Comunicado JEPVzla
SIN SEPARACIÓN DE PODERES EN VENEZUELA NO SE PUEDE ESPERAR VERDAD,
NI JUSTICIA, NI REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS
Ante los pronunciamientos emitidos en Ginebra, los días 17 y 18 de marzo de 2022, por parte de la Alta Comisionada de los DDHH ante la ONU, Michelle Bachelet, así como la actualización de la gestión que lleva a cabo la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, la organización Justicia, Encuentro y Perdón, preparó un Reporte de seguimiento para entregarlo a los organismos internacionales involucrados.
Aunque en su intervención del día 17 de marzo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michel Bachelet manifestó preocupación porque su oficina continúa registrando persecución a defensores de DDHH, activistas políticos, medios de comunicación y la persistencia del cierre de espacios democráticos; también consideró que “la reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores. En particular, la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas de Acción Especial, están en consonancia con las recomendaciones anteriores y pueden conducir a una transformación institucional significativa”.
Al respecto, JEPVzla advierte en su Reporte sobre las mencionadas reformas legislativas que, un análisis de la situación actual de estos casos en Venezuela, demuestra el inexistente mejoramiento de la situación y menos aún del inicio de investigaciones genuinas en contra de los máximos responsables de estos crímenes, cometidos en ejecución de un patrón de represión implementado contra grupos de la población, muy específicamente contra los que disienten de las políticas gubernamentales y exigen sus derechos, lo que a su vez da cuenta del incumplimiento de sus obligaciones en torno a la garantía plena de los derechos humanos .
El sistema de administración de justicia en Venezuela colapsó debido a su politización y falta de autonomía, por lo que las decisiones judiciales atienden a los intereses de los grupos de poder. Las tímidas reformas legislativas y el sistema de justicia están lejos de mejorar la situación, al contrario reiteran el dominio del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
Aunque la Alta Comisionada reiteró en su intervención, que “seguimos disponibles para prestar apoyo continuado a los esfuerzos nacionales para promover la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos”, hasta ahora no se avizora la posibilidad de superar la terrible y sistemática violación a los DDHH en nuestro país, ni tampoco que los jueces, fiscales, defensores y funcionarios denunciados como violadores de derechos humanos sean sometidos a investigaciones, puesto que la anunciadas reformas institucionales incluyen su ratificación en sus cargos. En ese sentido, Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, afirmó que «El año pasado, se anunció un plan para abordar la existencia de fiscales provisionales, pero esta Misión notó que solo busca modificar a los fiscales en funciones».
Así, JEPVzla, agradece el impecable y exhaustivo trabajo realizado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de hechos, realizado con una metodología alineada con los más altos estándares internacionales en cuanto a los casos de crímenes contra los DDHH; vemos en el trabajo de este equipo, la única vía posible, real y tangible de avance en procesos de verdad, justicia y de reparación en favor de las víctimas. Por tanto, reconocemos la labor de la Misión como el único espacio posible que mantiene vivas nuestras legítimas expectativas de verdad, justicia y reparación. En ellos depositamos nuestras reales esperanzas, confirmamos el respaldo a sus esfuerzos y exhortamos a todos los Estados democráticos del mundo a apoyar a la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela.
Mientras no se recupere la separación de poderes en Venezuela, y el Poder Judicial continue siendo un subordinado y brazo ejecutor de los patrones de represión y persecución política impuestos desde quienes ostentan el Poder Ejecutivo, no existe posibilidad de aplicar las normas que aseguran el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos.
18/03/2022
Lee la declaración completa de la Alta Comisionada
