Diez ONG venezolanas presentan propuesta técnica para la renovación de magistrados del TSJ

Caracas; 23 de septiembre 2026.- En el marco del proceso de renovación del máximo tribunal del país, diez ONG venezolanas han unido esfuerzos para proponer un baremo técnico de evaluación que garantice la idoneidad y autonomía de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ). El documento exige que el proceso se rija por principios de transparencia, paridad de género y representación territorial, asegurando que la preselección de magistrados del TSJ se base en méritos y no en cuotas de poder.

Presentamos el texto completo de la propuesta a continuación:

Propuesta de matriz técnica de factores sobre estándares de idoneidad e independencia para valorar la integración del Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ)

Como miembros de la sociedad civil proponemos una matriz técnica de factores de idoneidad, independencia y representatividad para valorar a las personas de la sociedad civil que aspiren a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), instancia clave en la preselección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Con esta matriz no se busca crear nuevos requisitos legales ni una lista de “cumple/no cumple”, sino aportar criterios objetivos, públicos y verificables que permitan evaluar las postulaciones al CPJ bajo un lenguaje común.

El principio de partida es la transparencia: perfiles, credenciales y criterios de selección deben ser públicos, auditables y sujetos a observación e impugnación.

PUNTO PREVIO 

 ¿QUIÉN HACE QUÉ?

Comisión Preliminar: integrada por 11 diputados. Abre y conduce el proceso para seleccionar a los representantes de la sociedad civil que integrarán el CPJ.

Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ): integrado por esos 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil. Se trata del órgano que evalúa y preselecciona a los candidatos a magistrados del TSJ.

Antes de seleccionar a la sociedad civil. También debe evaluarse cómo está integrada la propia Comisión Preliminar:

Pluralidad política: que ninguna fuerza política controle por sí sola la Comisión y que exista representación de la diversidad de la Asamblea Nacional, en el caso de los diputados.

Experticia en justicia: que sus integrantes tengan experiencia o conocimientos relevantes en justicia y no respondan únicamente a cuotas políticas.

LEGITIMIDAD DE LAS POSTULACIONES

Las postulaciones de sociedad civil deberían representar sectores identificables —académico, gremial, profesional, comunitario, derechos humanos, económico, humanitario, ambiental, cultural, entre otros— y contar preferiblemente con respaldo institucional verificable y que estén relacionados con el área jurídica.

Factor a ponderar / Respaldo sectorial: se valorará especialmente que la candidatura cuente con aval formal de una o varias organizaciones del sector que afirma representar.

REQUISITOS LEGALES DE PARTIDA

El artículo 68 de la LOTSJ exige:

— Ser venezolano/a.

— Ser mayor de 35 años.

— Tener reconocida honorabilidad y probidad.

— No tener condena penal definitivamente firme ni determinadas sanciones administrativas.

Estos son los mínimos legales. La matriz propone factores adicionales para valorar con mayor profundidad la idoneidad e independencia.

 MATRIZ · FACTORES A PONDERAR

A. INDEPENDENCIA Y HONORABILIDAD

Origen independiente: que el cargo o representación que se invoca no provenga de designaciones o intervenciones de poderes públicos que comprometa su autonomía.

Ausencia de señalamientos graves: no haber sido señalado o sancionado por organismos o mecanismos internacionales por violaciones de derechos humanos.

Independencia económica del Estado: ausencia de contratos, cargos o beneficios provenientes del Estado que puedan generar conflictos de interés o comprometer su autonomía.

B. IDONEIDAD Y TRAYECTORIA

Experiencia comprobable: Con base en la normativa constitucional prevista en el artículo 264, las organizaciones que postulen personas para conformar el CPJ deben estar vinculadas a la actividad jurídica; en ese sentido, que las la evaluación individual de candidatos de organizaciones que les postulen de la trayectoria debe ser relevante en materia de justicia, derechos humanos u otras áreas vinculadas con las funciones del Tribunal Supremo de Justicia.

Trayectoria institucional: funcionamiento real y verificable de la organización o sector que representa.

Conocimiento de estándares: experiencia o formación en estándares nacionales e internacionales de estándares, leyes, justicia y derechos humanos.

C. PARIDAD Y REPRESENTATIVIDAD REGIONAL

Paridad de género: composición equilibrada entre hombres y mujeres en el conjunto de integrantes del componente de sociedad civil, tomando como referencia el estándar de paridad 50-50 que el Comité CEDAW de la ONU reconoce como punto de partida para la integración de órganos de toma de decisión, incluido el Poder Judicial.

Representación territorial: presencia de postulantes y organizaciones con arraigo y actividad verificable fuera del área metropolitana de Caracas, que refleje la diversidad regional del país y no reproduzca la concentración histórica de los circuitos jurídicos y gremiales en la capital.

Pluralidad generacional y de trayectorias: presencia de perfiles de distintas generaciones y trayectorias profesionales, evitando la sobrerrepresentación de un mismo círculo o cohorte profesional.

D. VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Soporte documental: los elementos utilizados para valorar cada candidatura deben poder acreditarse y verificarse públicamente.

Principio general: ningún factor debería analizarse aisladamente. La valoración debe considerar en conjunto independencia, idoneidad, trayectoria, representatividad y transparencia, lo cual será posible solo en la medida que se haga público un baremo con puntuación medible por cada área de valoración, en cumplimiento de la Constitución, la ley, los estándares aplicables y estas recomendaciones.

Esta matriz busca contribuir a que la integración del Comité de Postulaciones Judiciales sea transparente, plural, independiente y basada en mérito, y no únicamente en el cumplimiento formal de requisitos. Contar con criterios públicos, verificables y aplicados de manera conjunta permitirá fortalecer la confianza ciudadana, facilitar la contraloría social y asegurar que quienes participen en la selección de los próximos magistrados del TSJ cuenten con la independencia, idoneidad y legitimidad necesarias para una tarea de tanta relevancia institucional.

Suscriben 

Ideas por la Democracia 

Centro de Justicia y Paz (Cepaz)

Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD)

Lateral Lab

Caleidoscopio Humano