CRÓNICA | El caso de Daniel Alexander Infante o cuando el terrorismo de Estado entra a casa sin avisar
El lunes 24 de abril de 2017, faltando exactamente veinte minutos para las cinco de la tarde, el estudiante universitario Daniel Alexander Infante Zambrano no sospechaba el destino que le esperaba. Aún resguardado dentro de los límites de su hogar en las residencias El Parque, avenida Las Américas de la capital merideña, su vida sufrió un vuelco tan inesperado como repudiable. Aquella tarde, un disparo de odio bastó para arrastrar al fango del dolor y la desesperación a una familia que permanecía en casa mientras se llevaba a cabo el paro cívico denominado ‘plantón’, una manifestación ciudadana convocada para rechazar la ineficiente gestión de gobierno de Nicolás Maduro, así como sus políticas hambreadoras y represivas.
Daniel Alexander, quien no participaba de los actos de protesta ya que se encontraba convaleciente en casa debido a una operación practicada días antes, se dirigió a la planta baja del edificio a revisar la seguridad de la entrada principal. Justo en ese momento retumbaron múltiples disparos y acto seguido el joven se desplomó a un costado de la puerta; súbitamente una bala se le incrustó en la cabeza, justo allí donde cultiva los sueños de libertad la Venezuela irredenta que se niega a la opresión y violación de sus derechos fundamentales.
Los pistoleros cumplían órdenes.
Diana Infante, hermana del joven malherido, recuerda que previo al hecho las autoridades regionales lideradas por el exgobernador oficialista Alexis Ramírez sugerían a los grupos de choque confrontar y disolver las protestas, sin reparar en consecuencias. Para ella no hay dudas de que este discurso guerrerista conllevó a cumplir a sangre y fuego la orden de cercenar el derecho constitucional a la manifestación pacífica y detonó el hecho criminal que nos ocupa. “Mi hermano estudiaba administración de empresas en la Universidad de Los Andes y era sostén de casa. Tenía apenas 25 años de edad cuando le causaron ese daño. Aquel día vimos pasar muchos pistoleros amenazando y apuntando a todo el mundo, así que los vecinos nos turnamos para cuidar la planta baja, el estacionamiento y otras áreas porque ya sabemos cómo actúan. De repente sonaron muchos disparos, me asomé al balcón y vi que mi hermano está tirado en el suelo, lamentablemente lo habían herido”.
La justicia no actuó diligentemente
Prosigue Diana: “horas más tarde la policía vino e hizo sus investigaciones pero eso no trascendió; todo lo contrario, intentaron cambiar mi declaración y hasta buscaron responsabilizar a unos vecinos de mi edificio a quienes asediaron durante mucho tiempo para tratar de desmoralizarlos y culparlos del hecho”, nos contó la joven, al tiempo que repasaba impotente sus reflexiones sobre el sistema de justicia venezolano, otra de las instancias públicas cuestionadas por su ineficacia e ineficiencia, amén de su reptil subordinación al Ejecutivo nacional.
“Mi mamá y yo tememos que no se hará justicia. Ha pasado mucho tiempo y míranos aquí. Mamá se encuentra descorazonada. Pero tenemos que ser fuertes. Ahora nos tocar atender a mi hermano y sostener el hogar. No es fácil con eso de la escasez de medicinas y los precios elevados. Además, Daniel perdió parte del cráneo y requerimos urgentemente una prótesis para proteger su cerebro, necesita tres terapias diarias para su movilidad, hay que aspirarlo constantemente debido a la abundante secreción pulmonar y además perdió el (sentido del) habla. Llevamos adelante una campaña para estabilizar y recuperar a mi hermano (https://es.gofundme.com/3hecr-salva-mi-vida)”, señaló Diana, quien junto a su madre mantiene intactas sus esperanzas en la construcción de un cambio político donde se respeten, promuevan y garanticen los derechos humanos, sin distingo de condición política, económica o social.
El caso de la familia Infante Zambrano se suma a otros tantos develados por Justicia, Encuentro y Perdón, todos signados por el abuso de poder, persecución a la disidencia, criminalización de la protesta, violencia paramilitar, represión policial, inacción judicial e impunidad, así como el linchamiento moral de las víctimas a través de diversas vías de comunicación, con el objetivo de satanizar a los manifestantes y desestimular las protestas que avanzan en medio del caos provocado por un régimen que fomenta el terrorismo de Estado, ampara la violencia y desprecia las libertades civiles y políticas.
