Boletín #36 – Presos políticos: ¿sin justicia?

Editorial

Para el entendimiento correcto sobre la impunidad y la falta del debido proceso en Venezuela, es menester señalar el deterioro que han venido sufriendo las instituciones garantes de los procesos de justicia y derechos de las víctimas, mermando en consecuencia la obtención de justicia y reparación integral de ellas.

Los derechos civiles y políticos en Venezuela han sido menoscabados a través de una estructura estatal sistemáticamente ramificada hacia todos los ámbitos del Poder Público, con la finalidad de asegurar parcialidad al partido de gobierno e impunidad, situación ésta que no garantiza el respeto por los derechos humanos. Las instituciones públicas llamadas a garantizar el correcto cumplimiento y resguardo de estos derechos forman parte de la estructura estatal que los viola, instituciones públicas como la Fiscalía General de la República (FGR), la Defensoría del Pueblo (DP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han perdido toda credibilidad nacional e internacional.

Para lograr el autoritarismo actual, durante estos 20 años de la llamada revolución bolivariana se aseguró una total falta de independencia de los poderes públicos, al ser dirigidos por personas solo adeptas al sistema político y no a los principios democráticos, así, al ser cooptadas por el poder político rápidamente se ha evidenciado el alto índice de impunidad y violación al debido proceso en el país, donde no existe la independencia de poderes, lo cual se traduce en respaldo a los violadores de derechos humanos por parte de las instituciones que deberían condenarlos.

Contrario a todo lo anterior, el ordenamiento jurídico venezolano consagra el principio de independencia judicial como garantía ante la magnitud del Poder Ejecutivo, pero, lamentablemente, el mismo ha sido continuamente inobservado por los miembros del poder político, quienes han preferido sacrificar el interés de la justicia en procura de sus intereses ideológico-partidistas.

A la injerencia política en el Poder Judicial, se suman la falta de capacitación, infraestructura y voluntad de los funcionarios judiciales de atender los casos de violaciones a derechos humanos por recibir órdenes superiores de proceder, especialmente, si se tratan de violaciones cometidas por fuerzas de seguridad.

En Justicia, Encuentro y Perdón realizamos un permanente monitoreo de la sistemática violación del debido proceso, como patrón dirigido desde el poder judicial, en contra de quienes son injustamente privados de su libertad por razones políticas, siendo nuestro compromiso seguir haciéndolo de la mano de las víctimas, a partir de una documentación exhaustiva con miras a futuros procesos de juzgamiento de los responsables y reparación integral a favor de las víctimas.    

 

boletin-jep-36-oct2020

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