Presas, perseguidas y sin acceso a sus derechos: La vida transcurre entre rejas para 19 mujeres judicializadas por motivos políticos en Venezuela

Caracas 29 de febrero de 2024.- Cada mañana Yanmarys Antón revisa las redes sociales en busca de buenas noticias que anuncien la liberación de su hermana, la teniente del Ejército Carla  Antón, detenida en 2019 y sentenciada a siete años y seis meses de prisión por instigación a la rebelión en el caso de la supuesta rebelión contra la entonces gobernadora de Monagas Yelitze Santaella.

Hace unas semanas atrás la noticia que se encontró y que era tendencia era la detención arbitraria de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, pasaban las horas y los días y seguía siendo la noticia más destacada, ya no sólo se denunciaba su detención, sino la de otros miembros de su familia y además su desaparición forzada y su incomunicación.

Yanmarys estaba sorprendida de que la nueva víctima fuese una persona reconocida y más aún una mujer, pero notaba que nada de lo que se denunciaba sobre ese caso era muy distinto a lo que le había ocurrido a su hermana; sin embargo, de la teniente Carla Antón se habla muy poco en las redes sociales y en los portales de noticias: “Veo todos los días las noticias de la injusticia que hay con las mujeres presas políticas en Venezuela. Es muy lamentable lo que le ocurrió a la señora Rocío (San Miguel), pero ella no es la única presa política, son alrededor de 20 que están en esa situación y merecen que sus casos sean denunciados de la misma manera, que se hable de eso porque todos somos víctimas y estamos sufriendo por igual lo que ella está pasando”.

En el caso de la teniente Antón hay un elemento que aumenta la zozobra y es la distancia entre ella –detenida en la cárcel militar de Ramo Verde– y su familia: “Nosotras vivimos en Oriente, yo voy para un año sin verla y mi mamá va a cumplir 4 años sin verla, solo escucha su voz”. Carla y su mamá tenían una relación muy cercana, casi umbilical, por lo que su situación ha significado un gran golpe emocional para las dos.

“Ya son 4 años y 8 meses que mi hermana está privada de su libertad injustamente. Estos últimos dos  meses que han transcurrido del año ella ha caído en una fuerte depresión, no sale a compartir con las demás presas, en los días de visitas otras familias la invitan a compartir con ellos pero mi hermana no sale de la celda. Es triste y doloroso que ella esté allí, una mujer joven, con ganas de vivir, con sus sueños destruidos al estar injustamente privada de su libertad. Eso me suma las ganas de seguir luchando, de seguir alzando la voz por mi hermana”.

En Justicia, Encuentro y Perdón tenemos actualmente registradas 19 mujeres presas por motivos políticos en Venezuela desde 2018 hasta la fecha, entre civiles y militares. Mujeres que son madres, hijas, hermanas, a quienes se les han violado sus derechos más elementales, para quienes la Constitución y el debido proceso no han valido. Mujeres imposibilitadas de ver crecer a sus hijos, de estrechar un abrazo a sus padres, hermanos o esposos porque viven a kilómetros de distancia de los sitios de reclusión asignados; mujeres cuyos cuerpos se deterioran y enferman aun siendo jóvenes ante tanta injusticia; mujeres a quienes les fue arrebatada la razón de sus vidas.

La más reciente víctima de detención por motivos políticos también es una mujer, Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, experta en temas de seguridad y defensa, y docente universitaria. Pocas horas después de su detención arbitraria el 9 de febrero cuando se disponía a tomar un vuelo internacional en el Aeropuerto de Maiquetía, su única hija –quien la acompañaba– también fue detenida, así como sus dos hermanos, el padre de su hija y otra ex pareja que es un militar retirado. De ninguno se conoció el paradero por varias horas, incluso inicialmente se desconoció que en efecto estaban detenidos. Más de 60 horas pasaron hasta que el fiscal general informó oficialmente la detención de la activista y sin dar mayores detalles del lugar donde estaba recluida ni de su estado de salud físico ni emocional y tampoco de sus condiciones de reclusión. Solo anunció que ella y su ex pareja quedarían detenidos por estar presuntamente involucrados en una conspiración, y los demás serían excarcelados con medidas cautelares sustitutivas de libertad de presentación periódica en tribunales, prohibición de salida del país y prohibición de dar declaraciones públicas sobre sus casos.

Los días previos a conocerse esta información oficial las organizaciones de derechos humanos advirtieron de la desaparición forzada de San Miguel y su familia, pues los hechos se ajustaban a ese calificativo que configura una violación a los derechos humanos, las más grave después del asesinato o, como lo denominó Laura Louza, directora ejecutiva de la ONG Acceso a la Justicia, “la reina de las violaciones”, debido al peligroso estado de indefensión que representa para la víctima.

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas –suscrito por el Estado venezolano–  una desaparición forzada es toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad cometida por agentes estatales o por personas que actúan con la autorización y apoyo del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación o a revelar el paradero de la persona. Pero además, otros tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP), ratificada por Venezuela en 1994, también prevén este delito, así como nuestra propia Constitución en el artículo 45 que prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de las personas: “El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices o encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley”, precisa la Constitución.

Más allá del caso San Miguel, en Venezuela la detención arbitraria seguida de la desaparición forzada se han convertido en patrones sistemáticos casi por norma, pese a las denuncias de organizaciones de derechos humanos y de instancias internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas; incluso a pesar de que se trata de un crimen de lesa humanidad previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma, instrumento que rige la Corte Penal Internacional, que actualmente tiene en revisión la Situación Venezuela I.

Las 19 mujeres presas políticas en Venezuela han sido víctimas de ambos patrones, además de otra larga lista de violaciones a sus derechos humanos. Solo a modo de ejemplo, podemos recordar el caso de la sargento del Ejército Yusimar Montilla, quien tenía 7 meses de embarazo cuando fue detenida en la misma causa que la teniente Carla Antón. Fue confinada en una celda sucia, con ratas, incomunicada, sometida a tratos crueles e inhumanos y obligada a separarse de su bebé recién nacido para ser devuelta a prisión.

O Emirlendris Benítez, comerciante y madre, sentenciada por el caso dron a 30 años de prisión en un juicio sin pruebas en su contra y desprovisto del debido proceso. Actualmente esta mujer –a quien las torturas que sufrió en los primeros días de detención le causaron un aborto– no puede caminar por las complicaciones en su estado de salud, pues le han negado las peticiones de atención médica. Actualmente necesita ser operada de la columna con carácter de urgencia, pues tiene desgaste en varias vértebras, además padece fibromialgia crónica e hipertensión, todas enfermedades que surgieron en prisión. El pequeño hijo de Emirlendris crece lejos de su madre, no entiende por qué no puede estar con ella, la extraña, habla con su foto, tiene altibajos emocionales. “Como familiares pedimos una medida humanitaria. Ella es una de las 19 presas políticas en Venezuela acusada sin pruebas y su salud cada día va empeorando”, afirma entre lágrimas una familiar que prefirió mantener su nombre en resguardo.