Más de 900 personas continúan presas por razones políticas en Venezuela
Caracas, 6 de marzo de 2025.- Justicia, Encuentro y Perdón registra al presente más de 900 personas que aún permanecen recluidas por razones políticas en diferentes centros penales de todo el territorio nacional. La cifra demuestra que el patrón de persecución aplicado a la población civil a través de la vía judicial no ha cesado y que en todo caso, los criterios bajo los cuales se han producido las excarcelaciones anunciadas por el Ministerio Público a partir del pasado mes de noviembre de 2024, son tan arbitrarios como los que provocaron las violentas detenciones y desapariciones forzosas temporales registradas en la última década.
Para las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de las libertades civiles y políticas en Venezuela, continúa siendo muy complejo el tema de la contabilización, registro y documentación, tanto de las más de 2.300 personas detenidas en el contexto de las manifestaciones poselectorales del 28J, como de las que han sido excarceladas como resultado del proceso de verificación de las investigaciones en cada uno de estos casos para el otorgamiento de beneficios procesales.
De acuerdo a los reportes oficiales suministrados por el Ministerio Público, al momento quedarían bajo arresto unas 200 personas que pertenecen al grupo de la ola masiva de detenciones aplicadas luego de los comicios electorales del pasado 28 de julio. Sin embargo, a ese número se anexan los más de 300 ciudadanos que se encuentran en condición de presos políticos previo a este evento, así como nuevas víctimas que ha dejado la agudización del patrón selectivo de persecución y arrestos a dirigentes políticos, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos en los últimos meses. Al sumar todos estos grupos, JEP contabiliza a la fecha más de 900 personas presas por razones políticas en Venezuela, en condiciones de absoluta precariedad y deterioro, las cuales han sido y siguen siendo denunciadas permanentemente por orgnizaciones locales, internacionales y por los propios familiares de las víctimas.
La política es el factor determinante para cualquier decisión
Adicionalmente, dentro de esta lamentable situación que responde a la estrategia conocida como puerta giratoria, la organización cuenta con un registro de al menos 80 privados de libertad con cuadros de salud sumamente graves y cuyas afectaciones físicas y emocionales no están siendo atendidas por las autoridades venezolanas.
En este sentido, la organización insiste en alertar que así como el patrón de persecución y de instrumentalización del sistema justicia para perseguir y detener a disidentes reales o percibidos responde a una decisión política, las excarcelaciones que se están dando también se dan bajo esa circunstancia, en virtud de que las ONG vinculadas al tema no logran identificar cuáles son los criterios que determinan si una persona sale de prisión o no. Hasta el momento no ha sido posible comprobar criterios de selección y consideraciones especiales para las personas que adolecen enfermedades graves, para adultos mayores de 65 años o para las mujeres madres y cabezas de familia, por ejemplo.
El drama de los excarcelados
Con respecto a los ciudadanos que han logrado dejar los centros de reclusión en los que se encontraban asignados, la organización también aclara que han sido excarcelados pues en ningún momento se les otorga la libertad plena. Al contrario, se mantienen judicializadas con medidas cautelares sustitutivas a la privativa libertad. Tal es el caso de la determinación del régimen de presentación y la prohibición de dar declaraciones públicas respecto a su caso.
Como agravante, se recuerda que las víctimas se enfrentan a estos procesos judiciales en medio de la más absoluta indefensión ya que desde el momento de su detención también se les negó el derecho a designar abogados de confianza que ejerzan su defensa judicial. Por tanto, al ser excarceladas, estas personas siguen enfrentando sus procesos judiciales sin la defensa debida e incluso, sin poder informar sobre su salida a las organizaciones.
Tal y como lo han reportado sus familiares, los excarcelados han sido amedrentados y amenazados para no dar declaraciones de ningún tipo, mucho menos hacer algún tipo de denuncia sobre las condiciones de su reclusión, pues sus medidas pueden ser revocadas desde las redes sociales.
Todo este recuento sirve para demostrar y recordar que en Venezuela los presos políticos y sus familiares padecen la injusticia por partida doble o triple, pues no solamente quedan marcados por las secuelas de los traumas físicos, mentales y emocionales que soportaron durante el tiempo que permanecieron encarcelados sino que regresan a sus hogares llenos de temor y de una gran perturbación por tener que seguir viviendo bajo el signo de la persecución.
