JEPVzla presenta informe especializado sobre tipologías estatales e impunidad en Venezuela

La ONG Justicia Encuentro y Perdón, en conjunto con a un equipo de asesoría jurídica a tales fines, presenta un estudio actualizado sobre el estatus de los aspectos criminológicos y penales en los que se fundamentan los posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, identificados y con investigaciones en proceso por parte de organismos internacionales, a partir de 2014. Dicho documento contempla los siguientes factores de análisis: tipologías de funcionamiento del Estado venezolano, en el marco del movimiento denominado socialismo del siglo XXI; la perpetración de tales crímenes como resultado del manejo y las acciones de un Estado híbrido; la evaluación del marco regulatorio, funciones y estructura de mando de los cuatro cuerpos principales de seguridad del Estado; así como el examen de la autoría mediata por estructuras organizadas del poder en Venezuela, en cuanto a violación de derechos humanos y la presunta ejecución de crímenes de lesa humanidad.

La gestión reflejada en los informes emitidos por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, así como los estándares de alto nivel y carácter universal, como los que establece el Estatuto de Roma, constituyen las bases sobre las cuales el equipo asesor de JEPVzla explica el proceso de consolidación de un Estado Dual y cómo su funcionamiento impacta en la aplicación de justicia, la estructura económica, la conformación del individuo y la estructura social de un país como Venezuela.

La organización ha denunciado periódicamente y ante las instancias correspondientes, cómo se mantiene 100% de impunidad en la identificación y consecuente penalización de la cadena de mando involucrada en asesinatos extrajudiciales y en el patrón de muertes selectivas a disidentes reales o percibidos, durante el ejercicio de las libertades civiles y políticas, desde 2014 al presente. En este sentido, en el informe se destaca y se explican las consecuencias procesales del principio “quien no es punible, tampoco es investigable” y cómo desde ese modus operandi, el sistema judicial atenido a las prerrogativas de un gobierno, impone un velo corporativo inmunitario que impide establecer responsabilidades en determinados crímenes, delitos e ilicitudes.

En su parte final, el documento también contempla conclusiones y recomendaciones sobre procesos desde el corto hasta el largo plazo que deberían darse en el país, en aras de una transición desde el sistema de Macrocriminalidad y Gran Corrupción imperante, hacia la recuperación de la voluntad nacional expresada en el referéndum de 2007; la necesidad imperiosa de resolver la emergencia humanitaria compleja y sin precedentes que persiste; así como la voluntad de continuar explorando “diversos mecanismos en el plano doméstico e internacional tendientes a determinar la verdad de los hechos ocurridos, la responsabilidad de todos los funcionarios actuantes, especialmente de aquellos que ocupan posiciones de poder en la cadena de mando, de reparaciones integrales para las víctimas y de medidas que permitan conservar la memoria histórica y evitar la repetición de violaciones iguales o similares en el futuro”.