Julio cierra con nuevos casos de detenciones arbitrarias a miembros de la sociedad civil
Más de cien ONG venezolanas se vieron precisadas a emitir un comunicado de emergencia, dirigido puntualmente a la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en el cual exigen la liberación inmediata de dirigentes sindicales y defensores de DDHH que fueron detenidos durante el mes de julio, en un lapso de apenas 72 horas, acciones que han constituido un duro golpe y un factor más de amedrentamiento para el activismo pacífico de la sociedad civil.
De acuerdo a los datos y registros que maneja JEPVzla, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Nelson Astudillo, Gabriel Jesús Blanco Flores, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés, se suman al patrón de detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, bajo los cargos de asociación para delinquir y conspiración. Los procedimientos se realizaron bajo el esquema de allanamientos, sin órdenes judiciales y desapariciones forzadas, pues fueron incomunicados al momento de la captura, sin la debida información para sus abogados y familiares.
El miembro del Comité Político Nacional de Bandera Roja y responsable de comunicaciones y propaganda, Jesús Hermoso, declaró a Efecto Cocuyo, respecto a los cuatro activistas sindicales que integran el grupo de los detenidos, identificado en el pronunciamiento de las ONG como Los Luchadores, que hasta al presente, las autoridades no han dado detalles claros sobre las acusaciones realizadas a las víctimas de los arrestos, para determinar el motivo de las detenciones. “Indicó que durante las aprehensiones todos los operativos fueron irregulares, con agentes que no estaban identificados, sin ordenes judiciales y con funcionarios vestidos de civil”.
Hermoso alertó además que “estas detenciones en tiempo récord se deben a un plan para amedrentar al movimiento popular y a Bandera Roja, que es una de las organizaciones políticas opositoras que está respaldando las protestas sindicales, de pensionados y jubilados y del Magisterio, que se han realizado en los últimos días en el país”.
La emisión del comunicado conjunto de las ONG dedicadas al tema de violación de derechos humanos civiles y políticos sirvió para reiterar una vez más la gravedad de la situación del activista Javier Tarazona, profesor universitario y fundador de la organización FundaREDES, quien el 3 de julio, cumplió un año recluido en la sede del Sebin El Helicoide, imputado por los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio y sin derecho a defensa privada.
Las detenciones continúan, el 2 de agosto fue detenido el trabajador y dirigente sindical de la CVG Venalum Douglas González, fue detenido en Puerto Píritu, municipio Fernando Peñalver del estado Anzoátegui.
