Excarcelar no es liberar: El Estado cambia las celdas por medidas cautelares

Caracas; 21 de agosto de 2026.- Al cumplirse una semana del último ciclo de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, iniciado el pasado viernes 14 de agosto, el anuncio de estas medidas ha intentado proyectar una imagen de flexibilización institucional frente a la opinión pública. Sin embargo, el escrutinio de esta jornada revela que no estamos ante un acto genuino de justicia, sino frente a una reconfiguración de la represión. Las excarcelaciones recientes no representan la libertad plena; operan, en la práctica, como una extensión del esquema de castigo y control social bajo nuevas modalidades. Adicionalmente, la realidad documentada en el terreno por ONG y defensores de derechos humanos, como es el caso de la labor que cumple nuestra organización, expone fracturas en la narrativa oficial, marcadas por los siguientes elementos:

• La manipulación del balance y la opacidad oficial: Existe una brecha entre la propaganda y la realidad. Puesto que el Estado omite deliberadamente la publicación de cualquier lista oficial detallada de los beneficiarios ni especifica los centros de reclusión de origen de todos los casos, la cifras general que anunció de 131 excarcealdos es superior a los resultados que las organizaciones han podido certificar mediante el contacto directo con las familias. Esto evidencia un uso político de las estadísticas y del hermetismo institucional.
• El cautiverio en las calles (Medidas cautelares): Ninguno de los procesos ha culminado en libertad plena. Todos los ciudadanos excarcelados han sido sometidos a medidas cautelares, lo que significa que el Estado mantiene el control sobre sus vidas, obligándolos a transitar un limbo jurídico que prolonga el desgaste psicológico tanto de las víctimas como de sus núcleos familiares.
• La continuidad de la tortura pasiva: La selección de liberaciones ignoró criterios humanitarios urgentes, dejando en las celdas a personas con patologías críticas. Un ejemplo dramático es el del Teniente Ángel Barrios, recluido en Ramo Verde, quien carece de una prótesis craneal tras la extracción de un tumor. Ha sido víctima de golpes en esa zona vulnerable y hoy se le niega sistemáticamente el traslado para una resonancia magnética urgente. Mantener a los enfermos graves bajo este esquema de desatención institucional es una amenaza diaria a sus vidas.
• El hallazgo del sufrimiento silencioso: Durante el complejo proceso de cruce de datos y confirmación, las organizaciones se han topado con una realidad que complica aún más la situación: el hallazgo de nuevos casos de personas detenidas que nunca formaron parte de los registros previos. Hasta el momento, en el caso de Justicia, Encuentro y Perdón, de 91 excarcelaciones confirmadas, 11 de estos casos no estaban en su base de datos y se mantienen en investigación de acuerdo a los estándares que maneja la organización.

La Pluralidad del Registro frente a la Opacidad del Estado

En medio de la complejidad que rodea el seguimiento de los presos políticos y las recientes medidas cautelares, es fundamental hacer una lectura comprensiva sobre las diferencias en las cifras reportadas por las distintas organizaciones de derechos humanos dedicadas al tema. Cuando un Estado impone el hermetismo y la opacidad como política institucional, recae sobre la sociedad civil la inmensa tarea de documentar la verdad desde las sombras. Este esfuerzo se realiza a través de diversas metodologías de investigación, redes de apoyo y procesos de verificación directa con los familiares, lo que naturalmente genera variaciones en los cortes numéricos de cada organización.

Estas diferencias no representan una debilidad del movimiento de defensa de derechos humanos, sino el reflejo exacto del caos y la falta de transparencia con la que se administra el sistema de justicia. En un contexto marcado por la persecución, el riesgo constante y las severas limitaciones de recursos, cada ONG, activista y defensor hace lo humanamente posible para registrar y visibilizar esta tragedia con absoluto rigor. Por lo tanto, no existe un registro que sea más legal, válido o «importante» que otro; cada lista y cada nombre documentado son piezas invaluables y complementarias para armar el rompecabezas de una realidad que se intenta ocultar.

De cara a la sociedad venezolana, resulta indispensable comprender que la defensa de la vida y la libertad no admite jerarquías. Fomentar cualquier tipo de competencia sobre quién posee «el número exacto» o «el registro definitivo» es un desgaste totalmente innecesario que nos desvía del objetivo central. Quienes asumen la valiente labor de documentar y acompañar a las víctimas en Venezuela lo hacen desde un compromiso ético inquebrantable. La magnitud de la emergencia exige que abracemos el trabajo de todas las organizaciones como esfuerzos aliados y necesarios, unidos por un mismo fin irrenunciable: la memoria, la justicia y la libertad plena de todos los ciudadanos.

La exigencia inalterable: Libertad plena para todos

Aunque cada reencuentro familiar representa un alivio humano invaluable, el proceso de justicia está lejos de concluir. La realidad documentada por Justicia, Encuentro y Perdón confirma que 448 personas continúan hoy sometidas a prisión política en el país. Esta cifra no es solo una estadística, sino el reflejo de un sistema de encierro que golpea a poblaciones de altísima vulnerabilidad, manteniendo privados de libertad a 41 mujeres, 19 adultos mayores y 34 personas con enfermedades graves que enfrentan un riesgo inminente.

Frente a esta prolongación del daño, el trabajo de acompañamiento y documentación se mantiene activo y constante. La exigencia central de las organizaciones, defensores y familiares no ha cambiado: es imperativo avanzar hacia el otorgamiento de la libertad plena y sin restricciones para todos los detenidos. Solo la libertad absoluta, el cese de la zozobra que imponen las medidas cautelares y el respeto irrestricto al debido proceso garantizarán una verdadera restitución de los derechos fundamentales.

En este sentido, resulta estructuralmente inviable hablar de un genuino proceso de transición política, tal como se promociona desde el Estado, mientras los calabozos sigan albergando a ciudadanos por sus ideas. La verdadera paz y la estabilidad institucional no se construyen sobre la base del encierro ni de las libertades a medias, sino sobre la garantía indiscutible de la justicia y la certeza de que la libertad no es una concesión condicional del poder, sino la base innegociable de cualquier pacto social.