Informes de Alto Comisionado y Misión de Determinación de la ONU reiteran urgencia de frenar las violaciones de DDHH en Venezuela
En el marco el 52º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los días 21 y 22 de marzo se llevaron a cabo dos encuentros de diálogo interactivo, con el objeto de conocer los informes verbales por parte del Alto Comisionado y de la Misión Internacional Independiente de Determinación Hechos sobre Venezuela, en cuanto a la investigación que siguen dichas instancias sobre vulneración a las libertades fundamentales del pueblo venezolano, así como a la ejecución de posibles crímenes de lesa humanidad.
Una treintena de países presentes en las intervenciones del Alto Comisionado Vulker Turk, y la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, apoyaron la preocupación en torno a la persistencia de denuncias por parte defensores, miembros de los medios de comunicación y activistas de la sociedad civil en cuanto a los actos de persecución, hostigamiento, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles a presos políticos, y procesos judiciales viciados sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestación pacífica, pendientes por el debido proceso desde 2014.
“Como ha sostenido la Misión, las violaciones graves de los derechos humanos y los delitos que se describieron en los informes anteriores, así como la ausencia de investigación y sanción a los autores que la Misión identificó, parecen haber producido un efecto inhibidor de la protesta que ha conseguido atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política. Mientras tanto, millones de personas huyeron del país, en uno de los mayores éxodos migratorios de la historia reciente (…) Según estimaciones de la sociedad civil, 282 personas – civiles y militares – permanecen detenidas por causas o motivos políticos y se verifican nuevas detenciones de carácter selectivo. La Misión continúa recibiendo denuncias de amenazas y represalias contra las personas detenidas y sus familiares, así como de dificultades para acceder a alimentos y tratamiento médico, restricciones al acceso de familiares y abogados, y constantes violaciones del derecho al debido proceso”, señaló Valiñas.
Por su parte, el Comisionado Turk manifestó que sigue “profundamente preocupado por las personas que son detenidas arbitrariamente. Mi equipo continúa documentando casos, incluidas personas que permanecen detenidas después de que se emitieron órdenes de liberación; personas mantenidas en prisión preventiva más allá de los límites legalmente establecidos; y situaciones determinadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria para ajustarse a la definición de detención arbitraria según el derecho internacional de los derechos humanos. Reitero mis llamados hechos en enero para la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente”.
Adicional a la situación que vienen reportando ambas gestiones desde 2019, al presente, se suma la alarma por dos proyectos de ley recientes que impactan directamente en el radio de acción y la capacidad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para llevar adelante sus labores. El 24 de enero de este año, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el proyecto de Ley sobre ONG y, el 1 de marzo, el anteproyecto de la Ley de Cooperación Internacional. “De ser sancionadas, las nuevas regulaciones consolidarían un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, el financiamiento, y las actividades de las ONG”, señaló Francisco Cox Vial, miembro de la MIIV.
La MIIV volvió a alertar asimismo sobre la situación en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del sur del país, y se refirió a las denuncias de los pueblos indígenas del Estado de Amazonas sobre los ataques violentos contra sus líderes, entre los que destaca el caso del asesinato de Virgilio Trujillo Arana, líder del pueblo Piaroa, en 2022, y sobre el que recomienda que sea investigado con seriedad.
En virtud de todo lo expuesto, la mayoría de las intervenciones se centraron en la urgencia de que el diálogo sobre los derechos humanos se despolitice, y que el Estado venezolano avance en su cooperación con las instancias internacionales de alto nivel en materia de derechos humanos, permita el ingreso al país de los representantes de la MIIV, aplique las sanciones pertinentes a los responsables de dichos crímenes y cesen los actos de persecución contra las voces disidentes, la acción de los propios defensores y la libertad de expresión.
La demanda por la liberación de todos los presos políticos y la necesidad de la intervención una jurisprudencia internacional que impulse procesos de investigación, ajusticiamiento y reparación para las víctimas, fue avalado con los testimonios de seis videos que fueron transmitidos durante las sesiones, con la vocería de representantes de ONG y asociaciones civiles, incluyendo a Amnistía Internacional.
En el siguiente enlace pueden acceder a la intervención de Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
