Agosto cierra con 80 dirigentes de partidos políticos perseguidos y encarcelados
Caracas 31 de agosto de 2024.- Los métodos de persecución y represión aplicados por las fuerzas de seguridad del Estado en el contexto de los comicios presidenciales del 28 de julio arrojan 80 miembros de partidos políticos de oposición encarcelados hasta finales del mes de agosto, de acuerdo con el registro y seguimiento de JEPVzla. Estas personas han sido detenidas arbitrariamente en franca violación a sus derechos, procesados fuera de toda norma constitucional, condenados por delitos impuestos sin ningún tipo de prueba, aislados hasta de sus propios defensores de confianza y sometidos a desapariciones forzadas temporales.
Alcaldes, exalcaldes, diputados, concejales, coordinadores, secretarios, jefes de campaña, jefes de comando, asesores jurídicos, abogados defensores, activistas de derechos humanos, dirigentes juveniles, directivos y militantes de al menos 13 agrupaciones políticas integran este nuevo grupo de presos de consciencia, cuyos núcleos familiares y miembros de su entorno más cercano también han resultado afectados por el hostigamiento, las amenazas e intimidaciones y hasta por quedar involucrados en las circunstancias violentas de los arrestos durante días o algunas horas.
En varios casos las denuncias de familiares y defensores, invocando el pronunciamiento de los máximos organismos en materia de derechos humanos y derecho penal internacional, hacen énfasis en las delicadas condiciones de salud que padecen, tales como enfermedades crónicas y afecciones cardíacas. Los llamados de alarma y urgencia también han estado referidos a las víctimas sobre las cuales hasta el presente no se logrado obtener una fe de vida.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para Freddy Francisco Superlano Salinas, coordinador nacional del partido Voluntad Popular; Carmen Leonor García Azuaje, secretaria del partido de Alianza Bravo Pueblo, y María Andreína Oropeza Camacho, coordinadora estatal del comando de campaña del candidato a la presidencia Edmundo González Urrutia. Asimismo, en los casos del ex alcalde y dirigente político del partido Causa R, Américo De Grazia Veltri, y el ex gobernador del estado Mérida y diputado del partido Acción Democrática, Williams Daniel Dávila Barrios, la CIDH modificó y amplió las medidas de protección.
Como organización dedicada a la documentación, denuncia, visibilización y acompañamiento de las víctimas de violaciones al libre ejercicio de los derechos civiles y políticos, mantenemos nuestro llamado de alerta a todas los instancias internacionales para que ofrezcan mecanismos de resolución y mediación ante el Estado venezolano que contribuyan a frenar la intensificación e institucionalización de los patrones sistemáticos de persecución política y silenciamiento de cualquier tipo de voz disidente.
Demandar verdad, justicia, garantías constitucionales, respeto y defensa a la vida de los ciudadanos de nuestro país nada tiene que ver con ideologías o preferencias partidistas. La violencia y el castigo aplicado desde un aparato represor sin ningún tipo de contemplación nos aleja cada vez más de la posibilidad de superar el escenario de alta conflictividad que enfrentamos en los actuales momentos, y de cualquier aspiración de reconstrucción del tejido social, de la reparación pendiente a miles de víctimas y sus familias, así como del reencuentro en condiciones democráticas de todos los venezolanos.
31-08-2024
