CRÓNICA | “¡Justicia, justicia!”: el grito de las víctimas de la represión de 2019 frente a la imposición del silencio

“—Alixon vivió su corta vida en Altavista, Catia. Como todo joven tenía muchos sueños, pero le gustaba trabajar para apoyarnos en el hogar. Se empeñó en proveernos de todo lo necesario para que estuviésemos bien. Él decidió sacrificar sus estudios por nosotros y creo que ese sentimiento de solidaridad lo impulsó a alzar su voz por la situación del país, por la crisis que estamos viviendo”.


Con estas palabras nos recordó Nivea Alcira a su sobrino Alixon Osorio Dos Santos Pisani, cuando acudimos a su encuentro para que nos relatara el caso de este joven venezolano tristemente recordado como la “primera víctima fatal” de la represión gubernamental desatada en las calles de Caracas, la noche del 22 de enero de 2019.
Alixon Pisani fue asesinado por presuntos elementos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en el marco de las manifestaciones civiles que acompañaron el alzamiento del Escuadrón Montado de la Guardia Nacional Bolivariana (Cotiza),  horas antes. Junto a él, en apenas una semana, un aproximado de 50 venezolanos murieron a causa de la represión combinada de diversos cuerpos de seguridad del Estado y bandas paramilitares, en zonas como Los Mecedores, El Valle, Propatria y Catia.   
Fuera de Caracas, las protestas arroparon a los estados Miranda, La Guaira, Bolívar, Barinas, Mérida, Amazonas, Monagas, Portuguesa, Trujillo, Táchira, Sucre, Yaracuy y Zulia.

En la mira del autoritarismo

Enero de 2019, gracias al arrebató de violencia política de quienes detentan el poder, resultó un mes duro y trágico cuando el peso de la arbitrariedad fue puesto sobre las voces disidentes que se atrevieron a soñar un mejor futuro democrático, tras el nombramiento de un gobierno interino por parte de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. 
 Pese a la arremetida violenta, las movilizaciones de calle fueron permanentes: asambleas ciudadanas, cabildos, reuniones espontáneas, concentraciones organizadas, marchas, cierres de calle, cacerolazos y hasta pitazos marcaron la agenda de protestas que se mantuvo intermitente durante el primer trimestre del año, hasta que el día 30 de abril adquirió nuevos bríos tras los hechos acaecidos en la zona de La Carlota, donde sectores opuestos al autoritarismo lanzaron una declaración de principios por el rescate de la democracia.
De acuerdo con datos de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), durante este periodo ocurrieron cerca de 60 protestas diarias por exigibilidad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), lo cual representa la mitad de las protestas reportadas durante todo el 2018, destacando que ese fue el año récord histórico de protestas en Venezuela con más de 12 mil.   
Las protestas se extendieron por todo el territorio nacional, desde las que respaldaban convocatorias políticas o gremiales, hasta aquellas que surgieron espontáneamente, según las demandas de la población focalizadas en servicios públicos, alimentación, empleo, salario, entre otros, que ayudaron a perfilar el rostro de la Emergencia Humanitaria Compleja que se agudiza de manera acelerada con el pasar de los días.                                                 

Romper el silencio

A dos años de aquellas experiencias traumáticas de graves violaciones a los derechos humanos, los familiares de los caídos se mantienen exigiendo justicia en medio de un nivel de impunidad que ronda la impresentable cifra de 97%.   Al reclamo de justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición se suma la preservación de la memoria histórica a la luz de estos repudiables hechos.

“—El amedrentamiento, las amenazas directas o veladas, no nos harán renunciar a nuestro reclamo de justicia. Aquí hubo un patrón de ataque, una forma sistemática de violencia que buscó silenciar las protestas a toda costa. Ahora siento que un nuevo tipo de silencio pretende ser lanzado sobre nosotros, pero no cederemos, seguiremos adelante con nuestro vacío. En medio del dolor que nos impusieron, hoy y siempre levantaremos la voz por la dignidad y la memoria de nuestros hijos”


nos confesó recientemente una víctima indirecta de la represión, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.  

Legado de violencia institucional

La ausencia de Estado de derecho, la incertidumbre de las familias, la indolencia oficial y las presiones políticas en torno a los procesos judiciales de los crímenes señalados “trasciende el impacto directo sobre la víctima ya que incluye a sus familiares y allegados, que de manera sostenida y recurrente deben lidiar con las noticias, el seguimiento legal del caso, el resto de los familiares y el entorno al cual se encuentran sometidos, pues tienden a ser un foco directo o indirecto de la violencia institucional, al afrontar las medidas de persecución y amedrentamiento del Estado, lo que pudiese generar secuelas emocionales y traumáticas posteriores al suceso”, advierte el informe “Trauma psicosocial y vulnerabilidad al estrés en familiares de víctimas de violencia institucional en Venezuela”, publicado por JEP a finales de 2020.

En dicha investigación resalta además que las situaciones represivas se agravan en el contexto venezolano donde el trauma es sostenido en el tiempo debido a las condiciones de vida precarias: la dificultad en el acceso a los servicios básicos, la profunda desigualdad económica, la migración forzosa, entre otros problemas que presentan los familiares de las víctimas mientras realizan el acompañamiento y gestión legal de sus casos, aunado a su propio manejo de emociones y recuerdos.

 

 

 

 

 

Derechos al revés

Durante el tiempo que se llevaron a cabo las protestas entre enero y abril de  2019, el Estado autoritario menoscabó los principios democráticos tras violar los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, entre ellos  el derecho a la vida (artículo 43), la libertad personal  (artículo 44), la prohibición a la tortura y tratos inhumanos y degradantes (artículo 46), el derecho a ser juzgados por los jueces naturales (artículo 49, ord. 4), el derecho a la libertad de expresión (artículo 57), la libertad de comunicación (artículo 58), el derecho a la protesta (artículo 68)…
A manera de contribución para la comprensión y el reconocimiento de un doloroso pasado que todavía algunos buscan cuestionar, silenciar o negar, recordamos a quienes cayeron exigiendo libertad y democracia:
Nicar Bermúdez Muñoz, Stefany Maholy Jajoy Natera, Josué Romero, Franklin Alexander Nova Figuera, Alonso Osorio, Yeimbert José Rangel, Luisdy Bolívar, Carlos Alfredo Olivares Bonalde, Ángel Tovar, Daniel Veliz, Luigi Ángel Guerrero Ovalles, Edward José Marrero, Alfredo Núñez, Juan Rafael Medina Torres, Johnny Jesús Pacheco Vega, José Calcurián, Nick Samuel Oropeza, Frank Correa, Yeskarly José Gil Martínez, Wilmer Antonio Mendoza Zambrano, Iván Antonio Álvarez Fernández, Gustavo Ramírez, Yhonny Alejandro Hernández Ojeda, Efrén Sandalio Castillo, Alejandro Hernández, Deyfre Vásquez, Germán Alfredo Cohen, Francisco Acosta, Luis Pérez, Cleiner José Romero, Rael Alabbi, Emmanuel Zambrano, Pedro Díaz, Andrés Rafael Rodríguez Oliveros, Yoendry Enrique Fernández Pino, Richard Montaña, Johnny Marcano, Roger Jesús Cabello Orta, Luis Alberto Martínez, Kevin Antonio Cárdenas Blanquez, Adán Pérez, Johnny José Godoy Buitrago, Luis Enrique Ramos Suárez, Eduardo Luis Ramos, José Alfredo Torres Cortez, Anderson Torres Cortez, Cristian Alejandro Ramos y Moisés Araujo.

Para más información sobre estos casos consulte el Mapa de Héroes Caídos y el Museo de la Memoria y la Represión, disponibles en www.jepvenezuela.com

 

Texto: Daniel Méndez

Diagramación: Karla Carrión

Febrero 2021

Comparte esta noticia en