CRÓNICA | “Han hecho de todo para encubrir el asesinato de Luigi Guerrero”

El 23 de enero de 2019, fecha cuando la Asamblea Nacional trazó un mapa de transición política basado en el artículo 233 de la Constitución, miles de venezolanos marcharon para demostrar su aprobación a la iniciativa que abría un compás de esperanza en medio de la emergencia humanitaria, la frustración  y el desasosiego.                               

 En el estado Táchira, una de las regiones del país donde el clamor popular suele expresarse con contundencia, se organizaron movilizaciones hacia el centro de la ciudad. Una multitud se desplazó jubilosa entre coloridas pancartas y consignas  por un cambio político.                                          

Ese día, Luigi Guerrero, un joven de carácter afable y promotor de la paz, como lo describió al otro lado del teléfono su madre Julieta Ovalles, decidió marchar por primera vez en su vida. No lo sabía, pero un giro ineludible del destino decidió que no habría una segunda ocasión.  

Foto Cortesía de la manifestación del 23 de enero 2019 en el estado Táchira

PATRÓN DE REPRESIÓN

Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, su administración se ha caracterizado por imprimir el sello de la represión a todas las expresiones que emanan de la población. A las acciones represivas de los cuerpos de seguridad se suma la actuación de grupos paramilitares y de civiles armados, quienes en clara coordinación con cuerpos militares y policiales, han agredido a manifestantes en todo el país.

Aquel miércoles 23 de enero de 2019, siendo aproximadamente la una de la tarde, un grupo de rabiosos uniformados de las FAES y el SEBIN, combinados con bandas civiles armadas, irrumpió en la séptima avenida de San Cristóbal y decidió volcar sus frustraciones contra la multitud, según testimonios.                                 

La mayoría corrió y se puso a resguardo, pero Luigi Guerrero no corrió con igual suerte; cayó mal herido. Socorrido por los presentes, rápidamente fue traslado al Hospital Central, donde arribó con vida aproximadamente a la 1:15 pm.                                        

“Mi hijo llegó vivo al hospital, lo atendieron en la sala de emergencia, donde llaman el ‘quirofanito’. Allí estuvo con vida por más de una hora, luego fue rodeado por agentes del SEBIN y del CICPC. eso lo tengo documentado; más tarde apareció torturado y con signos de otro disparo. Lo digo responsablemente porque cuando él ingresó al hospital tenía un solo orificio de proyectil en el costado izquierdo y algunas contusiones en las piernas. Cuando me lo entregaron en la morgue su cuerpo tenía otro orificio por paso de proyectil, la nariz fracturada y signos de haber sido golpeado”.

Todos estos detalles los maneja rigurosamentela señora Julieta Ovalles, quien tras sortear las miserias de un sistema de justicia abyecto, corrupto, negligente e indolente decidió por fuerza propia la reconstrucción del crimen de su único hijo.                             

 “Todo lo que se sabe sobre el asesinato de mi hijo es por la investigación que yo hice, ni la Fiscalía ni el CICPC han hecho su trabajo. Eso quiero que quede bien claro y así lo denuncio. Me pasé entre 8 y 10 meses investigando; la información que manejo es de primera mano”, enfatizó.

OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA

La impunidad, que no es otra cosa que la ausencia de castigo al autor de un crimen, desde la perspectiva de los derechos humanos supone una multiplicidad de violaciones.                                                                         

La ausencia de castigo representa en sí mismo una nueva violación de los derechos humanos pues niega el derecho a las víctimas a la verdad y la justicia; impide la posibilidad de su reparación integral, crea una cultura de resignación ante el delito y ello, finalmente, una estrategia de poder, a través del control social.

Julieta Ovalles conoce de cerca esta realidad; le tocó investigar la muerte de su hijo, ante la “complicidad” y el “poco apoyo” de las instituciones responsables de adelantar las investigaciones y ofrecer respuestas a sus demandas de justicia.                                             

Varias veces ha estado en el sitio donde Luigi cayó herido, visitó los comercios y contactó las personas que estuvieron ese día en la zona. Habló con el personal médico que brindó los primeros auxilios a su hijo. Ubicó por redes sociales a los jóvenes que participaron en la manifestación, recopiló videos y fotos que la han ayudado a armar el caso.                  

Sin embargo, con cierta desazón lamenta que todas las diligencias y demandas presentadas han sido desestimadas. Pero no desmaya, su determinación por honrar la memoria de su hijo y  el llamado a las autoridades a garantizar el derecho a la justicia consagrado en la Constitución Nacional, no cesan.

“Han hecho de todo para encubrir el asesinato de Luigi y se han burlado de mí. Yo exijo justicia al Ministerio Público y pido al ente encargado de las investigaciones, en este caso el CICPC, cumpla con su trabajo. Han sido crueles conmigo, con mi dolor de madre, pero Dios me dio esta fortaleza que me acompaña, mientras esté viva seguiré alzando mi voz”.

     

IMPUNIDAD SOSTENIDA

Registros de Justicia, Encuentro y Perdón revelan que el 97% de los casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas se encuentra en total impunidad. Entre otras razones, porque los procesos penales son manejados cual marionetas con las fuerzas de un poder político que utiliza a su conveniencia el sistema de justicia, sin duda para evadir su responsabilidad directa en estos crímenes.

DERECHOS AL REVÉS

El artículo 26 de la Constitución de 1999 dispone que:

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de Justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la Tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.  El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Sin embargo, la cifra elevada de impunidad expuesta en este trabajo es una muestra contundente de que nuestro sistema judicial no garantiza derechos ni permite el acceso a la justicia. En el caso de los crímenes cometidos durante las protestas pacíficas, preocupa la continuidad de la exclusión estructural de las mayorías populares que difícilmente obtienen decisiones favorables a sus derechos.

PERFIL

Luigi Ángel Guerrero Ovalles nació el 24 de marzo de 1994. Su madre lo describe como pacifista, sociable, ecologista y fiel practicante de los valores cristianos.  Fue herido de gravedad el 23 de enero de 2019, a la altura de la séptima avenida de San Cristóbal, cuando participaba en una marcha convocada por la Asamblea Nacional legítima.   

 Murió en extrañas circunstancias tras ser atendido en el Hospital Central de dicha ciudad. Para entonces, cursaba el cuarto año de Comunicación Social en la Universidad de Los Andes (ULA).

Texto: Daniel Méndez

 Diagramación: Karla Carrión 

 Septiembre 2020

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