CRÓNICA | Luis Alviárez plantó cara al régimen, lo ejecutaron y sus asesinos gozan de impunidad.
Desde las 7:00 a.m. del lunes 15 de mayo de 2017, los ciudadanos de la apacible población de Palmira, capital del municipio Guásimos del estado Táchira, salieron a las calles a atender la convocatoria de la otrora coalición Mesa de Unidad Democrática, que por segunda ocasión en menos de un mes llevaría a cabo un “plantón nacional” en contra del régimen de Nicolás Maduro, para rechazar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Si bien el día pintaba movido por la efervescencia política, pocos imaginaron que la muerte rondaba cerca, apresurada a desandar los pasos de un muchacho de la localidad que ese día prefirió plantarle cara al régimen a ver sus sueños juveniles pulverizados.
Luis Alviárez contaba 18 años de edad y un sinfín de problemas en su vida a causa de la incompetencia, negligencia e indolencia de un sistema político que para entonces horadaba la existencia de un país que asomaba sufrimientos y miserias, hoy transformados en esta emergencia humanitaria compleja que obnubila el futuro y nos hunde una y otra vez en la desesperanza.
LA PRESENCIA DE LA MUERTE
Cuando aquellos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) arribaron al pueblo y se apostaron en los alrededores de la plaza Simón Bolívar, apuntando sus artefactos represivos hacia la carrera 3 donde yacían un grupo de manifestantes, propios y extraños se persignaron y de a poco fueron abandonando el lugar, porque el lamentable saldo de la represión policial se perdía de vista por aquellos días de mayo.
Eso poco importó a Alviárez y al grupo de vecinos que sorteaban hábilmente las arremetidas iniciales de la policía, al tiempo que lanzaban consignas contra el Tribunal Supremo de Justicia, acusado de subordinarse al Ejecutivo y atribuirse las funciones de la Asamblea Nacional legítima, de mayoría opositora y considerada la única institución democrática del país. Pero la escalada de la tensión y la presión en las calles aumentó cuando Nicolás Maduro anunció el inició de un proceso constituyente con la promesa de redactar una nueva Carta Magna (por cierto, oferta que nunca se concretó), lo cual fue visto como un golpe de Estado y una manera de buscar perpetuarse en el poder.
Cuando los vecinos de Palmira escucharon el enjambre de detonaciones que lanzó la PNB, presagiaron lo peor. Sabían que la muerte se abalanzaría con su niebla espesa sobre aquellos jóvenes sin miedo, sin derechos, sin país.
Un disparo fatal rasgó el aire e hizo girar a todos para ver cómo la humanidad de Luis Alviárez era rota por aquel fuego de metralla “que se mete en los ojos, que destruye la voz y lo arrincona a uno definitivamente”, como dijera Benedetti.
¡Bastó un disparo en el tórax para silenciar a Luis!, un solo proyectil rabioso, una bala más de las tantas que en 2017 sumió en llanto, dolor y duelo a más de 160 familias venezolanas y nos mostró las fauces de un régimen que entre abril y julio menoscabó los principios democráticos y el Estado de derecho, tras violar de forma sistemática y masiva el derecho a la vida (Artículo 43, CRBV), la libertad personal (Artículo 44), la prohibición a la tortura y tratos inhumanos y degradantes (Artículo 46), el derecho a ser juzgados por los jueces naturales (Artículo 49, ord. 4), el derecho a la libertad de expresión (Artículo 57), la libertad de comunicación (Artículo 58), el derecho a la protesta (Artículo 68).
EL ENTRAMADO JUDICIAL
Por los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles y uso indebido de arma orgánica, el Ministerio Público logró privativa de libertad para los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, Wilfredo Casanova y Carla Sayago.
Pero en septiembre de 2018, el Tribunal de Control N°4 del Estado Táchira admitió parcialmente la acusación fiscal y cambió el delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles por el delito de homicidio intencional con exceso en la defensa, según denuncias de la parte acusatoria.
Finalmente se supo que la funcionaria Carla Sayago fue objeto de medida cautelar y se otorgó una medida sustitutiva de privativa de libertad a Wilfredo Casanova, funcionario que causó la muerte al joven.
PERFIL
Luis José Alviárez Chacón nació el 19 de abril de 1999 en la población tachirense de Táriba, donde cursó estudios iniciales y obtuvo el bachillerato en el colegio San Martín. Su familia lo recuerda como un joven lleno de sueños que planeaba matricularse en ingeniería civil y ciencias criminalísticas.
Fue asesinado el 15 de mayo de 2017 –día del cumpleaños de su padre, Alexander Alviárez- durante la realización de un ‘plantón nacional’ convocado por la oposición democrática; según testigos, se encontraba desarmado y no representaba peligro para nadie.
En el suceso donde cayó asesinado, 18 funcionarios accionaron sus armas de fuego contra la población civil, de acuerdo con el resultado de las investigaciones.
Texto: Daniel Méndez
Diagramación: Karla Carrión
