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Ante la inexistencia de registros oficiales confiables y la profunda opacidad institucional en Venezuela, JEP ha desarrollado una base de datos propia, actualizada y verificable sobre vulneraciones graves al derecho a la vida y a la libertad personal. Toda la labor de terreno se rige rigurosamente por el principio internacional de no hacer daño (do no harm), estructurándose en un protocolo metodológico de cuatro fases:

1. Primera Fase (Contacto y Recopilación Directa): El equipo multidisciplinario —legal y psicosocial— establece contacto directo con las víctimas directas, familiares, testigos o representantes legales. Las entrevistas se conducen bajo el método no acusatorio PEACE, garantizando un entorno seguro, confidencial y fundamentado en el consentimiento informado, explicando con claridad el alcance del proceso.

2. Segunda Fase (Contraste y Verificación Cruzada): Los testimonios y relatos de parte son sometidos a un riguroso cotejo con la narrativa oficial, expedientes judiciales accesibles, registros médicos, testimonios colaterales y fuentes abiertas de acreditada veracidad (comunicados oficiales, notas de prensa verificadas e informes de organizaciones pares nacionales e internacionales).

3. Tercera Fase (Sistematización y Análisis de Patrones): La información validada se incorpora a la base de datos institucional. Expertos en derecho penal, procesal penal, derechos humanos y derecho internacional penal analizan los datos para identificar macro-tendencias, cadenas de mando y patrones sistemáticos de persecución, plasmando los hallazgos en informes casuísticos, temáticos y analíticos.

4. Cuarta Fase (Incidencia Internacional y Articulación Diplomática): Los expedientes y reportes consolidados se canalizan de manera estratégica hacia los órganos competentes del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional (CPI), y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM). Asimismo, se articulan agendas de incidencia ante embajadas clave, oficinas parlamentarias de forma directa o a través de alianzas estratégicas con otras organizaciones nacionales e internacionales.

Requisitos y Estructura para la Apertura de Expedientes de Investigación

Ante la inexistencia de registros oficiales confiables, la opacidad institucional y el cierre de las vías de justicia interna en Venezuela, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha desarrollado un riguroso protocolo técnico para la apertura y gestión de expedientes de investigación. JEP levanta expedientes individuales o grupales en función de la estrategia jurídica, de exigibilidad y comunicacional óptima para la defensa integral de los derechos afectados.

Cada expediente se integra bajo estrictos estándares de validación probatoria, resguardo de la confidencialidad y metódica sistematización jurídica. Para garantizar que cada caso constituya un insumo de incontrovertible solidez ante las instancias de justicia nacional e internacional, la estructura de investigación se compone de los siguientes elementos esenciales y técnicos:

Identificación de la Víctima y Contextualización Registro de datos filiatorios completos de la víctima denunciante, implementando de manera estricta protocolos de cifrado y reserva de identidad cuando existan riesgos fundados, amenazas o vulnerabilidad extrema para su seguridad física, psicológica y familiar. Asimismo, se documenta el perfil sociolaboral y político para evidenciar el móvil de la agresión.

Individualización de Actores y Cadena de Mando Señalamiento preciso y fundamentado de los presuntos perpetradores, identificando los cuerpos de seguridad del Estado actuantes (servicios de inteligencia, policía o componentes militares), mandos operativos responsables y la presunta participación articulada de actores civiles armados o colectivos progubernamentales, con miras a establecer responsabilidades individuales y de cadena de mando conforme al derecho internacional penal.

Relato Cronológico y Modus Operandi Descripción pormenorizada de los hechos que comprende fecha, hora, ubicación geográfica exacta y reconstrucción del modus operandi. Se detallan los patrones tácticos, la tipología de la detención o agresión, y la identificación de los medios físicos, logísticos o tecnológicos (armamento, vehículos no identificados, equipos de comunicación) utilizados en la perpetración.

Testimonios, Agotamiento y Denuncias Previas Incorporación de declaraciones de testigos presenciales obtenidas mediante metodologías no revictimizantes, junto con la constancia documental detallada de las denuncias formales interpuestas ante las instancias internas (fiscalías, defensorías o tribunales), documentando de manera fehaciente la denegación de justicia, la inacción estatal, el retardo procesal o la negativa de acceso a defensa técnica privada.

Material Probatorio y Cadenas de Custodia Recopilación, validación y preservación estricta de medios probatorios tangibles e intangibles. Esto incluye registros audiovisuales forenses, dictámenes médicos y psicológicos independientes (que documenten evidencias de tortura o tratos crueles), actas policiales o judiciales, y comunicaciones formales, todo ello bajo estrictos criterios de autenticidad y valoración jurídica por parte del equipo legal de JEP.

La integración sistemática de estos componentes permite a JEP blindar cada caso frente a intentos de deslegitimación institucional, transformando el testimonio individual en un eslabón probatorio de alta densidad técnica al servicio de la verdad, la memoria y la rendición de cuentas ante los tribunales de justicia universal y los órganos de protección internacional.

Impacto en la Justicia Universal y Litigio Internacional

El rigor metodológico y la solidez probatoria aportada por JEP han trascendido las fronteras nacionales, posicionando a la organización como un actor clave en la arquitectura de la justicia internacional:

● Corte Penal Internacional (CPI): Desde junio de 2017, JEP ha remitido información técnica sustantiva a la Fiscalía de la CPI sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad (asesinato, persecución, tortura y desaparición forzada). Adicionalmente, la organización ha asesorado y coordinado la participación activa de las víctimas en los procesos de consulta impulsados por la Sección de Participación y Reparación de Víctimas (VPRS) y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV).

● Jurisdicción Universal en Argentina: En junio de 2023, JEP y la Fundación Clooney para la Justicia presentaron una histórica querella por crímenes de lesa humanidad ante los tribunales federales de Argentina en contra de altos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Este proceso judicial —que abarca casos emblemáticos como el asesinato de Geraldin Moreno— ha sido destacado por la Misión de Determinación de los Hechos como el único mecanismo activo en su tipo que aproxima de manera real a las víctimas venezolanas a una alternativa efectiva de justicia y rendición de cuentas.

● Articulación Regional: Para visibilizar la grave situación de los presos políticos y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) mantiene un permanente establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones nacionales y regionales de la sociedad civil, lo que permite articular esfuerzos coordinados para denunciar los patrones de represión tanto a nivel nacional como regional, unificando las voces de las víctimas y fortaleciendo la exigibilidad de justicia frente a contextos autocráticos en el continente.

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