Las cinco madres que se llevó la prisión política en Venezuela

Caracas, 19 de mayo de 2026.- La privación de libertad por motivos políticos en Venezuela ha dejado de ser únicamente una vulneración de derechos fundamentales para convertirse en un mecanismo de castigo extendido, cuyo impacto más devastador recae sobre el núcleo familiar. La reciente noticia del fallecimiento de la señora Carmen Navas, madre de Víctor Quero Navas, eleva a cinco el número de madres que han muerto bajo el peso de la ausencia, la angustia y la negación de justicia hacia sus hijos.

La cronología de este dolor —que incluye a Omaira Navas, Carmen Teresa Dávila, Yarelis Salas y Yenny Barrios— revela una realidad ineludible: el cautiverio político es una forma de violencia estatal que consume la existencia de familias enteras. Las causas de estos decesos, que transitan entre infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones agudas, son el reflejo clínico de un duelo prolongado, de la vigilia constante ante centros penitenciarios y de la desolación que produce la falta de respuestas oficiales.

Resulta particularmente intolerable que este daño irreversible ocurra en un contexto donde el Estado sostiene un discurso de normalización y transición. No existe arquitectura legal, ni justificación política, ni premisa moral que valide la prolongación de este calvario. La muerte de una madre esperando el regreso de un hijo no es un «daño colateral»; es la evidencia fehaciente de una falla institucional absoluta.

Cinco historias de arraigo y pérdida

El sufrimiento infligido a estas madres constituye una violación directa al principio de personalidad de la pena —el cual establece que el castigo no debe trascender al reo— y se configura como un trato cruel, inhumano y degradante de carácter colectivo. El colapso de la salud de estas mujeres es el resultado directo de un estado de alarma perenne, vigilias extenuantes, asfixia económica y la angustia crónica de la separación forzosa.

En este sentido, La dimensión de esta alarma institucional se sustenta en los siguientes casos rigurosamente documentados, donde la prisión política se cobró la vida de las madres protectoras:

• Omaira Navas (Madre de Ramón Centeno): Su hijo fue detenido el 2 de febrero de 2022 bajo acusaciones penales infundadas tras realizar una entrevista periodística, sufriendo un grave deterioro de salud en reclusión. Tras una incansable lucha familiar, Ramón fue excarcelado el 14 de enero de 2026. Apenas trece días después de lograr ver a su hijo en libertad, el desgaste acumulado se manifestó clínicamente: la señora Omaira Navas falleció el 27 de enero de 2026 a causa de un accidente cerebrovascular (ACV).
  
• Carmen Teresa Dávila de Yéspica (Madre de Jorge Yéspica): Su hijo fue privado de libertad el 1 de noviembre de 2024 tras manifestar disidencia política a través de redes sociales, permaneciendo más de un año en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) bajo condiciones de aislamiento. Jorge fue liberado bajo medidas cautelares en enero de 2026. Su madre, de cerca de 90 años de edad y con una salud severamente debilitada por la angustia del proceso, falleció el 4 de febrero de 2026 en un centro hospitalario de Aragua debido a una insuficiencia respiratoria aguda derivada de un tromboembolismo pulmonar, presuntamente sin haber llegado a conocer la noticia de la liberación de su hijo.
  
• Yarelis Salas (Madre de Kevin Orozco): Su hijo fue detenido en el contexto de las protestas postelectorales de 2024 y recluido por más de un año. La señora Yarelis lideró activamente múltiples vigilias e iniciativas de exigencia pública a las puertas del penal de Tocorón. El esfuerzo físico y la presión emocional sostenida provocaron su deceso a causa de un infarto fulminante en enero de 2026; solo unos días después de su fallecimiento, el 25 de enero de 2026, las autoridades procedieron a la excarcelación de Kevin.
  
• Yenny Barrios (Madre de Diego Sierralta): Su hijo fue detenido arbitrariamente el 22 de enero de 2025 por cuerpos policiales cuando intentaba conseguir parches de fentanilo para paliar los dolores de la enfermedad oncológica de su madre, siendo falsamente acusado de delitos de narcotráfico. Diego fue liberado en noviembre de 2025 tras una intensa presión pública. Su madre, cuyo cuadro clínico se agravó aceleradamente ante la falta de cuidados de su hijo y la angustia de su reclusión, falleció el 5 de noviembre de 2025 a causa de un linfoma no Hodgkin.
  
• Carmen Teresa Navas (Madre de Víctor Quero Navas): Su hijo de 51 años fue detenido el 1 de enero de 2025 y sometido a una condición de desaparición forzada que se extendió por más de 17 meses, según reportes de la organización, ignorando las medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la solicitud al Estado venezolano por parte del Grupo de Trabajo de Personas Desaparecidas de la ONU respecto el paradero de Quero, el cual nunca recibió respuesta alguna. Su madre, Carmen Teresa Navas de 82 años, exigió repetidamente una fe de vida sin respuesta oficial, denunciando opacidad estatal que viola tratados internacionales. El Ministerio de Servicios Penitenciarios anunció el 7 de mayo de 2026 el deceso de Víctor bajo custodia del Estado, argumentando que falleció el 24 de julio de 2025. Tan solo un día antes de este comunicado, la señora Navas fue informada sobre sobre la negación del beneficio de la amnistía para su hijo, como si se tratara de un preso político vivo. Tras someterse al trauma irreversible de tener que reconocer el cuerpo de su hijo fallecido en prisión, la señora Carmen Navas murió diez días después, el 17 de mayo de 2026, a los 82 años de edad, producto del desgaste sistémico y la denegación cruel, absoluta e incomprensible de justicia.

Activación de mecanismos de responsabilidad

La repetición de estos episodios de letalidad indirecta exige una mutación en la estrategia de exigencia y documentación de la comunidad defensora de derechos humanos hasta el logro de la justicia. La impunidad debe cesar.

1. Reconfiguración estratégica de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Las organizaciones de derechos humanos debemos trascender  en la documentación de las detenciones arbitraria e incorporar la figura del daño extensivo. Es imperativo documentar el estado de salud de los núcleos familiares, correlacionando el deterioro médico de los familiares con las acciones u omisiones de los entes penitenciarios y judiciales. Estos fallecimientos deben ser incorporados en el registro de casos de violaciones al derecho a la integridad personal del grupo familiar y como muertes potencialmente imputables al Estado por su responsabilidad en las condiciones extremas de sufrimiento.

2. Activación de la Justicia Universal y Organismos Multilaterales

• La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deben considerar estos casos con miras a establecer la responsabilidad del Estado.
  
• La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) como parte de sus investigaciones debe integrar estos casos dentro de aquellos que resultan de una política sistémica de ataque contra grupos de la sociedad civil y, en tanto, constitutivos de crímenes de lesa humanidad.
  
• Las relatorías especiales sobre la Tortura y sobre la Salud deben emitir pronunciamientos que fijen la responsabilidad del Estado.

3. Exigencia de consecuencias penales concretas

Es necesario construir expedientes individuales orientados a la activación de la jurisdicción universal y otras vías de justicia internacional. Los funcionarios que detienen arbitrariamente, desaparecen forzadamente, niegan fe de vida, que dilatan deliberadamente las boletas de excarcelación o que ignoran medidas de protección internacionales deben saber que sus acciones generan responsabilidades penales imprescriptibles.

La sociedad civil junto a organismos internacionales debemos coordinar acciones que inequívocamente demuestren que consumir la vida de las familias venezolanas mediante el arbitrio del poder tiene y tendrá consecuencias penales definitivas.

El dolor humano que exige el fin del arbitrio

Detrás de cada reja y de cada expediente judicial, hay una silla vacía que nunca volvió a ocuparse a tiempo, un suspiro de asfixia en la soledad de un hospital y un abrazo postergado que la crueldad transformó en despedida. Las muertes de Omaira, Carmen Teresa, Yarelis, Yenny y Carmen Navas no son meros datos de un registro de víctimas; son el testimonio más desgarrador de un amor materno que resistió hasta el último límite de sus fuerzas biológicas, sosteniendo el peso del cautiverio de sus hijos mientras sus propios cuerpos se desvanecían en la penumbra de la espera.

Hacer memoria por ellas es un acto de resistencia absoluta contra la normalización del horror. Sus nombres ya no pertenecen a la crónica del dolor, sino al altar invisible de la dignidad de todo un país.

Una nación no puede reconstruirse sobre el corazón roto de sus madres. Por el peso de sus ausencias, por la santidad de sus luchas cotidianas a las puertas de las prisiones y por la justicia que les fue negada en vida, la exigencia colectiva no puede retroceder. Sus voces, ahora apagadas, se multiplican hoy en el reclamo unísono de una sociedad que no olvidará: ni una madre más sepultada por la angustia, ni un hijo más arrebatado por el arbitrio del poder.

Que la tierra les sea leve, y que su memoria sea la fuerza que finalmente abra todas las celdas.