Ley Antisociedad busca dejar a los venezolanos sin espacios de denuncia y documentación de nuevas violaciones a los DDHH

Caracas, 22 de enero de 2024.- Más de 230 organizaciones dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos en Venezuela y una centena de individualidades suscribieron recientemente un comunicado en el que manifiestan su preocupación y rechazo ante los avances del proyecto de “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” con el cual el gobierno busca cerrar definitivamente el espacio cívico en el país.

El pasado 9 de enero de 2024, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ordenó retomar la discusión del proyecto para acelerar su aprobación, para lo cual se llamó a “consultas públicas”, aunque la selección de quienes participaron en el debate fue arbitraria y muy reducida, dejando por fuera a cientos de organizaciones de derechos humanos de todo el país, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.

En el comunicado se señala que uno de los aspectos más alarmantes del ritmo que lleva este proyecto son sus “claros vicios, sin un texto publicado por parte de la AN ni por ningún ente público, del que se conoce solo una versión extraoficial, aun cuando fue aprobado en primera discusión hace un año, el 24 de enero del año 2023, y sin una convocatoria previa, amplia y plural por medios masivos u oficiales”.

Los firmantes del texto aclaran que este no es un instrumento de regulación, pues ya existe en Venezuela un sistema regulatorio legalmente establecido y favorable al ejercicio de la libertad de asociación, de acuerdo con la norma constitucional, tanto en materia de registro, rendición de cuentas y fiscalización. Tampoco se trata de una ley concebida para mejorar la prevención y sanción de posibles ilícitos o situaciones irregulares por parte de asociaciones civiles y fundaciones, pues el propio Estado ha afirmado que estos supuestos hechos tienen una ocurrencia menor país y existen los procedimientos judiciales para investigarlos de conformidad con el Estado de Derecho y debido proceso.

“En su exposición de motivos y articulado, la ley transforma el derecho asociativo en un asunto de “orden público” con el que se afianza la sospecha y presunción de delitos y la intervención injustificada de los cuerpos militares y de seguridad en la vigilancia y control de las asociaciones sin fines de lucro, profundizando la criminalización, penalización, ilegalización y confiscación de las libertades de reunión pacífica, expresión, información, participación, defensa de derechos, así como la denuncia, la crítica, el cuestionamiento o la disidencia pacífica, el acceso a los sistemas de protección de derechos y a la cooperación internacional para la asistencia humanitaria y el desarrollo, asimilando todos estos derechos con “terrorismo”, “conspiración”, “desestabilización”, “injerencia extranjera” o simplemente “actividades políticas”, señala el comunicado.

Otro aspecto que causa preocupación y desmiente la narrativa oficial es que este proyecto no promueve ni protege el derecho a la libertad de asociación. “Por el contrario, sin bases que la justifiquen y de forma contraria a la Constitución y a los estándares internacionales que protegen la esencia libre, civil y autónoma del derecho a la asociación, la ley se extiende de manera totalizante, ambigua y desproporcionada a todas las fundaciones y asociaciones civiles de derecho privado sin fines de lucro; deja sin efecto los registros de los que disponen las asociaciones con personalidad jurídica para trabajar en el país, de acuerdo con el sistema y las leyes vigentes, los cuales considera inexistentes; crea un nuevo régimen asociativo de “relevancia pública”, militar y fuera de la Constitución”.

Incluso esta ley tiene impacto en el contexto electoral actual, pues la eliminación de las organizaciones de la sociedad civil dejaría el proceso comicial sin garantías de transparencia y control social: “La supresión del espacio cívico y del derecho de asociación, tal como está planteado en el proyecto de ley impacta profundamente las condiciones para el próximo proceso electoral en el país. La garantía de elecciones justas y democráticas no solo implica permitir la participación sin restricciones de candidatos, sino también mantener una sociedad civil vigorosa y robusta que pueda ejercer contraloría ciudadana y fomentar el derecho al voto (…) No puede haber auténticas elecciones en Venezuela sin la sociedad civil y esta no puede ser controlada por entes militares”.

Por estos motivos, los firmantes del comunicado hacen un llamado a la Asamblea Nacional a no insistir en el avance y discusión de un texto que viola múltiples derechos humanos, incumple e irrespeta la Constitución y no contribuye a mejorar el ambiente país en un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja y periodo electoral. Además, instan a la comunidad nacional e internacional a rechazar la adopción de esta ley y cualquier otro texto normativo que pueda limitar excesivamente el ejercicio del derecho a la libertad de asociación o dé lugar a un control militar indebido de las organizaciones de la sociedad civil o una injerencia en sus actividades.

Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, señala que de aprobarse esta ley es inconstitucional, pues desde su exposición de motivos desconoce de manera abierta la obligación y el principio del carácter universal de los derechos humanos que está establecido en la carta magna y en los tratados y pactos  internacionales ratificados por la República, que son de aplicación directa a tenor de la propia Constitución, por ende es una ley violatoria de estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“No quedan dudas, entonces, que el propósito específico de este proyecto de ley es otorgar un férreo control al Poder Ejecutivo sobre las ONG, lo cual no solo victimiza a sus miembros, afectando de forma directa el derecho humano a defender derechos humanos, la libertad de asociación, entre otros derechos, sino que revictimiza a los beneficiarios de nuestro trabajo que son precisamente quienes han sufrido afrentas a su dignidad. Evidentemente, la pretensión de aprobar esta ley es dejar a nuestro país sin espacios de denuncia y documentación de nuevas violaciones a los derechos humanos y cerrar definitivamente el espacio cívico”.

COMUNICADO

Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos llegar, una vez más, a la comunidad nacional e
internacional nuestra alarma y profundo rechazo a la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y
Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” que la Asamblea Nacional (AN) ha
reactivado a través de un aparente proceso de consulta pública con el fin de llegar a su posible aprobación, a pesar de que durante el año 2023 el Estado recibió fundamentadas y numerosas objeciones de la comunidad internacional tanto de la Oficina del Alto Comisionado y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Misión Independiente de Determinación de los Hechos y de la sociedad civil nacional e internacional sobre la improcedencia de esta ley, por su carácter abiertamente violatorio del derecho a la libertad de asociación y otros derechos humanos, ya que ocasionaría el cierre definitivo y la militarización del espacio cívico y daños irreparables a los derechos de la población y al tejido de la sociedad venezolana.
Con claros vicios de proceso, sin un texto publicado por parte de la AN ni por ningún ente público, del que se conoce solo una versión extra oficial, aun cuando el proyecto de ley fue aprobado en primera discusión hace un año, el 24 de enero del año 2023, y sin una convocatoria previa, amplia y plural por medios masivos u oficiales, el 12 de enero fue iniciada la llamada consulta en la sede de la AN en Caracas y televisada por el canal del parlamento, en la que fue pública y notoria la intención de hostigar, criminalizar e inhabilitar a la sociedad civil venezolana ya que se volvió a exponer una lista preexistente de 62 organizaciones acusadas de delitos sancionables con esta ley, y se llevó a cabo en presencia mayoritaria de cuerpos militares y de inteligencia policial.
En referencia al contenido del texto, reiteramos que esta ley:
No es un instrumento de regulación, puesto que ya existe en Venezuela un sistema regulatorio
legalmente establecido y favorable al ejercicio de la libertad de asociación, de acuerdo con la norma
constitucional, tanto en materia de registro, rendición de cuentas y fiscalización. Un sistema que, desde
2010, el propio Estado restringió, introduciendo mecanismos discrecionales y arbitrarios que
obstaculizaron los procedimientos y que, en 2019, fue suspendido parcialmente con el fin de centralizarlo
y limitarlo más, ocasionando serias dificultades a las fundaciones y asociaciones civiles para cumplir los
requisitos legales vigentes. Se prevé, entre otros registros, un empadronamiento militar en el Registro
para la Defensa Integral que es administrado por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, tal
como lo prevé el artículo 35 y ss. de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la
Nación.
No está concebida para mejorar la prevención y sanción de posibles ilícitos o situaciones
irregulares por parte de asociaciones civiles y fundaciones, puesto que, en sus propias
declaraciones e intercambio de información con organismos internacionales, como el GAFIC en la
Evaluación Mutua de Marzo 2023, el Estado ha afirmado que, en todo caso, estos supuestos hechos
tienen una ocurrencia muy menor en el país y existen los procedimientos judiciales para investigarlos y
aclararlos, de conformidad con el Estado de Derecho y debido proceso. En su exposición de motivos y
articulado, la ley transforma el derecho asociativo en un asunto de “orden público” con el que se afianza
la sospecha y presunción de delitos y la intervención injustificada de los cuerpos militares y de seguridad
en la vigilancia y control de las asociaciones sin fines de lucro, profundizando la criminalización,
penalización, ilegalización y confiscación de las libertades de reunión pacífica, expresión, información,
participación, defensa de derechos, así como la denuncia, la crítica, el cuestionamiento o la disidencia pacífica, el acceso a los sistemas de protección de derechos y a la cooperación internacional para la
asistencia humanitaria y el desarrollo, asimilando todos estos derechos con “terrorismo”, “conspiración”,
“desestabilización”, “injerencia extranjera” o simplemente “actividades políticas”.
No promueve ni protege el derecho a la libertad de asociación. Por el contrario, sin bases que la
justifiquen y de forma contraria a la Constitución y a los estándares internacionales que protegen la
esencia libre, civil y autónoma del derecho a la asociación, la ley se extiende de manera totalizante,
ambigua y desproporcionada a todas las fundaciones y asociaciones civiles de derecho privado sin fines
de lucro; deja sin efecto los registros de los que disponen las asociaciones con personalidad jurídica
para trabajar en el país, de acuerdo con el sistema y las leyes vigentes, los cuales considera inexistentes;
crea un nuevo régimen asociativo de “relevancia pública”, militar y fuera de la Constitución, que impone
la autorización, control y fiscalización del Estado sobre todo el ciclo de vida de las asociaciones (fines,
fundación, funcionamiento y actividad); ilegaliza toda asociación de hecho y establece un sistema de
controles y requisitos adicionales, innecesarios, permanentes y no compatibles con la condición civil de
las asociaciones, que los hace de imposible cumplimiento. En específico, la ley viola frontalmente el
artículo 5 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales que prohíbe la destrucción de derechos o su restricción excesiva.


De este modo, la ley persigue propósitos inconstitucionales y violatorios de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, por lo que no admite consulta ni mejora posible, tal como ha sido expresado por los órganos de protección de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana, en defensa de sus derechos, exigiendo al Estado “derogar o abstenerse de adoptar cualquier medida o ley que pueda limitar el ejercicio del derecho a la libertad de asociación o dé lugar a un control indebido de las organizaciones de la sociedad civil o una injerencia en sus actividades, y establecer un entorno seguro y propicio para que todas las organizaciones de la sociedad civil puedan realizar sus actividades sin temor a represalias” en todos sus ámbitos de desempeño civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.


La supresión del espacio cívico y del derecho de asociación, tal como está planteado en el proyecto de ley y la virtual anulación de las actividades de las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, impacta profundamente las condiciones para el próximo proceso electoral en el país. La garantía de elecciones justas y democráticas no solo implica permitir la participación sin restricciones de candidatos, sino también mantener una sociedad civil vigorosa y robusta que pueda ejercer contraloría ciudadana y fomentar el derecho al voto. La comunidad internacional y todos los involucrados en la superación de la crisis venezolana y la búsqueda de una transición pacífica y democrática no pueden pasar por alto esta amenaza, que socavarían la celebración de elecciones justas, seguras y libres. No puede haber auténticas elecciones en Venezuela sin la sociedad civil y esta no puede ser controlada por entes militares. El cumplimiento del Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para todos debe medirse también a través de la garantía y el respeto del derecho a asociación de las organizaciones no gubernamentales.


En consecuencia:

1) Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional a no insistir en el avance y discusión de un
texto que viola a todas luces múltiples derechos humanos, incumple e irrespeta la Constitución Nacional y no contribuye de ninguna manera a mejorar el ambiente país en un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja y periodo electoral; 2) Instamos a la comunidad nacional e internacional a rechazar la adopción de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y cualquier otro texto normativo que pueda limitar excesivamente el ejercicio del derecho a la libertad de asociación o dé lugar a un control militar indebido de las organizaciones de la sociedad civil o una injerencia en sus actividades.

Organizaciones que suscriben:
1. A.C. Casa del Nuevo Pueblo
2. A.C. CEDISUC
3. A.C. Comunidad en Movimiento
4. A.C. Concentroccidente del GS Cesap
5. A.C. Jóvenes y Desarrollo
6. Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
7. Acceso a la Justicia
8. Acción Campesina
9. ACOANA
10. Activados Panamá
11. Agencia Cojedeña de Investigación (ACI)
12. AlertaVenezuela
13. Alianza de Familiares y Víctimas en Venezuela (ALFAVIC VENEZUELA)
14. Alianza por Venezuela
15. Alma
16. Amigos Trasplantados de Venezuela
17. Amnistía Internacional
18. Apuneg
19. Aquí Cabemos Todos
20. Asociación Civil Centro Campesino El Convite
21. Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai
22. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
23. Asociación Civil Los Naguaritos
24. Asociación Civil Portachuelo
25. Asociación Civil Radar de los Barrios
26. Asociación Civil Súmate
27. Asociación Civil Uniandes
28. Asociación Civil Venezolanos en Córdoba Argentina
29. Asociación Comunitaria Blandin
30. Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela
31. Asociación de Propietarios y Residentes de Prados del Este
32. Asociación Migrantes Venezolanos
33. Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (Avessoc)
34. Asociación Venezolana para la Hemofilia
35. Asocoinbar
36. ASOENVEAR
37. ASOVEDRA
38. Aula Abierta
39. AVEPR
40. CAFE DDHH
41. Caleidoscopio Humano
42. Caminando y Construyendo Sociedad Inclusiva
43. CAMPO
44. Canada Venezuela Democracy Forum
45. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
46. CCCB – Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto
47. CECAVID
48. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
49. Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para la región (CDDLatam)
50. Centro de Animación Juvenil
4
51. Centro de Atención Integral Psicopedagógica Individual (CAIPI)
52. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
53. Centro de Estudios Derecho y Democracia (CEDED)
54. Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS (Argentina)
55. Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer – CISFEM
56. Centro de Justicia y Paz – Cepaz
57. Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
58. Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
59. Cescoop
60. Circuito Gran Cine
61. Ciudadanía Activa
62. Ciudadano Nuevo
63. Civil Rights Defenders
64. Civilis Derechos Humanos
65. Clima21
66. Coalición por Venezuela
67. Colegio de Abogados del Estado Bolívar
68. Colegio de Enfermería de Puerto Cabello
69. Colegio de Enfermería
70. Comisión de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Apure
71. Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara
72. Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
73. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
74. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
75. Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad
76. Comité para la defensa de los derechos humanos parroquia Coche
77. Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales – Guárico
78. Compromiso Ciudadano
79. Confederación de Trabajadores de Venezuela en el Estado Guárico (CTV-GUARICO)
80. Consejo de Migrantes Refugiados y Colombianos Retornados de Bogotá
81. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES.
82. Consorven
83. Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
84. Cooperativa Dan Buen Cine
85. Corporación Colonia venezolana en Colombia
86. Creemos Alianza Ciudadana
87. Cumaná Mía
88. Damas de Blanco Venezuela
89. Due Process of Law Foundation
90. Ecoefecto
91. Educación para mejor vivir ONG
92. EPIKEIA Derechos Humanos
93. Equalia
94. Equipo de Proyectos y Asesoría Social
95. Familia SOS Libertad
96. Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)
97. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes – FENASOPADRES
98. FetraYaracuy
99. FICU. Fundación para la integración Cultural de Migrantes y Refugiados
100. Fordisi
101. Foro Hatillano
102. Foro Penal
103. Foro San Antonio
104. Foro Venezolano de Política Exterior
105. FPPM-VE (Familiares de Presos Políticos Militares)
106. Frente Norte de Caracas
107. FUDECI
108. Fundación Agua Sin Fronteras
109. Fundación Aguaclara
110. Fundación Alianzas Solidarias
111. Fundación Amigos del Casco Histórico Ciudad de Barquisimeto
112. Fundación Caminando Contigo
113. Fundación Colonia de Venezuela en la República Dominicana Funcoverd
114. Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui
115. Fundación Dignidad, Justicia y Libertad, ONG OMNIPRODNAM
116. Fundación Duendes y Ángeles Vinotinto
117. Fundación Escuela de Artes escénicas Juan Parra
118. Fundación GRACE: Give Refugees a Chance
119. Fundación Haciendo Panas
120. Fundación Iribarren Lucha
121. Fundación John Boulton
122. Fundación Laboratorio de Desarrollo Humano
123. Fundación Loto Azul
124. Fundación Lucelia
125. Fundación Mahuampi Venezuela
126. Fundación Manitas Amarillas
127. Fundación Nakama’s
128. Fundación ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE REGIONAL O.I.R.
129. Fundación para el Debido Proceso «Fundepro»
130. Fundación para el Desarrollo Integral (FUNDESI)
131. Fundación para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
132. Fundación San José de Chacao
133. Fundación Sine Qua Non
134. Fundación Venezolanos en el Exterior
135. Fundación Yo Te Apoyo
136. FundaRedes
137. Fundeci A.C.
138. Fundehullan
139. Gente del Petróleo
140. Global Centre for the Responsibility to Protect
141. Grupo Interdisciplanario Emergencia Humanitaria en Agua
142. Grupo La Colina A C.
143. Grupo Orinoco
144. Grupo Social Cesap
145. Hearts On Venezuela
146. Ideas por la Democracia
147. Impulsa Latinoamérica
148. Instituto CASLA
149. Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO, UCV
150. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB
151. Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX)
152. Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
153. Instituto para la Paz y el Desarrollo – IPADES
154. Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos -INVESP
6
155. International Service for Human Rights (ISHR)
156. Justicia y Proceso Venezuela
157. Justicia, Encuentro y Perdón
158. Labo
159. Laboratorio de Paz
160. M.B.I. en Acción
161. Madres Poderosas
162. MAPANI
163. Mavid Carabobo
164. Mayday CONFAVIDT
165. Médicos Unidos de Venezuela
166. Mi Convive
167. Monitor Social A.C.
168. Movimiento Ciudadano Uniendo Voluntades
169. Movimiento de Trabajadores 9 de Enero
170. Movimiento Nacional Iniciativa de los Consumidores
171. Movimiento Por la Democracia (MPD)
172. Mulier
173. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
174. Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Animación Juvenil
175. Observatorio de Ecología Política de Venezuela
176. Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario
177. Observatorio de Violencias LGBTIQ+
178. Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
179. Observatorio Geopolítico de América Latina
180. Observatorio Global de Comunicación y Democracia
181. Observatorio Hannah Arendt Chapter USA
182. Observatorio Venezolano DDHHMujeres
183. Observatorio Venezolano de Prisiones
184. Observatorio Venezolano de Violencia
185. Odevida, Capítulo Venezuela
186. ONG El Despertar Ciudadano
187. ONG Hombres por la Equidad e igualdad
188. ONG Migrantes por el Maule
189. ONG Red Reto
190. ONG Unión Venezolana en Perú
191. Oportunidad Acciones Ciudadanas
192. Orfavideh. Organización de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales
193. Organización StopVIH
194. Osc.Ação Social Irmandade Sem Fronteiras
195. Padres Organizados de Venezuela
196. Paz Activa
197. Plan País
198. Plataforma Ayuda Venezuela
199. Por la Familia Venezolana
200. Prepara Familia
201. Pro-Venezuela Verein
202. PROMEDEHUM
203. Provea – Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
204. Proyecto Monitor de Derechos Humanos
205. Psicoven
206. Red DDHH-Lara / Proyecto Roscio
207. Red de Organizaciones Vecinales de Baruta
208. Red Mérida Feminista
209. Red Vecinal
210. Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil, SINERGIA
211. RedesAyuda / Humano Derecho Radio Estación
212. Resonalia
213. Robert F. Kennedy Human Rights
214. SAVE MY IDENTITY
215. Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe – JRS LAC
216. Sindicato Agropecuario Estado Carabobo
217. Sindicato Sidernac
218. Sorbos de Saber
219. SOS Pacientes Renales
220. SOS Venezuela Radio
221. SUNEP-INPARQUES
222. Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe
223. The Norwegian Venezuelan Justice Alliance
224. Todos por el Futuro
225. Transparencia Electoral
226. Un Mundo Sin Mordaza
227. Una Ventana a la Libertad
228. Unión Afirmativa de Venezuela
229. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC
230. Vecinos Activos
231. VENEMEX
232. Venezuela Global
233. Vicaría de DDHH Arquidiócesis de Barquisimeto
234. Voto Joven
235. Wainjirawa-UAIN
236. 100% Estrógeno

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