulación de evidencia; intimidación, amenazas y represalias de parte de las fuerzas de seguridad para quienes buscan justicia; y la incapacidad o la falta de voluntad de parte de los funcionarios de justicia para procesar las denuncias de las víctimas.
“Yo aprovecho para hacer un nuevo llamado a la justicia, que cese la impunidad, no permitan que la muerte de mi hijo quede en el vacío, nosotros, toda la familia, seguiremos luchando”, puntualizó Hernández.
PERFIL
Yoinier Javier Peña Hernández nació el 13 de noviembre de 1988 y murió el 3 de junio de 2017, víctima de la violencia política que ese año se saldó con el asesinato de 163 personas (la mayoría menores de 30 años) durante los días que duraron las manifestaciones en las calles, entre abril y julio.
Este caso de un joven con discapacidad víctima de violaciones y abusos a los derechos humanos, lamentablemente no fue el único en el país. Tras su muerte, organizaciones y activistas por la vida hicieron un llamado urgente al Estado a garantizar los derechos humanos, la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos, en especial de las personas con discapacidad físicas, intelectuales o sensoriales.
