Las víctimas de violaciones a los DDHH serán las más afectadas con la aprobación de la Ley Antisociedad
Caracas, 26 de agosto 2024.- En medio de una nueva escalada represiva tras las elecciones presidenciales en Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó el pasado 15 de agosto la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y entidades afines, conocida como Ley Antisociedad, después de poco más de un año en discusión parlamentaria, diferimientos y modificaciones.
Para sancionar esta normativa se recurrió a la interrupción del receso parlamentario que tradicionalmente se toma en el mes de agosto. El actual presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, informó que fue una petición de Nicolás Maduro con el fin de aprobar un paquete de leyes orientadas a “proteger a la población” de las “expresiones de odio en redes sociales”, el terrorismo y la “difusión de ideas fascistas”, y en el caso específico de la Ley Antisociedad por considerar que en el país se observan muchas organizaciones sociales que funcionan como “fachadas” contra los intereses de la patria.
La ley consta de 39 artículos. El artículo 15 establece: “no procederá el registro de la organización si su objeto o fines es promover el fascismo, intolerancia y odio por motivos raciales, religiosos, políticos, sociales, ideológicos, de género o de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación; así como también las que resulten contrarias a lo establecido en la Constitución de Venezuela”, lo cual deja a criterio del registrador qué considera fascismo, intolerancia y odio, más aún en tiempos en que ha recrudecido la persecución contra miembros de la sociedad civil. Los casos del director de FundaRedes, Javier Tarazona; de la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel; de los activistas sociales Edward Ocariz y Carlos Julio Rojas, todos presos políticos y de conciencia, por citar algunos, deja en evidencia la intolerancia del poder en Venezuela ante las voces críticas al punto de criminalizarlas.
Como se ha alertado desde que surgió la propuesta en mayo de 2023 de manos del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, la Ley Antisociedad más que un instrumento legal para la regulación es un mecanismo de intimidación, una amenaza al derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública que alcanza a las organizaciones, fundaciones, asociaciones, corporaciones, sociedades civiles y afines de cualquier naturaleza ya registradas y muchas otras que trabajan de manera informal debido a la paralización del registro en los últimos años, pero que aun así brindan asistencia a poblaciones vulnerables. La normativa se extiende a organizaciones extranjeras que operan en el país, las cuales verían seriamente afectada su labor humanitaria.
También obliga a las organizaciones a notificar «el financiamiento o donaciones que serán recibidas a los fines de asegurar la licitud de los fondos» (Art. 22). Las organizaciones deberán aclarar en sus estatutos «la manera en la que contribuyen al desarrollo económico y social» y «si su financiamiento está previsto que sea a través de factores extranjeros» (Art. 26), para lo cual deben «registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento ante la autoridad competente», pues de lo contrario será considerado un ilícito (Art. 35). El incumplimiento de esta ley podría implicar multas que pueden llegar a los 10.000 dólares –montos imposibles de pagar para cualquier organización no gubernamental sin fines de lucro– e incluso prevé disoluciones.
En sus disposiciones transitorias establece que dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley las organizaciones ya constituidas y con personalidad jurídica deberán presentar información actualizada ante el Registro Público correspondiente a su domicilio; y que las organizaciones deberán ajustar sus estatutos a esta ley dentro de los 180 días siguientes a su vigencia o serán anuladas.
Es importante destacar apenas dos días antes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades venezolanas a no adoptar esta u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país, lo cual deja una vez más en evidencia la nula atención que el Estado venezolano presta a las recomendaciones de instancias internacionales.
Solo Cuba, Guatemala, Bolivia y Nicaragua tienen legislaciones similares que restringen el espacio cívico, casi al punto de su cierre definitivo. En este último, recientemente el gobierno ordenó el cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales en un solo día, lo cual eleva a 5.200 la cifra de organizaciones de la sociedad civil disueltas desde 2018.
Ante esta nueva amenaza contra las organizaciones de la sociedad civil, Martha Tineo, coordinadora general de Justicia Encuentro y Perdón, considera que se está limitando más la labor de las organizaciones, “especialmente las de derechos humanos que atienden directamente a víctimas, como es nuestro caso, que trabajamos con casos de detenciones arbitrarias y asesinatos en contexto de manifestaciones pacíficas. Esta normativa no solo debilita el trabajo de las organizaciones, sino que conlleva a la revictimización de quienes han sufrido violaciones de derechos humanos. De manera que las organizaciones tenemos cada vez más obstáculos y limitaciones para ejercer nuestra labor, pero a su vez las víctimas quedan más desprotegidas, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad”.
26-08-2024
