Amenazas de violación, electricidad en los genitales y registros invasivos: lo que la ONU documenta sobre violencia sexual y nombra sin eufemismos
Antes de entrar en los casos, quiero explicar algo que la propia Misión reconoce sobre este tema en particular, porque cambia la forma de leer todo lo que sigue. De todas las violaciones documentadas en este informe, la violencia sexual es probablemente la más subregistrada. La que menos casos reales logra capturar en comparación con los que realmente ocurrieron. No es porque sea menos frecuente sino porque el trauma, el miedo a represalias contra la propia víctima o su familia, y el estigma social asociado a hablar de esto en público, funcionan como un muro adicional. En Venezuela se han cometido estos crímenes contra presos políticos de todas las edades y géneros, aunque se siguen necesitando más recursos y mecanismos para seguir documentando. Aún no es seguro publicar todo con detalles. El informe señala algo que suele pasarse por alto: estas barreras de silencio son «especialmente significativas para hombres y personas LGBTIQ+», precisamente el grupo de víctimas del que menos se suele hablar cuando pensamos en violencia sexual en contextos de detención. Así que cada caso que la Misión logró documentar representa, con toda probabilidad, muchos más que nunca llegarán a contarse.
El caso de la concejala de Zulia
Hay una historia en este informe que aparece fragmentada en dos secciones distintas del documento, una sobre negación de atención médica y otra sobre violencia sexual, pero que es, en realidad, la historia de una sola mujer. Es concejala municipal del estado Zulia, vinculada a un partido de oposición, y la Misión la identifica solo por su cargo, no por su nombre, esta es una decisión editorial habitual para proteger a las víctimas de violencia sexual, y que nosotros también vamos a respetar. En el informe se menciona como entrevista ACIV003 y es mencionada en distintos párrafos y secciones.
Fue detenida por tercera vez en su vida el 31 de mayo de 2025 y permaneció privada de libertad hasta su excarcelación, el 12 de enero de 2026. Durante su reclusión en el DIP de Maracaibo, las autoridades la privaron de alimentos durante los primeros tres días pese a que tenía una afección gástrica conocida, hasta que se desmayó en el sótano del tribunal. La atención médica que recibió después fue, según el informe, tardía e insuficiente.
Aquí aparece el nombre que hay que presentar correctamente esta vez. El director del centro de detención, identificado como Mickael Pérez, le negó reiteradamente el acceso médico, y llegó a destruir órdenes judiciales que autorizaban su traslado al hospital. Su salud se deterioró hasta un punto extremo: sufrió desnutrición grave, vómitos con sangre, pérdida parcial de la visión, septicemia y acumulación de líquido en el corazón y las piernas. Solo la llevaron a un hospital cuando ya estaba en estado crítico. Pasó cuatro días en cuidados intensivos y doce hospitalizada. Luego la devolvieron a prisión sin haber terminado el tratamiento médico.
Ese mismo director, Mickael Pérez, vuelve a aparecer más adelante en el informe, esta vez en la sección dedicada a violencia sexual, vinculado junto a otro funcionario identificado solo por su apellido, Galicia, a actos de violencia sexual y de género contra esta misma concejala durante su detención en una dependencia de la Policía Nacional Bolivariana en San Francisco, estado Zulia.
Leídos juntos, estos dos fragmentos del informe cuentan algo que por separado no se entiende del todo: una misma persona, bajo la responsabilidad de un mismo funcionario, sufrió negación deliberada de atención médica que casi le cuesta la vida, y también violencia sexual, como parte de una misma experiencia de detención prolongada por su actividad política de oposición. Como en otros casos, acá tampoco fueron hechos aislados el uno del otro. Fueron parte de un mismo patrón de castigo sostenido en el tiempo contra la misma mujer.
Cuando la víctima es un hombre
Este informe 2026 también documenta un caso que ayuda a romper una idea equivocada, la de que la violencia sexual en detención solo afecta a mujeres. Un periodista, detenido en el Comando Nacional Antidrogas de Las Acacias-Caracas, relató que fue sometido a desnudez forzada, exposición al agua fría, restricciones alimentarias y falta de atención médica. Según su testimonio, el responsable del centro se bajó los pantalones frente a él y lo amenazó explícitamente con violarlo. El mismo periodista dijo haber presenciado, además, cómo mujeres detenidas en ese lugar eran desnudadas y golpeadas con palos delante de otras personas. (párrafo 462 del informe)
Durante esos hechos, la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana la ejercía el Mayor General Elio Ramón Estrada Paredes, en el cargo desde julio de 2023 hasta marzo de 2026.
Lo dice la Misión sin rodeos
En sus conclusiones generales, la Misión resume el patrón completo con una lista que es preferible no suavizar, porque la claridad es parte de lo que hace valioso este informe: amenazas de violación, tocamientos sexuales, descargas eléctricas en los genitales, desnudez forzada y registros corporales invasivos, incluidos exámenes de las partes íntimas. Además, aclara algo jurídicamente relevante: según las circunstancias de cada caso, estos actos constituyeron tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es la misma calificación legal que vimos en el artículo anterior sobre las celdas de castigo.
Esto no empezó el 3 de enero
Por último hay que dar un dato que conecta este artículo con el primero de la serie, el de la continuidad del aparato represivo. La Misión ya había concluido, en un informe de diciembre de 2025 dedicado específicamente al papel de la Guardia Nacional Bolivariana, que este componente militar hizo una «contribución institucional y operativa» a graves violaciones de derechos humanos desde 2014 (once años antes del ataque estadounidense y la caída de Maduro), incluyendo tortura, malos tratos y violencia sexual y de género cometidos por sus funcionarios. Es decir, lo que acabamos de mostrar en este extracto no es el comportamiento nuevo de instituciones nuevas. Es la continuación, documentada año tras año por la misma Misión de la ONU, de una práctica institucional con más de una década de antigüedad que además se ha ido reforzando por la impunidad.
Luis Carlos Díaz
