Informe de JEP denuncia agravamiento de la crisis de derechos civiles y políticos en Venezuela

El agravamiento de los abusos a los derechos humanos y de los crímenes atroces durante la pandemia de COVID 19 en Venezuela, constituye el eje central del informe “Situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela durante la pandemia (2020-2021), a la luz del Derecho Internacional de los DDHH y el Derecho Penal Internacional”, publicado este viernes 9 de julio en el marco de la celebración de un foro virtual organizado por Justicia, Encuentro y Perdón, donde se analizaron diversos aspectos sobre esta temática.

El documento identifica como eje transversal de la crisis el crimen de persecución consistente en la supresión de derechos fundamentales de la población “enemiga”, víctima de los ataques del Estado de forma sistemática y generalizada, e igualmente aborda las normas y decisiones legales de los estados de excepción en el marco de dichos ataques.

“Se analizan el derecho a la vida, a la libertad personal, a la reunión y manifestación pacífica y a la libre expresión (cuatro de los derechos civiles y políticos que más impactan en el universo de los demás derechos)”, detalla la investigación elaborada por el doctor Fernando M. Fernández, quien es presidente fundador de la Asociación Venezolana de Derecho Penal Económico, profesor de Derecho Penal Económico en los Programas de Gerencia Legal Corporativa y de Gerencia Financiera del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), profesor de Derecho Penal Económico en la Universidad Central de Venezuela, además de experto en anti-corrupción.

En su investigación, Fernández reflexiona sobre las causas del agravamiento de la crisis de derechos civiles y políticos en Venezuela a partir de la estructura normativa apalancada por el  Estado Dual o anómico, un concepto que identifica como “un sistema jurídico paralelo, antagónico y en conflicto con el Estado Constitucional y Democrático de Derecho”, bajo cuya sombra se ha erigido “la notoria radicalización y reiteración de los ataques a la población civil venezolana desde el Estado y sus agentes, así como de múltiples violaciones de todos los DDHH”.

La imposición  del Estado comunal -tema polémico actualmente en discusión por la amenaza que implica el aumento del control político y social del Ejecutivo sobre los ciudadanos, especialmente los más vulnerables- también destaca en el análisis de cara al proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado que  sufre el país. “Pesa de forma decisiva la creación y fortalecimiento del Estado comunal en abierto antagonismo con el Estado Constitucional, generando un dualismo estatal. El antagonismo entre dos formas de Estado es la base de las atrocidades en contra de los derechos civiles y políticos que, durante la pandemia se han recrudecido a raíz de la radicalización ideológica del llamado socialismo del siglo XXI”.

El informe concluye que “el crimen de persecución perpetrado para imponer el modelo político y sus derivaciones inconstitucionales, está en la base de los demás crímenes y en los abusos y violaciones masivas de derechos civiles y políticos  observados en Venezuela e incrementados durante la pandemia”, ante lo cual “toca a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional finalizar el examen preliminar e iniciar, cuanto antes, la investigación para determinar quiénes son los máximos responsables de tales atrocidades”.

 

09/07/2021

 

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