La extradición en España que podría sentar a un militar venezolano ante la justicia internacional

Este avance trascendental, alcanzado tras tres años de arduo e incansable trabajo silencioso y sostenido, representa un hito histórico en los casos de jurisdicción universal tramitados en Argentina. El inicio de este procedimiento de extradición contra uno de los presuntos perpetradores se enmarca dentro de una estrategia de máxima presión de las víctimas y las organizaciones aliadas, orientada de forma irrenunciable a garantizar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas que dentro de las fronteras venezolanas ha sido sistemáticamente denegada.

El camino hacia la justicia para las víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela ha estado marcado, casi de forma invariable, por un muro de impunidad institucional. Por eso, la reciente solicitud de extradición desde Argentina hacia España del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles, no es un trámite burocrático más; representa un quiebre estructural en la narrativa del olvido y un hito sin precedentes para quienes han consagrado sus vidas a la exigencia de rendición de cuentas.
Este avance trascendental, alcanzado tras tres años de arduo e incansable trabajo silencioso y sostenido, representa un hito histórico en los casos de jurisdicción universal tramitados en Argentina. El inicio de este procedimiento de extradición contra uno de los presuntos perpetradores se enmarca dentro de una estrategia de máxima presión de las víctimas y las organizaciones aliadas, orientada de forma irrenunciable a garantizar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas que dentro de las fronteras venezolanas ha sido sistemáticamente denegada.

El Principio de Jurisdicción Universal: Rompiendo los Muros de la Impunidad Interna

Cuando los tribunales nacionales se transforman en apéndices del poder político y actúan como escudos de los victimarios en lugar de protectores de los ciudadanos, la Jurisdicción Universal emerge como uno de los recursos de la dignidad humana. Este principio establece que ciertos crímenes —por su gravedad extrema— ofenden a la humanidad en su conjunto y, por lo tanto, pueden y deben ser juzgados por cualquier Estado, independientemente del lugar donde se cometieron o de la nacionalidad de los implicados.

Para un país desprovisto de Estado de Derecho y separación de poderes, la activación de este principio adquiere un significado de supervivencia elemental. En un contexto donde los ciudadanos, sin distinción alguna, continúan siendo perseguidos, reprimidos, encarcelados y torturados injustamente, la justicia transnacional es una ventana de oxígeno disponible.

La vigencia de esta desprotección absoluta se evidencia de forma dramática en los (revisar la cifra con U) presos políticos que hoy siguen tras las rejas a la espera de una libertad plena. Asimismo, se refleja en la realidad de cientos de excarcelados que permanecen sometidos a severas medidas de judicialización y acoso penal, habitando bajo el temor constante de que sus órdenes de liberación sean revertidas en cualquier momento, un yugo que perpetúa un daño emocional y psicológico inconmensurable en ellos y en todo su núcleo familiar.

En virtud de todo lo expuesto, el avance del caso en un tribunal federal de Argentina demuestra que el derecho internacional no es una abstracción teórica, sino una herramienta viva. Para las víctimas venezolanas, este escenario significa:

La validación de sus denuncias: Frente a la Fiscalía local que archiva, dilata o desestima las causas, un sistema judicial independiente fuera de las fronteras nacionales reconoce que los hechos ocurridos en Venezuela revisten la gravedad de crímenes de lesa humanidad.
El fin de los refugios seguros: Envía un mensaje contundente a la cadena de mando civil, militar y policial, en relación a que el poder político y el paso del tiempo no garantizan la impunidad. Cruzar una frontera ya no significa eludir la acción de la justicia.

El Rostro de la Resistencia: El Caso de Geraldin Moreno y otros: la Dignificación de la Memoria

Los crímenes de lesa humanidad no son estadísticas; tienen nombres, rostros e historias truncadas. La demanda que impulsa este proceso tiene – entre otros – la memoria de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y deportista de 23 años cuya vida fue arrebatada por el uso desproporcionado y criminal de la fuerza por parte de efectivos de la GNB en el estado Carabobo, durante las protestas de febrero de 2014.

Detrás de este avance legal se encuentra el pilar fundamental de todo proceso de justicia: la persistencia de los familiares. Rosa Orozco, madre de Geraldin, se ha consolidado como una de las víctimas impulsoras de este complejo proceso de jurisdicción universal. La resignificación que logró darle a su luto y a su dolor se convirtió en una causa colectiva, que hoy se revela una vez más a través de un litigio estratégico, que ya suma más de una década.

“Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune. Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia”.— Rosa Orozco

Es fundamental precisar que esta causa ha trascendido las fronteras del dolor individual. El caso de Rosa Orozco no representa únicamente la búsqueda de justicia para ella y para su hija Geraldin; se ha transformado en el caso simbólico de toda una nación. Es el emblema de un país entero que ha sido desarmado institucionalmente y que persigue de manera colectiva la verdad, la justicia y la reparación integral desde, al menos, el año 2014.

Al ejecutarse esta extradición por parte del Gobierno español, no solo se procesa a un acusado, sino que se abre una brecha histórica y un camino de esperanza real para los familiares de las más de 330 víctimas ejecutadas en el contexto de las manifestaciones pacíficas antigubernamentales desde 2014 hasta el presente. Este hito tiene el potencial de actuar como un catalizador definitivo para que se activen nuevas querellas, juicios y condenas internacionales que detengan la inercia del olvido.

Para el universo de víctimas in Venezuela, se convierte en una especie de faro que marca un norte a seguir. Demuestra que la verdad puede sostenerse frente al desgaste del tiempo y que la memoria histórica es un derecho inalienable que el Estado no puede confiscar.

Cronología de un Hito Jurídico: El Camino Hacia la Audiencia Nacional

El proceso técnico-legal que posiciona hoy al excoronel Verdú Torrelles a las puertas de un juicio penal internacional ha requerido una articulación rigurosa entre la sociedad civil organizada y la justicia transnacional. Los hitos clave del caso demuestran la velocidad que adquiere la justicia cuando las instituciones cooperan:

Junio de 2023
– Hito Procesal: Denuncia penal de InterJust ante los tribunales federales de Argentina.
– Implicación Jurídica: Se activa formalmente la Jurisdicción Universal contra 14 oficiales de la GNB.

Febrero de 2026
– Hito Procesal: El juez argentino dicta la orden internacional de extradición.
– Implicación Jurídica: Se confirma la localización de Verdú Torrelles en territorio español gracias al trabajo de inteligencia civil.

Marzo de 2026
– Hito Procesal: El Consejo de Ministros de España aprobó la continuación del trámite.
– Implicación Jurídica: El poder ejecutivo español valida que la solicitud cumple con los requisitos políticos y legales básicos.

Actualidad (2026)
– Hito Procesal: El caso pasa al Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia n.º 2 de la Audiencia Nacional española.
– Implicación Jurídica: Comienza la fase judicial definitiva en España para evaluar y conceder la entrega del acusado a Argentina.

El Impacto Psicosocial: De la Indefensión a la Oportunidad Real de Justicia

El impacto de este procedimiento judicial trasciende el ámbito estrictamente legal y penetra de forma profunda en el ecosistema psicosocial de las víctimas en Venezuela. Durante años, el patrón de represión estatal no solo buscó castigar el disenso, sino que sembró deliberadamente un sentimiento de indefensión aprendida en los ciudadanos: la creencia de que denunciar es inútil y que el aparato de poder es inexpugnable.

Como bien señala Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust: “Para las víctimas venezolanas, es la primera oportunidad real de ver cómo se lleva ante la justicia a un presunto autor de los delitos cometidos contra ellas. Pondría fin a años de impunidad y serviría como un importante recordatorio de que no debe haber refugio seguro para los responsables de crímenes internacionales”.

No obstante, la construcción de esta «oportunidad real» no está exenta de un costo humano, físico y emocional desproporcionado. Apelar a la justicia internacional como último recurso de amparo implica un camino de altísimo riesgo, esfuerzo extremo y agotamiento crónico para los familiares de las víctimas. Para quienes impulsan estas causas, el proceso exige trasladarse largas distancias hasta los tribunales extranjeros que han requerido su presencia física, enfrentándose al desgaste demoledor de dar testimonio. Esto significa volver voluntariamente al epicentro del dolor, reviviendo y relatando detalladamente sus pérdidas y traumas una y otra vez frente a un estrado. Asimismo, requiere una entereza absoluta para estar dispuestos a todo tipo de interpelaciones técnicas, interrogatorios defensivos y a la exhaustiva e inacabable consignación de pruebas, peritajes y documentos. Este sacrificio invisible pone de manifiesto que detrás de cada avance jurídico hay un cuerpo y una mente que resisten al límite de sus fuerzas.

A pesar de este enorme costo, esta vía transnacional opera en tres niveles fundamentales para la reparación integral de las víctimas:

Sanción moral y jurídica efectiva: Ver a un alto oficial comparecer en un banquillo de acusados —bajo todas las garantías del debido proceso que él y su institución negaron en Venezuela— deshace la percepción de omnipotencia del victimario.

Efecto inhibidor y preventivo: El avance del proceso en la Audiencia Nacional de España lanza una advertencia disuasoria a los funcionarios activos en el presente. Les recuerda que las órdenes que violen derechos humanos fundamentales no serán protegidas de por vida por las fronteras nacionales ni por las jerarquías del momento.

Alivio del trauma colectivo: La impunidad prolongada cronifica el trauma de las familias. Saber que el asesinato de un hijo o un hermano es perseguido de forma rigurosa por la comunidad internacional proporciona un cierre y un reconocimiento institucional que el propio país de origen les ha negado de forma sistemática.

El Rol Decisivo de España: Una Demanda de Cooperación Internacional

El destino inmediato de esta causa se encuentra ahora en manos de las autoridades judiciales españolas. Ante la magnitud de los delitos investigados, resulta indispensable que las autoridades judiciales competentes en territorio español actúen con la máxima diligencia, compromiso institucional y responsabilidad histórica, asegurando con medidas efectivas que el requerido no eluda bajo ninguna circunstancia la acción de la justicia.

El llamado de las organizaciones defensoras de derechos humanos es unánime: Ha llegado el momento para que España actúe con la firmeza y celeridad que exigen los tratados internacionales suscritos en materia de persecución de crímenes internacionales.

Para fundamentar esta exigencia, es vital mirar el robusto e histórico historial que posee España en materia de aplicación de la Jurisdicción Universal. El sistema judicial español ha sido un referente y un pionero global al abrir caminos de justicia históricos para crímenes cometidos en latitudes donde imperaba el silencio forzado, sentando precedentes icónicos en la persecución de violaciones graves a los derechos humanos. El llamado del resto de la comunidad internacional y de las víctimas venezolanas para que España proceda con determinación en este caso se fundamenta, precisamente, en esos notables logros alcanzados en su pasado judicial. Se solicita a la Audiencia Nacional que actúe en plena coherencia con su propia tradición de vanguardia en la defensa de los derechos humanos globales.

En este sentido, la efectiva cooperación de la justicia española resulta una pieza fundamental e insustituible para garantizar que este procedimiento de extradición llegue a buen término. Solo a través de su entrega formal, el presunto perpetrador podrá ser puesto a disposición efectiva de las autoridades argentinas, comparecer ante los tribunales competentes y responder de manera transparente por los graves hechos de sangre que se le imputan. Conceder la extradición de Ephraín Enrique Verdú Torrelles no representa una toma de postura política partidista; es el estricto cumplimiento de la legalidad internacional y del principio aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar).

Garantizar que el acusado enfrente un juicio justo en Argentina, respetando escrupulosamente sus derechos procesales, es la única vía para devolverle la dignidad a un sistema global que se comprometió, tras los horrores del siglo XX, a que los crímenes de lesa humanidad jamás quedarían desatendidos.

Para las víctimas venezolanas que hoy observan este proceso desde la distancia, desde el exilio o desde el silencio forzado de las afueras de los penales, la decisión de la Audiencia Nacional española representa la oportunidad histórica de transformar la proclama del «Nunca Más» en una realidad jurídica incontestable: un mecanismo vivo de protección universal y un pilar fundamental para la disuasión y la no repetición de crímenes de lesa humanidad en el mundo. Recordando las palabras del emblemático jurista y defensor de derechos humanos Robert Badinter:

«La justicia no borra el pasado, pero es el único puente seguro sobre el cual el porvenir puede caminar sin tropezar con el horror».