Designaciones sin independencia: retroceso en el Estado de derecho
Caracas, 09 de abril de 2026.- La reciente designación de los titulares del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo por parte de la Asamblea Nacional no constituye un avance hacia la reinstitucionalización del país; por el contrario, consolida una arquitectura diseñada para blindar al poder político frente al escrutinio internacional.
Como organización dedicada a la defensa de las víctimas, analizamos con extrema preocupación que la selección de estos perfiles no responde a criterios de idoneidad técnica o independencia, sino a la especialización en la narrativa de negación de violaciones de derechos humanos.
En este contexto, el Ministerio Público deja de ser un órgano llamado a ejercer la acción penal con autonomía y se transforma en una barrera de contención frente a la rendición de cuentas. El caso del nuevo Fiscal General es ilustrativo: su actuación durante años como representante del Estado ante instancias internacionales se ha centrado en desestimar denuncias, relativizar patrones de represión y persecusión, así como de justificar jurídicamente la actuación de los cuerpos de seguridad. Este historial no es neutro ni accesorio; define un posicionamiento que resulta incompatible con el principio de imparcialidad que debe regir la función fiscal.
Desde la perspectiva del Estatuto de Roma y el principio de complementariedad, este nombramiento es un mensaje directo a la Corte Penal Internacional: el Estado no tiene la voluntad de investigar genuinamente a la cadena de mando. No se puede esperar que quien ha construido la defensa jurídica del Estado ante instancias internacionales sea ahora quien lidere una acción penal objetiva contra esos mismos actores. Su rol ha sido el de «lavar la cara» de la gestión oficial, y su ascenso a la Fiscalía General garantiza que el Ministerio Público siga funcionando como un filtro para impedir que la justicia alcance a los máximos responsables.
La Defensoría del Pueblo: De escudo de los vulnerables a validadora del sistema
En paralelo, la situación de la Defensoría del Pueblo refleja un proceso similar de desnaturalización institucional. La designación de su titular en un contexto de opacidad y sin auditoría social no solo debilita la legitimidad del cargo, sino que vacía de contenido su mandato. La Defensoría, concebida como la primera línea de defensa de los ciudadanos frente al abuso estatal, queda reducida a una instancia formal sin capacidad real de incomodar al poder o de documentar con rigor las violaciones de derechos humanos.
Para las víctimas y sus familias, este perfil no genera confianza ni seguridad jurídica. Una Defensoría que nace de la negociación política y no del concurso de méritos competitivo, está inhabilitada para incomodar al poder o para documentar con rigor las detenciones arbitrarias y los casos de tortura que, como hemos denunciado, siguen ocurriendo en centros como el Rodeo I.
Orfandad jurídica
El efecto combinado de estas designaciones es la configuración de un sistema que se cierra sobre sí mismo. Los órganos encargados de controlar la legalidad y proteger los derechos terminan en manos de actores que han validado o justificado las irregularidades en distintos escenarios, incluyendo foros internacionales. Esta dinámica elimina los contrapesos y crea las condiciones para la normalización de prácticas represivas, en la medida en que quienes ejecutan dichas prácticas tienen la certeza de que no enfrentarán consecuencias. Los hechos recientes de represión contra trabajadores y periodistas evidencian una realidad en desarrollo que encuentra en esta arquitectura institucional un soporte funcional.
En definitiva, la legitimidad de las instituciones no puede reducirse a su formalización en instrumentos oficiales, sino que depende de su capacidad real para actuar con independencia, investigar abusos y responder al clamor de las víctimas. Mientras los procesos de selección continúen guiados por criterios de lealtad política en lugar de mérito, transparencia y control ciudadano, el Ministerio Público seguirá operando como un mecanismo de contención de la justicia, la Defensoría del Pueblo como una estructura vaciada de contenido, y el llamado Poder Ciudadano como una ficción institucional.
La recuperación de la justicia en el país debe pasar por la reconstrucción de las reglas que rigen el acceso y ejercicio del poder público. Sin ello, lo que se consolida no es un Estado de derecho, sino un sistema de gestión política de la impunidad.
