Mil vidas tras las rejas desde las elecciones presidenciales: el costo humano de la persecución en Venezuela
A las puertas del primer aniversario de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela atraviesa una de las fases más oscuras en materia de derechos humanos de las últimas dos décadas. Así lo ha denunciado Martha Tineo, coordinadora general de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), quien ofreció un balance sobre la magnitud de la persecución en el país: más de 1.000 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, muchas de ellas en condiciones de detención que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Antes del 28 de julio del 2024 había un registro de poco más de 300 personas presas por razones políticas, y ese número se incrementó de forma exponencial a partir del 29 de julio del 2024”, precisó Tineo, en declaraciones que reflejan la consolidación de un aparato represivo estatal activado tras los cuestionados comicios.
De la persecución selectiva a la represión masiva
Desde la jornada electoral, caracterizada por denuncias de irregularidades, exclusión de candidaturas opositoras y ausencia de garantías democráticas, el Estado venezolano ha intensificado su política de persecución contra activistas, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición y grupos diversos de la sociedad civil.
“Pese a todos los esfuerzos que se han hecho desde la sociedad civil venezolana, tanto como desde organizaciones internacionales y los múltiples exhortos, llamamientos y pronunciamientos de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos activados respecto a la situación de Venezuela, el registro de personas presas por razones políticas se mantiene por encima de las mil”, advirtió Tineo.
La cifra actual representa más del triple del número registrado antes de las elecciones de 2024, y constituye una grave señal del uso del sistema judicial y penal como herramienta de control político.
Criminalización, detención arbitraria y condenas anticipadas
Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado un patrón reiterado: detenciones sin orden judicial, imputaciones infundadas, privación de libertad sin juicio previo y negación del derecho a la defensa. La mayoría de las personas detenidas no han sido presentadas ante un tribunal en respeto al debido proceso.
“En muchos casos, o en la mayoría de los casos, no se han realizado los juicios correspondientes. Estas personas se mantienen privadas de libertad cumpliendo una suerte de condena anticipada”, explicó Tineo, destacando la violación sistemática de los principios de presunción de inocencia y legalidad penal.
Condiciones de detención degradantes: una crisis dentro de la crisis
La situación dentro de los centros de reclusión es igualmente alarmante. De acuerdo con los informes recopilados por la organización, las condiciones de detención violan los estándares internacionales establecidos por la Convención contra la Tortura y otros instrumentos del sistema universal y regional de derechos humanos.
“Si a eso sumamos las dantescas condiciones de reclusión que van desde el hacinamiento, la insalubridad, la falta de agua potable, atención médica, medicina y alimentación adecuada, entonces, además de la terrible injusticia de encontrarse tras las rejas en violación al debido proceso, se reportan casos de deterioro grave en la salud física y mental de estas personas”, añadió Tineo.
Especial preocupación generan los casos de cuatro adolescentes detenidos arbitrariamente, cuya reclusión prolongada en entornos inadecuados para menores de edad representa una violación directa a la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Venezuela es Estado Parte.
El aislamiento como herramienta de castigo
Otro de los elementos sistemáticamente documentados por JEP y otras organizaciones es el uso del aislamiento prolongado y la incomunicación como forma de castigo y coerción. En muchos casos, ni siquiera los familiares ni los abogados defensores han podido establecer contacto con los detenidos, lo que agrava la indefensión jurídica y el riesgo de tortura.
“Insistimos en que el aislamiento y la incomunicación pueden ser considerados tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La incomunicación prolongada vulnera absolutamente todos los estándares internacionales sobre detención”, alertó Tineo.
Esta práctica ha sido aplicada también a ciudadanos con doble nacionalidad o nacionalidad extranjera, quienes, según denuncias, han sido detenidos sin que se les permita el servicio consular, en clara contravención a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
“Muchas familias ni siquiera han podido tener comunicación con ellas. Se les ha violado el debido proceso y el derecho a la defensa”, subrayó la coordinadora de JEP.
Un impacto que trasciende lo individual
Para Tineo, el drama de la prisión política no se limita a quienes se encuentran tras las rejas:
“Si hablamos de más de mil personas detenidas por razones políticas, entendemos que el impacto de la prisión abarca a muchas más, a miles de personas, si consideramos a todos los miembros de su familia”, dijo.
El encarcelamiento injusto de cientos de ciudadanos genera un efecto devastador en el tejido social, al desarticular comunidades, empobrecer hogares, generar miedo colectivo y cercenar el ejercicio de derechos civiles fundamentales.
“Son vidas que se están perdiendo tras las rejas, personas que pudieran estar aportando sus talentos y su trabajo a la sociedad venezolana, y que hoy permanecen encarceladas junto a sus familias, en un país en profunda crisis económica y social”, lamentó.
Respaldo internacional: informe del Alto Comisionado Volker Türk
La denuncia de Justicia, Encuentro y Perdón se alinea con el más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentado en junio de 2025 ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El informe documenta el uso sistemático de la detención arbitraria en Venezuela, así como restricciones severas a la libertad de expresión, asociación y manifestación.
Türk advirtió que el patrón de persecución “socava gravemente el Estado de derecho” y constituye “una afrenta a los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos”. El Alto Comisionado reiteró su llamado a las autoridades venezolanas para que liberen a todas las personas detenidas por motivos políticos, garanticen juicios justos y cesen la criminalización de la disidencia.
“Seguiremos del lado de las víctimas”
Ante la magnitud de esta crisis, Martha Tineo ratificó el compromiso de Justicia, Encuentro y Perdón:
“Nuestro balance es de una situación sumamente grave, y nos quedamos siempre del lado de las víctimas, acompañándolas, elevando la voz junto a ellas”.
Justicia, Encuentro y Perdón insiste en que la comunidad internacional no puede normalizar el encarcelamiento de la disidencia ni la consolidación de un modelo autoritario, y llama a mantener activos los mecanismos diplomáticos, de protección y la exigencia de justicia.
“No estamos hablando de cifras, estamos hablando de vidas. De ciudadanos que ejercieron su derecho a disentir y hoy enfrentan un sistema que busca quebrarlos física y moralmente. Pero no están solos. Seguiremos denunciando, documentando, exigiendo y acompañando”, concluyó Tineo.
