Más de 2.300 venezolanos continúan bajo prisión política tras las excarcelaciones
Caracas, 20 de noviembre de 2024.- Luego del anuncio del Ministerio Público de la revisión de 225 causas de personas detenidas en el contexto poselectoral de este año, más de 130 venezolanos han sido excarcelados a partir del fin de semana del 16 de noviembre. Sin embargo, la cantidad de casos que la Fiscalía ha decidido someter a consideración representa menos de 10% del total oficial de 2.229 arrestos efectuados por los cuerpos de seguridad del Estado en los días siguientes a los comicios presidenciales. A esta cifra se suman más de 300 venezolanos que se encontraban detenidos por persecución política antes del 28 de julio. La situación refleja un número sin precedentes en la historia contemporánea del país y de toda la región.
Confirmación de arbitrariedades
La organización ve con suma preocupación que no hay forma de identificar cuál fue el criterio específico que prevaleció en la revisión de dichas causas y, en tanto, para dictar la excarcelación de este porcentaje mínimo de personas, lo cual deja sólo la alternativa del criterio matemático y selección aleatoria para ejecutar dicha medida. La opacidad total al momento de proceder aumenta la incertidumbre y zozobra de los familiares que llevan días instalados a las puertas de los centros de detención de todo el país a la espera de saber si su allegado será uno de los beneficiados con la medida de excarcelación. No hay certeza ni algún tipo de comunicación pública u oficial que ofrezca detalles sobre quiénes son las personas que reciben esta medida, en cuáles categorías cautelares quedan judicializadas y cuáles son las condiciones que reúnen para haber sido elegidas. Este daño procesal impacta a miles de familias y a los detenidos, forzándolos a sentirse atrapados en una dinámica perversa de juego de azar.
Cabe destacar además, que la reciente decisión de revisar las causas en el contexto poselectoral deja en evidencia que todas las detenciones fueron ejecutadas de manera arbitraria y que se violó el debido proceso en todos los casos. Durante más de tres meses, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, así como organismos del más alto nivel en materia de Derecho Internacional han documentado, denunciado y elevado todas alertas posibles sobre la gravedad en la aplicación de un nuevo patrón de arrestos masivos para reprimir el ejercicio de las libertades civiles y políticas en Venezuela, consagradas en la Constitución Nacional, así como en tratados y pactos internacionales suscritos por la República.
Las personas arrestadas, independientemente de su edad, condición de salud o incluso discapacidad fueron detenidas de manera violenta y posteriormente aisladas, incomunicadas, algunas de ellas sometidas a desaparición forzosa temporal y rotadas sin ningún tipo de notificación oficial por varios centros de detención. Fueron llevadas a procesos judiciales sin derecho a designar abogados de confianza que pudieran apoyarlas en su defensa, presentadas en audiencias de imputación y luego llevadas a audiencias preliminares donde se les acusó formalmente de la presunta comisión de delitos. Incluso, en algunos casos ya habían estado en la primera audiencia de juicio.
En cuanto a las personas que recibieron la excarcelación con medidas cautelares y régimen de presentación es importante tomar en cuenta que muchas de ellas residen en el interior del país y pertenecen a los sectores más vulnerables, por lo cual no cuentan con los recursos básicos para trasladarse permanentemente hasta los tribunales en Caracas.
El ticket de la libertad
Dentro de la cifra referencial de los más de 2.000 casos que continúan pendientes del contexto poselectoral se mantiene una preocupación máxima por los menores de edad que siguen privados de libertad, sus inhumanas condiciones de reclusión y los daños irreversibles que les ocasionan las torturas y tratos crueles a los que están siendo sometidos, constantemente denunciados por sus familiares. La emergencia se repite en los casos de las mujeres detenidas, una población que representa otra situación de especial vulnerabilidad, y en las personas con enfermedades crónicas y patologías graves.
Aunque estas excarcelaciones a través de medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad implican que quien la recibe se mantiene sometido a procesos judiciales plagados de violaciones al debido proceso y en total indefensión, el dictamen representa una especie de ticket de libertad tanto para la víctima como para sus familiares. Los allegados y representantes de todos los detenidos por persecución política en Venezuela son revictimizados día tras día ante la falta de recursos propios, precariedad, condiciones hostiles, malos tratos, humillaciones, hostigamientos, intimidaciones, amenazas y todo tipo de circunstancias adversas que los lleven a desistir de la búsqueda de contacto e información sobre sus detenidos y, más aún, del arduo proceso de búsqueda de justicia y reparación. Su fuerte desgaste y deterioro físico, psicológico y emocional constituye una razón más para que se considere algún tipo de freno a esta emergencia que impacta en toda la sociedad venezolana.
En ese sentido, el llamado de nuestra organización es a que se continúe de forma expedita la revisión de las causas anunciadas, que las excarcelaciones resueltas se produzcan sin más demoras y que muchas otras personas resulten beneficiadas con el otorgamiento de estas medidas cautelares. Continuamos también nuestros exhortos para la liberación de manera plena e inmediata de todos los menores edad.
