Alfredito Díaz se quejaba del corazón desde hacía meses. Nadie lo llevó a un especialista. Murió preso

Antes de contarles la historia de Alfredo Díaz, quiero responder algo que suele quedar flotando en el aire cuando hablamos de «informes de la ONU». ¿Para qué sirve realmente todo este trabajo? ¿Qué pasa con un informe así una vez publicado?

La Misión de Determinación de los Hechos no es un capricho ni nació para hacer un diagnóstico general y quedarse ahí. Fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 42/25 del año 2019, con un mandato concreto, que es documentar los crímenes más graves ocurridos en el país para combatir la impunidad y asegurar la rendición de cuentas de los responsables, así como justicia para las víctimas. Eso tiene consecuencias prácticas, aunque no sean inmediatas. La Misión es un cuerpo de investigación y como él solo hay 7 mecanismos activos en todo el mundo, así de extraordinaria es nuestra situación y así de fuerte ha sido la sociedad civil para organizarse y lograr su renovación en tres ocasiones.

Cada vez que la Misión concluye que hay «motivos razonables para creer» que una persona participó en una violación de derechos humanos, esa conclusión queda documentada con expedientes, testimonios y pruebas guardadas en bases de datos seguras. El material no se pierde aunque hoy no haya un tribunal venezolano dispuesto a usarla. En octubre de 2026 será posible renovar el trabajo de este grupo por cuarta vez porque la situación lo amerita.

Esa documentación ya ha tenido efectos fuera de Venezuela. El informe menciona, por ejemplo, que un tribunal federal argentino emitió en junio de 2026 una solicitud de extradición contra un exmilitar venezolano vinculado a la represión de 2014, residente en España, apoyándose en el principio de jurisdicción universal, que es la posibilidad de que un país juzgue crímenes graves cometidos en otro, cuando en el país de origen no hay justicia. Ese militar fue mencionado en el informe especial de 2025 dedicado a la Guardia Nacional Bolivariana. Por otro lado, aunque Venezuela denunció formalmente el Estatuto de Roma en julio de este año para no cooperar con el tribunal de La Haya, el informe de la Misión aclara algo importante: esa salida no borra ni frena las investigaciones que la Corte Penal Internacional ya tenía abiertas por hechos ocurridos en Venezuela mientras el Estatuto seguía vigente para el país. En otras palabras, estos informes nos han permitido construir, hecho por hecho, el expediente que algún día podrá sostener una acusación penal en Venezuela o afuera. Por eso más víctimas y testigos deberían animarse a compartir su historia con la Misión.

Con esa función en mente, vale el esfuerzo leer el caso de Alfredo Díaz Figueroa.

Alfredito Díaz fue gobernador de Nueva Esparta y dirigente de Acción Democrática. Lo detuvo el SEBIN el 24 de noviembre de 2024 en Ospino, estado Portuguesa, sin que su familia supiera su paradero durante cuatro días. Ahí se suman varias violaciones al debido proceso como la incomunicación y la desaparición forzada. Lo acusaron de «incitación al odio» y «terrorismo», y pasó el resto de su detención sin poder nombrar un abogado de su confianza ni tener acceso a su propio expediente.

Lo que hace especialmente grave este caso, según la Misión, no es solo la detención arbitraria, que ya de por sí es un crimen grave, sino lo que ocurrió con su salud. Antes de ser detenido, Díaz ya tenía antecedentes médicos serios como convulsiones, un cuadro de ansiedad con rasgos paranoides, depresión, y en un informe médico de ese año había una indicación pendiente de tratamiento farmacológico, hacerse una tomografía y hacer valoración neurológica. No pudo cumplir su tratamiento debido a la persecución política. Ya preso, según testigos que compartieron celda con él, tuvo al menos dos episodios graves, uno en octubre de 2025, con dolor intenso, rigidez muscular y desorientación, que el personal médico de El Helicoide diagnosticó como «indigestión» y «problema del estómago». Nunca fue evaluado por un especialista, a pesar de que la propia Misión documenta reclamos repetidos de su familia y compañeros de reclusión. Esta negligencia también constituye un castigo extendido contra los dos grupos

El 6 de diciembre de 2025, alrededor de las cinco de la mañana, Díaz volvió a presentar los mismos síntomas. Sus compañeros vivieron la agonía con él e hicieron las alertas que fueron atendidas tarde. Lo trasladaron al área médica del centro, le hicieron maniobras de reanimación y murió poco después en el hospital. La causa oficial fue un infarto agudo de miocardio.

La Misión no está diciendo que lo mataron a golpes ni que hubo una orden directa de dejarlo morir. Señala algo distinto que en cierto modo es más difícil de esquivar para los responsables dentro del Estado: la ausencia sostenida de atención médica especializada, pese a las señales de alarma repetidas durante más de un año, fue un factor que contribuyó a su muerte, y eso constituye una privación arbitraria de la vida atribuible al Estado, porque quien tiene bajo custodia a una persona asume también la obligación de proteger su salud.

Entonces aquí aparece el dato que conecta este caso con el hallazgo con el que abrimos la serie. Díaz no fue el único al que le ocurrió esto. La Misión documentó también la muerte en custodia de Edison José Torres Fernández, un policía con 24 años de servicio, detenido por criticar al Gobierno, cuyo cuerpo presentaba hematomas que el acta oficial de defunción no menciona. Son historias distintas, ocurridas bajo el mismo sistema de custodia, con el mismo patrón de fondo: personas que entraron vivas y con problemas conocidos, y luego salieron en un ataúd, sin que nadie haya respondido por ello todavía. Nos leemos en el próximo episodio.