Comunidad internacional se organiza para demandar cuentas al Estado venezolano por los presos políticos y los desaparecidos
Caracas, 28 de enero de 2025.- Al menos siete organizaciones internacionales de alto nivel decidieron manifestarse y tomar partido ante la escalada de la ola represiva que se registró en Venezuela contra la población civil a partir de los primeros días de enero. Las excarcelaciones que se dictaron desde el pasado mes de noviembre, cuando el Ministerio Público decidió revisar una selección de los casos de detenidos en el contexto poselectoral del 28J, representaron un respiro muy breve para la sociedad venezolana, que durante los días previos y posteriores a la tercera toma de posesión consecutiva de Nicolás Maduro se vio sometida a una violenta arremetida de hostigamiento y persecución.
A las más de 80 nuevas detenciones arbitrarias que se registraron en menos de dos semanas en 16 estados del país, se sumó la alarma por el aumento en las denuncias de personas desaparecidas en el momento que efectivos de alguno de los cuerpos de seguridad del Estado se las llevaron por la fuerza o porque fueron reportadas por algún familiar ante la angustia de varios días o semanas transcurridas sin conocer su paradero.
Tanto Human Rights Watch como el Grupo Idea (más de 30 expresidentes de Hispanoamérica) reclamaron la urgencia de intervenir en el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. HRW solicitó tras presentar su informe anual el 16 de enero de 2025 que los gobiernos a nivel global respalden los esfuerzos “para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, incluso a través del apoyo a la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la imposición de sanciones individuales a los responsables de graves abusos. Además, deberían ampliar el acceso al refugio y a otras formas de protección internacional para los venezolanos que huyen de su país”.
Por su parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) no sólo ha exigido el cese de la represión en el país, sino que ha señalado que la cifra de detenidos desde 2024 es alarmante: “más de 1.794 presos por motivos políticos (incluidos 3 menores de edad) y al menos 31 desaparecidos”. Al desconcierto por la situación se sumó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien se declaró “preocupado y alarmado por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden”.
La CIDH hizo lo propio en conjunto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) y llamó a respetar el derecho a la libertad de expresión, mientras que El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (WGEID) dio un plazo de 60 días al gobierno de Nicolás Maduro para que informe sobre el número exacto de personas detenidas y responda sobre las denuncias de desapariciones forzadas ocurridas antes, durante y después del 28 de julio. El exhorto se emitió el 20 de enero, y en el informe presentado por las expertas que integran el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas se resalta la falta de respuesta del Estado venezolano sobre 27 casos emblemáticos que no han sido respondidos, lo cual “sugiere la existencia de un patrón, que puede equivaler a una práctica sistemática” y envía un mensaje intimidatorio a quienes disienten con las políticas del gobierno o ejercen su libertad de expresión.
El más reciente pronunciamiento corrió a cargo del Parlamento Europeo, el cual emitió una resolución el 23 de enero, con 374 votos a favor, 53 votos en contra y 163 abstenciones, con varios puntos sobre Venezuela. Los eurodiputados piden a la Unión, a sus Estados miembros y a todos los actores democráticos regionales e internacionales que se sumen incondicionalmente –“como deber moral”– a las fuerzas democráticas de Venezuela y que hagan todo lo posible para restablecer la democracia. Asimismo pidieron específicamente “que se ponga fin al patrón sistemático de violaciones de los derechos humanos” y exigieron “la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y las personas detenidas arbitrariamente”.
