El caso de Emirlendris Benítez resalta la crisis de salud que enfrentan los presos políticos
Caracas, 23 de abril de 2025. La situación de los presos políticos en Venezuela se agrava cada día más. No solo enfrentan condiciones inhumanas de reclusión, sino que también se les niega el acceso a atención médica especializada a quienes sufren de enfermedades graves, visitas familiares e incluso insumos básicos como alimentos, agua potable, medicamentos y productos de higiene.
Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), alertó este martes que muchas veces estas restricciones afectan gravemente a quienes ya se encontraban en condiciones precarias. “La mayoría de las familias tienen que dotarlos de absolutamente todo”, explicó, destacando que muchos reclusos han quedado sin apoyo tras las decisiones arbitrarias de suspensión de visitas o incluso a la migración forzada de sus allegados.
Uno de los casos más alarmantes es el de Emirlendris Benítez, una joven sentenciada a 30 años de prisión, que permanece en silla de ruedas, sin diagnóstico médico y a la espera de exámenes especializados desde hace más de un año. Afirmó que a pesar de las solicitudes formales presentadas por sus abogados y familiares, no ha recibido la atención que requiere. Incluso Amnistía Internacional ha emitido una alerta urgente en su favor.
Destacó que JEP ha documentado al menos 80 casos de presos políticos con condiciones de salud delicadas. Algunos llegaron a prisión con enfermedades preexistentes que se han agravado; otros han desarrollado nuevas patologías debido al hacinamiento, la mala alimentación, la falta de agua potable y la tortura.
“El sistema penitenciario no está preparado para atender enfermedades graves como cáncer o afecciones cardiovasculares. Pueden tratar un malestar menor, pero no una patología avanzada”, afirmó Tineo.
Presos políticos con condiciones críticas
A pesar de los múltiples llamados de organizaciones nacionales e internacionales —incluyendo a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de Hechos—, las autoridades venezolanas han hecho caso omiso. Ninguna de las solicitudes presentadas por familiares y defensores ha sido atendida por el Ministerio de Servicios Penitenciarios ni por la Defensoría del Pueblo.
“La detención prolongada de personas cuya responsabilidad penal no ha sido demostrada constituye una forma de represión que debe cesar”, insistió Tineo.
Desde Justicia, Encuentro y Perdón se exige el respeto inmediato al derecho a la salud y la vida de los presos políticos. También la evaluación de medidas humanitarias o la libertad plena para quienes enfrentan condiciones médicas críticas.
“Estamos hablando de vidas humanas que están seriamente comprometidas. Ojalá estas personas no solo empiecen a recibir la atención médica que requieren, sino que finalmente sean liberadas y puedan reencontrarse con sus familias”, concluyó.
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