«Retratos humanos: Historias de presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela»

Este lunes 19 de septiembre de 2022, en el marco del 77 ° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU se llevó a cabo el evento titulado “Retratos Humanos: Historias de Presos Políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela” donde participaron las organizaciones de Derechos Humanos Cuba Decide (Cuba), Se Humano (Nicaragua) y Justicia, Encuentro y Perdón (Venezuela) dicho evento fue una oportunidad para alzar la voz de las víctimas y sus familias y un medio para que la sociedad internacional y local abogue conjuntamente por la libertad tanto como mejorar la situación de los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua ante representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y de la sociedad y la academia.

A continuación les dejamos la intervención escrita de nuestra coordinadora Martha Tineo Rodríguez, 

Buenas tardes,

En Venezuela se cometen violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Esta es una realidad indiscutible y tanto ello es así, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión Internacional Independiente de Determinación de hechos sobre Venezuela, coinciden en sus hallazgos: Existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución, por parte de autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno venezolano; existe una cadena de mando al tanto de tales crímenes que no tomó medidas para prevenirlos o reprimirlos; por su parte, la falta de independencia judicial y la impunidad por violaciones de derechos humanos en el país, reflejan que el sistema de justicia de Venezuela ha actuado como un mecanismo de represión, en lugar de un garante de derechos, al animar a los agentes del Estado a continuar ejerciendo tales abusos. A ello se agregan: los Informes de la ACNUDH, diversos Relatores de la ONU, el Panel de Expertos de la OEA, los seis países que remitieron la situación de Venezuela a la CPI, y los informes de múltiples ONG locales e internacionales que han alzado su voz de forma constante durante estos últimos años.

Pese a estos señalamientos, al inicio de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad en mi país, a más de cuatro años de recomendaciones y exhortos por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, de Relatores y en general desde todas las instancias internacionales de protección de derechos humanos, estos hechos siguen ocurriendo y la situación se agrava.

Hoy, en mi país, hay más de 300 presos políticos, además de miles de “presos en libertad condicional”, entre ellos, más de 20 mujeres, y es necesario que se sepa en qué condiciones. Hablaré entonces de una que, al momento de su detención, no sabía lo que era un “dron” ni tampoco el significado de “magnicidio” y, sin embargo, por hechos que incluyen estas palabras, estuvo casi dos meses desaparecida, bajo detención arbitraria del Estado. Durante ese tiempo, y como consecuencia de las torturas perdió a su hijo con tres meses de gestación, fue confinada en una celda donde las ratas mordían sus pies, y prácticamente no puede caminar. No obstante, durante su juicio se le impidió ser trasladada en silla de ruedas y debía ser cargada y puesta en las sillas del tribunal frente a los ojos indiferentes de jueces y fiscales. Ella es, Emirlendris Benítez.

En el mismo caso está Ángela Expósito, una científica graduada cum laude en una de las universidades más prestigiosas de mi país, con publicaciones en revistas internacionales arbitradas y la fundación de una ong de protección animal en su haber. Nadie supo de ella durante un mes. Le arrancaron las uñas y el cuero cabelludo y le colocaron bolsas plásticas en su cabeza para asfixiarla, como parte de las torturas.

Estas mujeres fueron condenadas a 30 y 24 años de prisión, respectivamente, sin que se haya probado su participación en los delitos que se acusaron. Sus casos son luz para demostrar lo que estamos pasando.

En mi país los presos políticos no son solo políticos. También son miembros de la sociedad civil, torturados en las formas más dantescas, golpeados con palos de golf y tablas, sometidos a descargas eléctricas e inmersión en tanques de agua. Confinados a celdas de castigo, incomunicados y sometidos a muy bajas temperaturas, sin noción de los días ni las horas.

La detención arbitraria y tortura incluye casos de personas con discapacidad – hasta un hombre con condición de Asperger y autismo leve lleva más de dos años preso y separado de su familia.

Militares de diferentes rangos, como quien fue capturado en Colombia y en medio de un procedimiento absolutamente irregular, recibió un disparo con arma de fuego en una pierna y en la otra, una herida con arma blanca, para que no pudiera correr por su vida. Está a quien le vaciaron un ojo cuando le clavaron un objeto punzo penetrante como parte de las torturas, y el horror de otro, violado sexualmente y agredido brutalmente por más de 20 funcionarios.

Contamos con el registro de familias enteras perseguidas, incluyendo a sus mascotas, que son llevadas a los centros de detención para maltratarlas frente a sus dueños, y así infringirles mayor sufrimiento emocional.

La cantidad de presos políticos en Venezuela no baja del rango de 200 a 300, en los últimos años, mediante una rotación de entradas y salidas constantes. Unos, de forma aún inexplicable para mí, siguen con vida. Otros, han muerto en cautiverio… El asunto es que la prisión política tiene otra arista: se extiende a los familiares. En ellos pesa la mayor responsabilidad de proveer a sus presos de alimentos, insumos médicos y de higiene personal, soportando el impacto de una de las inflaciones más altas a nivel mundial, forzados a dividir la poca comida que consiguen, entre ellos y la bolsa que dejan a la entrada de las cárceles. Incluso deben cargar con los litros de agua potable que puedan. Es necesario entender entonces que la cifra real de venezolanos prisioneros de este horror es de miles, y no de cientos.

Unos logran ser excarcelados condicionalmente por decisión política, así como política fue su prisión. Al salir, apenas dos opciones: huir del país y de la marca de la persecución judicial, o tratar de mantenerse vivos por encima de todas las secuelas y el deterioro sin retorno. Recientemente, uno de esos liberados murió y según testimonios de sus familiares, la causa es que jamás pudo sobreponerse físicamente a todas las torturas que sufrió. Hay quienes habiendo cumplido por décadas penas injustas no son liberados y, otros, la mayoría, cumplen penas anticipadas porque llevan años en prisión y sin juicio.

Necesario es que se sepa que la escalada de la persecución política dejó de ser solo para quienes han expresado su oposición al gobierno nacional. Ahora, los defensores y activistas de DDHH también figuramos en listas de perseguibles, bajo la premisa de una guerra contra enemigos internos y difusos. Javier Tarazona, tiene un año y más de dos meses preso por ejercer su derecho a defender DDHH. Gabriel Blanco, trabajador social y humanitario; así como sindicalistas que luchan por mejoras salariales, al presente son procesados ante tribunales contra el terrorismo.

Y si escuchar esto causa horror, créanme que decirlo también lo causa, no es paranoia. Basta recordar al ex concejal Fernando Albán quien, luego de estar en esta ciudad e intentar acciones a favor de Venezuela, al llegar al aeropuerto en Caracas fue detenido por agentes del Estado y días después, su cuerpo cayó al vacío desde el décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (“SEBIN”). El miedo que sentimos se conforma por todas las circunstancias que acabo de resumir. Pese a esto, yo debo regresar a mi país porque a los defensores nos corresponde estar al lado de las víctimas – mientras nos lo permitan – y ofrecerles el aliento, el acompañamiento y el abrazo que los apoye en el sufrimiento que produce la injusticia.

Pero tenemos miedo también de que, bajo la mirada del contexto mundial actual y la maquinaria de propaganda del Estado, la situación venezolana se crea «normalizada». Vale la pena entonces preguntarnos en esta sala, ¿qué es lo que se arregló en mi país para dejar de ser un territorio en emergencia humanitaria compleja?: ¿la criminalización del disenso y la diferencia, incluso por expresarla en unos graffittis?; ¿el uso exterminador, masivo y continuo de la violencia letal?; ¿la intensificación de políticas restrictivas y de estados de excepción, sin límites de tiempo o espacio?; ¿casi siete millones de personas que han huido del hambre y la miseria?; ¿330 muertos que se suman a los presos políticos, como consecuencia de un patrón de persecución política suficientemente documentado?

El alma de los ciudadanos venezolanos sigue subordinada al miedo público de la inseguridad que provoca la ausencia del Estado de Derecho. Espero que decir esto nos coloque a los involucrados en posición de hacer algo para frenar este terror. En mi país hace falta que se abran caminos de resistencia y afirmación de la vida. Necesitamos recuperar nuestra libertad. Todos.  

Al inicio les decía que esta realidad, por corroborada, es irrefutable, así que nos coloca en un único debate ¿Qué hacer para detener este horror? Sin duda, una de las acciones urgentes y efectivas es la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, además de hacer seguimiento exhaustivo al acatamiento de todas las recomendaciones formuladas desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ahí tenemos una hoja de ruta. Urgen estos mecanismos que son absolutamente necesarios y se complementan.

Para culminar, me permito alertar a los países de la región: hoy hablamos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero si algo sabemos del autoritarismo y de la impunidad es que nos coloca en riesgo a todos. Es momento de ejercer acciones reales para detener y condenar enfáticamente todo esto y junto a la comunidad internacional, ejercer acciones concretas para el restablecimiento de la vigencia plena de los derechos humanos y los sistemas democráticos.

Muchas gracias.