CRÓNICA | La impudicia del poder

“Mi hijo muere lastimosamente por el odio. Pero aquí estoy. Siempre parada y siempre activa. Reconozco que el Señor (Dios) lo utilizó para que el mundo entero se diera cuenta de que Venezuela estaba sola”, reflexionó Jeneth Frías, madre de Bassil Da Costa, tras cinco años de su homicidio el 12 de febrero de 2014 en el marco del día de la juventud, cuando partidos de oposición y grupos estudiantiles marcharon en todo el país.

Bassil Alejandro Da Costa Frías fue el primer estudiante asesinado en el marco de protestas antigubernamentales, que dieron inicio a un ciclo de conflictividad política y social que ha cegado la vida de 295 personas, en su mayoría hombres jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y 40 años.

Tras su muerte el gobierno intentó imponer una matriz de opinión que buscaba señalar a los manifestantes como generadores de la violencia. Sin embargo días después los testimonios, y un reportaje de investigación publicado en el Diario Ultimas Noticias, echaron por tierra la versión oficial, demostrando el carácter hostil y autoritario con que Maduro respondía al descontento.

Lejos de asumir, a partir de la exposición y la crítica pública, un tratamiento adecuado a las demandas sociales derivadas de la profunda crisis del país, el gobierno de Maduro aumentó la violencia y los mecanismos de control y castigos contra la disidencia y la expresiones de insatisfacción ciudadanas, escalando con ello a un nivel de impúdica crueldad que ha cercado los espacios para la participación y el reclamo social.

Las primeras investigaciones sobre el caso de Bassil realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas(CICPC) identificaron al menos a tres integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que dispararon en contra de los manifestantes en las cercanías de la Fiscalía General aquel día, entre ellos Juan Montoya y Robert Redman.

En un estímulo a la represión uno de los presuntos responsables de su muerte fue premiado meses después  con la orden Francisco de Miranda otorgada por el entonces Ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres, dando inicio a la consolidación de un aparato que ya cuenta con su propio escuadrón de la muerte: Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Solo en 2019 Las Faes aparecen involucradas en el asesinato de cuatro personas durante el desarrollo de manifestaciones, entre ellas a Alixon Osorio Dos Santos Pisani, y en al menos 15 casos de personas que habían participado en manifestaciones y luego de ser identificadas mediante la llamada “inteligencia social” fueron ejecutadas presuntamente por este componente de la Policía Nacional Bolivariana, como es el caso de Luis Enriques, quien participo en las protestas del 23 de enero del 2019 en Carora, y 24 horas después

Justicia Encuentro y Perdón es una organización civil que nace luego de los sucesos de abril de 2014 con la firme finalidad de promover los valores que le dan nombre y acompañar a las víctimas de una de la más grave crisis de derechos humanos que ha enfrentado Venezuela en las últimas décadas, y que inicia con esta una serie de historia que cuenta el drama y la tristeza que enluta a familias enteras víctimas de la impudicia del poder.