ACTUALIDAD | Informe de JEP denuncia patrón de represión en manifestaciones por exigibilidad de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)

Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) publicó este lunes 14 de septiembre el “Informe sobre ejecuciones extrajudiciales en manifestaciones pacíficas por exigibilidad de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), ocurridas en Venezuela entre 2017 y 2020”.

El documento presenta un análisis actualizado de la realidad sociopolítica del país a partir del impacto de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y el profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos.                 

En este sentido, el contenido revela que el patrón represivo impuesto por el régimen venezolano contra la disidencia política hace 6 años se ha aplicado de forma masiva y sistemática contra una población civil vulnerable que clama por derechos económicos y sociales, dejando a su paso un lamentable saldo de víctimas, abusos, violaciones a los derechos humanos e impunidad.

El informe está organizado en torno a cuatro ejes principales que representan las preocupaciones centrales de JEP, en medio del agravamiento de la crisis y sus implicaciones en el ámbito de los derechos humanos: a) Contexto político, económico y Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, b) La política del uso excesivo de la fuerza en el control de manifestaciones, c) Documentación, impunidad y acompañamiento de casos desde JEP y d) Llamamiento a la comunidad internacional.

“En la actualidad, la EHC proviene y conlleva a escenarios de vulnerabilidad de derechos, desplazamientos poblacionales, ingobernabilidad, represión y dificultad en el acceso a los servicios básicos (debido al) debilitamiento, quiebra y fragmentación del Estado, hundimiento de la economía formal y auge de la economía informal articulada mediante redes clandestinas, conflicto civil o interno, en estados fronterizos (Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar), hambruna y éxodo masivo del talento humano”, sostiene el primer punto del análisis.

En cuanto a las medidas represivas impuestas a la población que ha visto mermar su calidad de vida tras el deterioro de los servicios básicos y la negligencia de las autoridades, el informe concluye que “los métodos empleados por los agentes militares y policiales revelan el uso desproporcionado y no diferenciado de la fuerza, denotando incluso crueldad en sus acciones, vejando y humillando a ciudadanos”.                                                                                                                          

Hasta la fecha Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza 17 fallecidos por la exigibilidad de DESCA (distribución de alimentos, gasolina, atención médica, electricidad, agua potable, gas doméstico, transporte público, etc), cuya distri. bución regional es la siguiente:

Anzoátegui: 2

Barinas: 1

Bolívar: 2

Distrito Capital: 1 

Mérida: 7

Lara: 1

Portuguesa: 1

Sucre: 1

Zulia: 1

A los crímenes y el dolor familiar se suma otro factor: la impunidad.

“En Venezuela, al día de hoy, el 97% de los casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas, se encuentra en total impunidad y corresponde enfatizar en que ello no es casual, los procesos penales son manejados cual marionetas con las fuerzas de un poder político que utiliza a su conveniencia el sistema de justicia, sin duda para evadir su responsabilidad directa en estos crímenes”, refiere el documento.                                                  

Además resalta que “los derechos civiles, políticos, económicos y sociales en Venezuela han sido menoscabados a través de una estructura estatal sistemáticamente ramificada hacia todos los ámbitos del Poder Público, con la finalidad de asegurar parcialidad al partido de gobierno e impunidad, situación ésta que no garantiza el respeto por los derechos humanos”.

Ante tan dramática realidad, JEP hace un llamamiento a la comunidad internacional a fin de que proceda a brindar asistencia a la población mediante la creación de una comisión independiente que investigue “las ejecuciones extrajudiciales y situación de los derechos humanos en el país y aplique medidas selectivas respecto de los miembros de cuerpos de seguridad implicados en dichas ejecuciones ocurridas en los últimos años (…) La diplomacia multilateral debe ser más efectiva y expedita para que ocurra una transición pacífica y así Venezuela pueda darle un sentido positivo y vinculante a la responsabilidad de proteger”.

Por otra parte, juzga pertinente que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renueve y fortalezca la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de cara a la presentación de un informe que dicha misión deberá rendir este mes de septiembre, el cual sin duda marcará un importante primer paso en la senda de la rendición de cuentas en Venezuela mediante la documentación de la participación de aquellas personas de las que se sospecha que son penalmente responsables de violaciones de derechos humanos.

La publicación del “Informe sobre ejecuciones extrajudiciales en manifestaciones pacíficas por exigibilidad de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), ocurridas en Venezuela entre 2017 y 2020” forma parte de una campaña de denuncia, sensibilización y construcción de memoria histórica que Justicia, Encuentro y Perdón desarrolla permanentemente, como parte de sus objetivos centrales.

 

Descarga el informe completo aquí

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