La persistencia de la prisión política en Venezuela
Caracas, 17 de junio.- El lunes, el secretario general del Psuv, Diosdado Cabello, vaticinó el “éxito” del operativo desplegado en los centros de detención preventiva para combatir el retardo procesal. Cabello citó como ejemplo la gestión en el centro de la PNB en Boleíta (Zona 7), tras admitir tardíamente que este operaba en condiciones de hacinamiento e, incluso, como un “centro de ultraje”. Pese a reconocer tal barbarie bajo su custodia, el funcionario defendió la efectividad del plan —cuestionado por su opacidad y la intervención de diputados de la Asamblea Nacional—, al tiempo que reveló la existencia de más de 12.000 juicios pendientes y anunció la clausura unilateral de recintos calificados como «no habitables».
La realidad estadística de la persecución
La narrativa oficial de «reforma» y «éxito» se desmorona frente a la documentación rigurosa que devela la persistencia de una política de Estado basada en la opacidad y la violencia institucional. En contraposición al discurso gubernamental, las cifras que registra nuestra organización hasta la fecha, revelan un panorama de represión sistemática. Se contabilizan 554 personas privadas de libertad por motivos políticos, un universo de horror que se desglosa en:
- Género: 486 hombres y 68 mujeres.
- Perfil: La persecución no distingue uniformes ni gremios. Incluye a 190 funcionarios de seguridad del estado activos, 33 ex miembros de organismos de seguridad, 284 ciudadanos provenientes de la sociedad civil, 19 dirigentes políticos, 3 sindicalistas, un periodista y un defensor de derechos humanos.
- Vulnerabilidad Extrema y Violación del Derecho a la Vida: Dentro de esta cifra, existen 41 personas con enfermedades graves sin atención médica adecuada, 19 adultos mayores (tercera edad) y 18 casos documentados de desaparición forzada, además de 23 extranjeros y 28 venezolanos con doble nacionalidad.
A partir del pronunciamiento de Jorge Rodríguez, el 8 de enero de este año, hito que marca el inicio del seguimiento de los actuales indicadores de la organización, se evidencia que dichos anuncios no han derivado en una resolución expedita de la crisis de los presos de conciencia. Por el contrario, la persistencia de más de 550 personas detenidas bajo condiciones violatorias de derechos humanos, cinco meses después del anuncio en la Asamblea Nacional, sumado a las recientes declaraciones de Cabello sobre la imposición de una «defensa pública» —admitida por el oficialismo en un 70% para presos sociales como políticos— que colabora activamente con la fiscalía para convalidar detenciones arbitrarias, confirma que el Estado continúa utilizando la administración de la libertad a cuentagotas como una herramienta de amortiguación política a corto plazo.
El ciclo de la promesa alterada y la «impunidad arquitectónica»
La simulación del compromiso gubernamental se manifiesta de forma definitiva en la gestión de centros emblemáticos como El Helicoide. El 30 de enero, Delcy Rodríguez anunció la clausura definitiva del recinto y su reconversión en centro social y cultural, en un contexto de presión explícita del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien lo describió como “una cámara de tortura”. El 23 de febrero, el Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de trabajos de remodelación. Sin embargo, al 22 de mayo de 2026, el recinto no solo no había sido cerrado sino que permanecía activo con más de 20 presos políticos internados allí.
Al respecto, JEP denunció recientemente la transformación de este centro como una táctica de impunidad que busca borrar las huellas materiales de la tortura. La arquitectura del recinto constituye una pieza de evidencia forense irrefutable que debe ser inspeccionada por peritos independientes antes de cualquier intervención. “La memoria de una nación no se puede remodelar ni higienizar mediante decretos o capas de pintura; pretenderlo es una forma de violencia simbólica que revictimiza a los sobrevivientes. No tiene sentido remodelar un centro de tortura cuando allí dentro aún quedan inocentes”.
Finalmente, el pasado 8 de junio, las autoridades venezolanas trasladaron masivamente a decenas de presos políticos y sociales desde el centro de detención El Helicoide, en Caracas, hacia otras prisiones del país, incluyendo centros penitenciarios como La Planta (donde fue enviado Jackson Vera), Yare, El Rodeo y Tocuyito, mientras que las mujeres fueron reubicadas en el INOF y Las Crisálidas. Este traslado ocurrió en medio de un operativo que causó grandes niveles de angustia, desesperación e incertidumbre entre familiares y defensores de derechos humanos, con denuncias de fuerte despliegue policial, suspensión de visitas y falta de información oficial.
La reconfiguración represiva y el colapso estructural
La impunidad sistemática se perpetúa por la vía de promesas circulares. El Estado venezolano continúa en deuda con lo ofrecido formalmente en cuanto a la excarcelación de presos políticos y el cese de la represión y persecución en Venezuela.
Además del Helicoide, ningún otro centro documentado fue objeto de pronunciamiento de cierre: La Tumba (SEBIN, Plaza Venezuela), DGCIM Boleíta, Ramo Verde, El Rodeo I, Tocorón, y más de 90 centros en 19 estados permanecen operativos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) ha continuado investigando casos activos de tortura asociados a estos lugares. Ningún centro está efectivamente cerrado, y las obras prometidas representan el riesgo de destrucción de evidencia forense sin inspección previa, situación que nuestra organización percibe como una operación de “impunidad arquitectónica”. Mecanismos independientes, nacionales e internacionales, permanecen sin acceso a estos recintos desde 2017.
Paralelamente, la represión contra defensores y activistas se reconfigura, no cesa. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 122 ataques e incidentes en el primer trimestre de 2026, con un pico de 64 solo en enero, casi el triple del promedio mensual de 2025. CDJ fue explícito: la reducción respecto al año anterior no responde al cese de las prácticas represivas, sino al endurecimiento de las restricciones y a la autocensura generada por el miedo. El incremento de enero ocurrió en respuesta directa a las ONG que exigían condiciones para las liberaciones, las cuales fueron acusadas por funcionarios del gobierno de lucrarse de los familiares de presos.
Este colapso estructural se evidencia en eventos como las protestas y el motín registrados el 24 de mayo en el Internado Judicial de Barinas (INJUBA), reconfirmando que el sistema opera en contravención directa del Artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual impone al Estado la obligación de garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno, espacios dignos y el respeto a sus derechos humanos. Lo que ocurre en INJUBA, y se replica en todo el territorio, es una violación flagrante de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).
Estos hechos generan serias interrogantes y refuerzan la percepción de que se están tomando decisiones de último momento para responder a la presión y al escrutinio internacional, más que para corregir de manera genuina las violaciones denunciadas.
La vigilancia internacional como imperativo de justicia
Ante este panorama de impunidad y represión institucionalizada, la resignación no es opción. Cuando el Estado pierde legitimidad al ser incapaz de garantizar la vida y la integridad física de quienes están bajo su custodia, la labor de las organizaciones independientes y de los defensores de derechos humanos se vuelve indispensable y heroica.
Registrar cada caso con rigor técnico, documentar las torturas, denunciar ante las instancias internacionales y exigir sin descanso el respeto a la Constitución son acciones de esperanza activa. Es la persistencia de la verdad contra la maquinaria del olvido.
No obstante, debemos ser contundentes: la «reforma» interna es un simulacro mientras el aparato represivo no sea desactivado, y no lo ha sido. Por ello, la renovación y fortalecimiento de los mandatos de los mecanismos internacionales es innegociable. La distancia entre los «contactos exploratorios» del gobierno y la cooperación plena que se exige es estructural.
La realidad es irrebatible: la CIDH suma 24 años sin poder realizar una visita in loco plena; la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) opera sin acceso al territorio; la reinstalación de la oficina de la OACNUDH sigue paralizada tres meses después de su expulsión, sin concretar un mandato real y sin las restricciones que la maniataban; y el andamiaje legal para retirar a Venezuela de la jurisdicción de la CPI sigue vigente.
La libertad plena para los más de 550 presos políticos al presente, y la reforma real del sistema son obligaciones legales inmediatas. Tolerar el simulacro solo nutre la arbitrariedad. La persistencia colectiva en la exigencia del derecho, y la fiscalización internacional sin restricciones, constituyen el único camino transitable hacia una justicia verdadera. No nos detendremos hasta que la dignidad humana deje de ser una moneda de cambio y se convierta en la base innegociable de nuestra sociedad.
