La impunidad de la justicia venezolana en el foco de la OEA

Caracas, 09 de mayo de 2024.- La práctica continuada y extendida de vulnerar los derechos humanos de los venezolanos es, sin duda, objeto de un constante escrutinio internacional, así como de preocupación de instancias y organizaciones en el mundo entero que por años han dado seguimiento a la situación venezolana. Uno de ellos es el Panel Independiente de Expertos de la Organización de Estados Americanos que recientemente presentó su tercer informe que desde el título asoma de manera lapidaria el oscuro contenido de sus 46 páginas producto del análisis en torno a la investigación y enjuiciamiento de los responsables de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.

Impunidad en Venezuela, luz verde para crímenes de lesa humanidad: Un análisis sobre la ausencia de esfuerzos internos para la rendición de cuentas en Venezuela expone de manera exhaustiva la revisión que realizaron los expertos Santiago Cantón, Irwin Cotler, Manuel Ventura Robles y Joanna Frivet de una muestra representativa de los casos más notorios de crímenes de asesinato, tortura, encarcelamiento y persecución. En el estudio se afirma que el Estado venezolano solo concluyó 12 juicios de 183 casos, lo que representa solo 6%; y que “de manera desconcertante, el Estado de Venezuela no ha iniciado ningún tipo de proceso judicial en 52,5% de todos los casos revisados”.

El examen del Panel determinó que en 70% de los casos de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales la justicia venezolana no ha señalado a ningún responsable, lo mismo ocurre con 83% de al menos 1.500 casos documentados de tortura. El informe contiene gráficos que ilustran las conclusiones de cada categoría de estudio.

Impasividad del Estado

Durante la presentación del informe en la sede de la OEA en Washington los expertos no solo expusieron los hallazgos de su trabajo, sino que denunciaron la inacción de la justicia en Venezuela ante los crímenes documentados.

«Venezuela no está cumpliendo con sus obligaciones (…) de exigir responsabilidades» y en estas circunstancias la intervención de la fiscalía de la CPI «es fundamental para impulsar la investigación y procesamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela», aseveró la experta Joanna Frivet, quien pidió al tribunal internacional que “se implique más, de forma urgente, considerando la naturaleza actual de los crímenes, para abrir investigaciones contra individuos específicos y hacer avanzar estos casos ante la Corte con el fin de emitir órdenes de arresto”, dijo.

Y es que como se señala en el informe “existe una brecha de impunidad significativa que deja a la gran mayoría de las víctimas de crímenes de lesa humanidad sin ninguna expectativa de justicia en un contexto de violencia sistemática en curso… Una brecha de impunidad de facto no es simplemente un subproducto de la negligencia legislativa, sino que también es un reflejo de la falta de voluntad y capacidad genuinas del Estado venezolano para lograr la rendición de cuentas a nivel nacional”.

El Panel considera que la política deliberada de procurar impunidad a los perpetradores de nivel medio y alto responsables de los crímenes de lesa humanidad ha contribuido directamente y posibilitado la perpetración continua de crímenes similares contra candidatos de la oposición política, sus equipos de trabajo y sus familiares, en el período previo a las elecciones venezolanas de 2024. Por ello el llamado a la CPI a tomar una participación más activa: “El Panel recomienda que sea consciente de la continua comisión de crímenes y de la obstrucción de la justicia, incluso por parte del Ejecutivo, los jueces y los fiscales, que surge por la demora en la rendición de cuentas”.

Los expertos también encuentran primordial que la Fiscalía de la Corte publique la lista de los temas que está considerando y que están siendo investigados por el propio Estado, así como el contenido del último memorando que firmó con el Estado venezolano.

Además incluyen recomendaciones a las ONG; a actores de la sociedad civil y víctimas venezolanas; a los Estados parte de la CPI y a otros Estados; a los Estados miembros de la OEA; al secretario general de la OEA; y al Estado venezolano al que, entre otros, pide el cese de los actos de represión y el encubrimiento de crímenes, así como cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y emprender reformas institucionales significativas.

Testigos del horror 

Durante la presentación del informe en la sede de la OEA en Washington se escucharon testimonios de víctimas de detenciones arbitrarias y torturas, así como de familiares de personas cuyos asesinatos continúan impunes. Los relatos fueron un recordatorio del horror que han vivido estas personas, pero también de una realidad que sigue ocurriendo en diversos sitios de reclusión administrados por cuerpos de seguridad civiles y militares. En todos los casos ha prevalecido la impunidad, aun cuando están identificados los perpetradores, lo cual conduce a una mayor y dolorosa revictimización.