La ejecución extrajudicial, una de las formas más comunes de atentar contra la vida en Venezuela, denuncia informe de JEP

Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) publicó este miércoles 23 de junio el informe «Ejecuciones extrajudiciales por exigibilidad de DESCA en Venezuela”, un análisis actualizado sobre la situación de los derechos humanos y las acciones que contribuyeron a menoscabar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en nuestro país, entre octubre de 2020 y febrero de 2021.

El documento revela que el patrón represivo impuesto por el Ejecutivo nacional contra la disidencia política hace 7 años, se aplica de forma masiva y sistemática contra una población civil vulnerable que clama por derechos económicos y sociales, dejando a su paso un saldo lamentable de abusos, violaciones a los derechos humanos e impunidad.


Los DESCA, así como los Derechos Civiles y Políticos, continúan en proceso regresivo de los lineamientos de inclusión y justicia social, como consecuencia de los impactos de medidas económicas que tienen gran incidencia en los costos sociales y, por supuesto, el mal diseño, planificación y ejecución de políticas con resultados paupérrimos (…) la ejecución extrajudicial se ha convertido en una de las formas más comunes de atentar contra la vida en el contexto de protestas; donde la autoridad aplica la pena de muerte en contra de aquellos que se encuentran ejerciendo su derecho constitucional a expresarse mediante acciones pacificas de calle que buscan hacer un llamado al Estado frente a cualquier situación de vulnerabilidad, corrupción o irrespeto al estado democrático”, señala el texto.

El informe “Ejecuciones extrajudiciales por exigibilidad de DESCA en Venezuela”, que describe una crisis multidimensional altamente compleja e incierta, también resalta la acentuación del autoritarismo y el control militar a raíz de la desactivación de los liderazgos sociales y las redes de influencia, la criminalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la falta de autonomía de los poderes públicos. “Las graves violaciones de derechos humanos reseñadas en este informe, se ven facilitados por la impunidad que reina en el país, dada la dependencia absoluta del sistema de justicia al gobierno, dejando de proporcionar justicia imparcial a las víctimas. El sistema de justicia es, pues, otro brazo ejecutor de la represión y castigo a la disidencia”, se lee en otro punto.

En lo concerniente a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el marco de la exigibilidad de DESCA, el informe refiere que JEP ha documentado 76 casos desde el año 2016 hasta la actualidad, de los cuales 32 ocurrieron en el contexto de manifestaciones en demanda de tales derechos y 44 por saqueos.

La publicación de este nuevo informe se inscribe en la campaña de denuncia de abusos a las libertades fundamentales, búsqueda de la justicia y construcción de memoria histórica que Justicia, Encuentro y Perdón desarrolla permanentemente, como parte de sus objetivos centrales.

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