Ley contra el fascismo: un nuevo golpe a los derechos humanos en Venezuela
Caracas abril 15, 2024.- Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y otras expresiones similares que “busca complementar la Ley de los Partidos Políticos y la Ley Contra el Odio”, según palabras de la vicepresidenta de la república al momento de presentar la propuesta de instrumento normativo ante el Hemiciclo.
El argumento para legislar en la materia está basado en los “métodos de violencia de acción política” manifestados en “expresiones de organizaciones y partidos políticos con tilde abiertamente fascista como los llamados a sanciones” y consignas que el gobierno considera alarmantes.
Una revisión a este proyecto de ley permite identificar que contiene conceptos amplios y de arbitraria interpretación, como el “neoliberalismo” y el “conservadurismo moral” contra los cuales institucionaliza la persecución por razones ideológicas al establecer sanciones e incluso penas de prisión, lo cual contraviene el estado social de justicia y de derecho establecido en la Constitución.
La norma pretende eliminar la pluralidad política en el país, justamente al discutirla en un año electoral, al prohibir la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales, políticas o de derecho que se considere hagan apología al fascismo; y al permitir la disolución de ONG y partidos políticos, la prohibición de acceso a cargos públicos (inhabilitaciones) por promover, hacer apología o adoptar posturas que la ley considere fascistas o neofascistas, lo cual limitaría sin duda la libertad de expresión, a la libertad de información y a la libertad de asociación.
Algunas de las penalidades que prevé el instrumento son prisión de 8 a 12 años e inhabilitación política por el tiempo que dure la condena para quien invoque, ejecute o promueva acciones violentas; y 6 a 10 años de prisión, además de inhabilitación, a quien conforme organizaciones sociales o políticas que promuevan el fascismo, neofascismo o expresiones similares o convoquen a reuniones públicas o manifestaciones
Otro aspecto altamente preocupante es que la ley pretende criminalizar y castigar conductas previas a su aprobación; es decir, aplicar carácter retroactivo, lo cual es contrario a la norma constitucional que establece que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo y que las leyes de procedimiento se aplicarán desde la entrada en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso.
En Justicia, Encuentro y Perdón consideramos que este proyecto de ley pudiera constituirse en una forma de establecer un régimen totalitario en Venezuela, lo cual limitaría sin duda alguna el ejercicio y la garantía plena de los derechos humanos de nuestro país, con énfasis en los derechos civiles y políticos. Además, este instrumento pudiera ser utilizado para perseguir a opositores reales o percibidos como tales por el gobierno en Venezuela y en tanto que criminaliza el activismo político, el activismo de derechos humanos y el activismo social.
