Omisión, impunidad y dolor: Hay una responsabilidad directa del Estado venezolano por las muertes bajo su custodia
Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), aseguró que la muerte ocurrida el pasado 3 de mayo dentro de una cárcel venezolana, al igual que otros similares, se enmarca en un patrón de negligencia, impunidad y violación de derechos humanos en el sistema penitenciario del país.
“Las personas privadas de libertad están bajo la absoluta responsabilidad del Estado. Su vida, su salud y su integridad deben ser protegidas por quienes las tienen bajo custodia. Cuando alguien muere en estas condiciones, hay una responsabilidad directa del Estado venezolano”, afirmó Tineo en entrevista con Idalia Chirinos, en el programa La Tarde de NTN24.
La abogada recordó que desde 2014 se han registrado más de 20 muertes de presos políticos en custodia oficial. “Más allá del número, lo grave es que estas muertes ocurren sin que se investigue, sin transparencia, sin justicia. Eso solo alimenta la impunidad”, sostuvo.
Muertes deben ser investigadas
El caso más reciente, según indicó, se trata de un joven cuyo fallecimiento fue atribuido a un presunto suicidio, aunque ya había señales previas de deterioro emocional. “Este muchacho ya había mostrado intentos anteriores. Eso da cuenta de un profundo sufrimiento psicológico. ¿Dónde estuvieron las alertas tempranas? ¿Dónde está la atención que debió recibir?”, cuestionó Tineo.
Denunció además que sus familiares fueron sometidos a un sepelio controlado y sin acceso a información, lo que a su juicio constituye una nueva vulneración de derechos. “Se les niega la verdad, la justicia y cualquier posibilidad de reparación. La madre de este joven no tuvo ni siquiera los medios para visitarlo desde que fue detenido. Y ahora queda sola, sin respuestas, sin justicia y con miedo”, agregó.
Tineo también alertó sobre la grave situación de salud que enfrentan decenas de presos políticos en Venezuela. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha identificado a más de 80 personas con enfermedades crónicas como cáncer, insuficiencia renal o afecciones cardiovasculares, que no reciben tratamiento médico adecuado.
“Muchas de estas muertes podrían haberse evitado si las autoridades hubiesen aplicado medidas humanitarias, tal como lo permite la ley. Pero hay una omisión evidente por parte de jueces, del Ministerio Público, y también de funcionarios penitenciarios que conocen los casos, pero no actúan”, advirtió.
No son los muertos de nadie
Uno de los casos más críticos es el de Ermiléndez Benítez, detenida desde 2018, postrada en una silla de ruedas, con hipertensión severa y dolor crónico. A pesar de los múltiples llamados, su traslado a un centro de salud no ha sido autorizado.
La situación se agrava por el aislamiento prolongado, las condiciones precarias de reclusión y la negativa de las autoridades a recibir alimentos, medicinas o artículos de higiene enviados por los familiares.
“Eso es tortura blanca. El sistema penitenciario en Venezuela no garantiza ni lo básico, y las familias, en medio de una crisis económica, hacen un esfuerzo enorme para llevar insumos que muchas veces no les permiten entregar”, denunció Tineo.
La defensora lamentó que estas muertes ocurran sin consecuencias y en completo silencio institucional. “No podemos resignarnos a que estos sean los muertos de nadie. Son los muertos de todos. Cuando se violan los derechos humanos y no hay justicia, se condena a toda la sociedad a que estos horrores se repitan”, concluyó.
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